Joomla Counter-Strike 1.6

Libros Online

Versiones taquigr√°ficas 2004

Se√Īor presidente: M√°s que debatir el proyecto de presupuesto de la Naci√≥n para el ejercicio 2005, lo que fundamentalmente estamos haciendo en esta sesi√≥n es decidir cu√°l va a ser el rol del Congreso de la Naci√≥n Argentina en los pr√≥ximos a√Īos.

Analicemos la realidad de este tiempo. Por un lado, los aspectos pol√≠ticos: el oficialismo tiene mayor√≠a propia en ambas C√°maras del Congreso de la Naci√≥n; m√°s a√ļn, tiene qu√≥rum propio. Incluso, ha logrado reunir los dos tercios de ambas C√°maras del Congreso para adoptar decisiones que la Constituci√≥n requiere que se adopten con una mayor√≠a agravada. Es el caso de la destituci√≥n de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n y la designaci√≥n de sus reemplazantes. En muy poco tiempo, se ha renovado la mayor√≠a de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n. Adem√°s, se dispone de super√°vit presupuestario que, en rigor de verdad, es un elemento de poder muy importante y del cual han carecido sucesivos gobiernos nacionales. El miembro informante de la mayor√≠a ha se√Īalado con claridad que desde hace 34 a√Īos no ten√≠amos un presupuesto con super√°vit. ¬°Cu√°nto poder le da al gobierno esa circunstancia!

Pues bien, a esos datos de la realidad política, les podemos sumar otros de la realidad institucional: estamos viendo la frecuencia con la que se dictan decretos de necesidad y urgencia; en realidad, han sido más del doble los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron que los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Congreso. El miembro informante de la mayoría ha dicho que ésta es una facultad constitucional y eso es cierto, por cuanto figura en el artículo 99, inciso 3) de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Ese artículo es muy claro: se pueden dictar este tipo de decretos ejercitando facultades legislativas cuando existe una situación de emergencia que debe darse en el terreno de lo fáctico, lo que desde luego no ha acontecido en la inmensa mayoría de los decretos de necesidad y urgencia que se han dictado. Y tampoco se ha reglamentado esa facultad, tal como está establecido en la Constitución Nacional.

A todo ello, también se le puede sumar la aparición de una práctica que, a mi entender, no es buena: la tendencia a aprobar proyectos de ley a libro cerrado, sin introducirles modificaciones y renunciando el Congreso al rol que le corresponde de enriquecer las normas y las iniciativas legislativas, tanto de los diputados y senadores como así también del Poder Ejecutivo nacional.

Existen leyes importantes que han recibido dictamen en cuestión de horas e incluso, en este mismo recinto, se ha llegado a sostener que modificar el texto de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo significa debilitar la autoridad presidencial. Si uno le suma a todo esto la figura de los "superpoderes" que contiene el proyecto de ley de presupuesto nacional, sin duda, arribará a la conclusión de que estamos frente al gobierno que ha acumulado la mayor cantidad de poder de la historia.

Por esa razón, estamos frente a una disyuntiva: o aceptamos el "hiperpresidencialismo" o ayudamos al Poder Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad institucional, que es, en definitiva, el camino de la Constitución de la Nación.

Con respecto al tema de los superpoderes, se ha manifestado que en proyectos de ley correspondientes a proyectos anteriores de presupuesto ya se ha otorgado ese tipo de facultades. Sin embargo, hay que se√Īalar la enorme diferencia que existe con relaci√≥n a la situaci√≥n que imperaba en ese entonces. Muchos de nosotros tratamos en la C√°mara de Diputados esos proyectos. Aquellas facultades para el Jefe de Gabinete eran, en verdad, para recortar partidas presupuestarias y no para conceder algo a alguien; el presupuesto se aprobaba consignando una cifra de varios miles de millones de pesos y ten√≠a el mandato para el jefe de Gabinete de que ahorrara una cantidad de dinero, recortando partidas.

Pero esa situación era muy distinta de la actual, ya que hoy tenemos un presupuesto superavitario. De manera que no podemos considerar en igual sentido esas normas, que fueron propias de un período de emergencia, al igual que la delegación de facultades de 2001, cuando todos éramos conscientes de la gravedad de la situación. En aquellas votaciones, algunos votaban a favor de la delegación de facultades y otros lo hacían en contra, con una enorme diligencia, ya que se hacían las cuentas acerca de cómo iba a ser el resultado de la votación para levantar legisladores, porque todos ejercitábamos una responsabilidad acorde a la altura de las circunstancias. Es decir, estábamos absolutamente convencidos de que había que hacer los máximos esfuerzos para evitar la crisis que finalmente se desencadenó en nuestro país.

Entonces, esas situaciones reales de emergencia que hemos vivido en el pasado inmediato no son comparables con el momento actual. M√°s a√ļn, la delegaci√≥n de facultades que contiene el proyecto de ley de presupuesto es inconstitucional, porque el art√≠culo 76 de la Constituci√≥n Nacional es absolutamente claro: s√≥lo se pueden delegar facultades en materias determinadas de administraci√≥n ‚ÄĒeste no es el caso‚ÄĒ o en situaciones de emergencia; y hoy no existe emergencia en la realidad f√°ctica.

A su vez, el artículo 11 del proyecto establece que el Jefe de Gabinete va a poder delegar las facultades delegadas. Esto significa que estamos ante una delegación de la delegación, algo que no está contemplado en el texto constitucional.

Tambi√©n, se establecen excepciones a la ley de administraci√≥n financiera y a la ley de responsabilidad fiscal, que ‚ÄĒcomo aqu√≠ se ha se√Īalado‚ÄĒ se ha sancionado hace muy pocos meses por parte de este Congreso. ¬ŅC√≥mo vamos a ir, despu√©s, a pedirle a las provincias que adhieran a esta ley, si la propia Naci√≥n se est√° exceptuando de su cumplimiento?

El art√≠culo 5 establece que el Jefe de Gabinete va a decidir cu√°l es el nivel de apertura de las cuentas del Presupuesto. Esto es contrario a la ley de administraci√≥n financiera, que en el art√≠culo 30, establece que esa desagregaci√≥n tiene que hacerse hasta el √ļltimo nivel que prev√©n los clasificadores y categor√≠as de la programaci√≥n presupuestaria.

Nuevamente, en este Presupuesto, se establece una excepci√≥n para constituir el fondo antic√≠clico fiscal, que es una sana disposici√≥n que, en su momento, aprob√≥ este Congreso y que, luego, no se pudo cumplir por la emergencia y la crisis, pero que en este per√≠odo, que es de alza en el ciclo econ√≥mico, un per√≠odo de bonanza en el ciclo de la econom√≠a, deber√≠amos destinar ‚ÄĒcomo una buena se√Īal hacia el futuro, de confianza y previsibilidad para el pa√≠s‚ÄĒ precisamente una parte del super√°vit a la constituci√≥n de ese fondo antic√≠clico fiscal, que luego podr√≠amos utilizar en situaciones que no sean las actuales.

En orden al c√°lculo de recursos y de gastos, de acuerdo con nuestras estimaciones, hay una subestimaci√≥n de recursos del orden de los 3.000.000.000 de pesos y una sobreestimaci√≥n de gastos del orden de los 3.800.000.000, de tal manera que, en realidad, estas facultades discrecionales otorgadas al jefe de Gabinete, este cheque en blanco que se propicia otorgar, le va a posibilitar ‚ÄĒde ser aprobado‚ÄĒ al Poder Ejecutivo nacional un margen de distribuci√≥n de recursos del orden de los 7.000.000.000 de pesos, que se podr√≠an distribuir sin intervenci√≥n del Congreso. A ello hay que agregar unos 700.000.000 por la pr√≥rroga de vencimientos del Impuesto a las Ganancias para el a√Īo pr√≥ximo.

Hay que se√Īalar, tambi√©n, que hay transferencias no autom√°ticas a las provincias, del orden de los 8.000.000.000, y 4.000.000.000 de pesos, para refinanciar deudas provinciales sin que se fijen par√°metros de objetividad y tratamiento equitativo entre los diferentes estados provinciales.

En lo que respecta al Poder Judicial de la Nación, de acuerdo con la ley de autarquía vigente, le corresponde un presupuesto equivalente a sus recursos, que sería el 3,5 por ciento de Rentas Generales, mientras el actual presupuesto sólo autoriza erogaciones por el 1,8 por ciento. Esto va a determinar que existan importantes disponibilidades financieras en el ámbito del Poder Judicial sin crédito presupuestario, cuando se trata de dinero que deberíamos estar utilizando para la mejora del servicio de justicia, para informatizarlo, mejorar la estructura judicial y para sacar a muchos fueros de la situación de colapso en la que se encuentran.

En lo que hace a la educaci√≥n, se destina solamente el 1 por ciento del producto bruto interno en el Presupuesto nacional, del cual el 0,48 por ciento va a las universidades. Si miramos el total de recursos de todas las jurisdicciones, la nacional y las provinciales, afectados al servicio de educaci√≥n, nos vamos a encontrar con una afectaci√≥n de s√≥lo el 3 por ciento del producto bruto interno, cuando la Ley Federal de Educaci√≥n preve√≠a, ya para el ejercicio 2000, el 6 por ciento del producto bruto interno. Dicho sea de paso, con relaci√≥n a este tema, creo que el Congreso de la Naci√≥n le debe a la Rep√ļblica un profundo debate acerca del estado de la educaci√≥n argentina y de la evaluaci√≥n de la implementaci√≥n de la Ley Federal de Educaci√≥n a m√°s de diez a√Īos de su sanci√≥n.

En lo que respecta a las obras p√ļblicas, en la C√°mara de Diputados de la Naci√≥n se logr√≥ la incorporaci√≥n de diversas obras en varias provincias, lo que posibilita un mayor criterio de equidad en su asignaci√≥n.

Y respecto de mi provincia, quiero se√Īalar la importancia de las obras previstas, sobre todo con relaci√≥n a las rutas 51, 81, 86, 40 y 16. Espero que todas estas obras puedan concretarse en la pr√°ctica, y que se haga realidad el cr√©dito del BID para el Norte argentino. En cuanto a este tema realmente tenemos que actuar con mucha diligencia, ya que se aproxima un cambio de autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Además, nos parece adecuado que se haya incluido el artículo que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer regímenes de promoción económica en aquellas provincias que han sido afectadas por los procesos de privatización de empresas. Esperamos que esta autorización del Congreso pueda concretarse en este ejercicio.

En cuanto a la ratificación del decreto 214, de pesificación asimétrica, considero que el presupuesto no es el ámbito para debatir la ratificación de un decreto de esta naturaleza, ya que la ley de administración financiera marca con claridad que en el presupuesto nacional no se ratifican ni se consideran normas ajenas a la materia presupuestaria.

Hace un rato, algunos de nosotros nos acercamos hasta la C√°mara de Diputados, en donde se rend√≠a homenaje a dos grandes cronistas parlamentarios que pasaron por este Congreso: Marcos Diskin y Jos√© Arist√≥bulo Soria. Ellos trabajaron en este Congreso m√°s de cincuenta a√Īos.

Decían que a lo largo de ese medio siglo vieron trabajar a muchos congresos. Vieron congresos muy buenos o excelentes y otros no tan buenos, pero el paso por esta casa les permitía decir que el peor momento que ellos recordaban eran aquellos días en que se cerraron sus puertas, y este edificio dejó de ser la caja de resonancia de lo que acontecía en la sociedad argentina.

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que este Congreso no se cierre. Es nuestra responsabilidad que la Argentina se reencuentre con las instituciones en funcionamiento. Este gobierno tiene el suficiente poder pol√≠tico ‚ÄĒque le fue dado por el voto popular‚ÄĒ, mayor√≠a en ambas c√°maras legislativas, un tiempo de bonanza econ√≥mica y un ciclo econ√≥mico ascendente. Se trata de un gobierno que pudo conformar su propia mayor√≠a en la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n.

Entonces, un gobierno que maneja esta magnitud de poder ‚ÄĒin√©dita en la historia argentina‚ÄĒ no tiene ning√ļn motivo para cerrar este Congreso al debate de los grandes temas que hacen a la Naci√≥n.

¬ŅQu√© sentido tiene que digamos que se renegociar√° la deuda externa, y que luego tendr√° que modificarse el presupuesto? El presupuesto puede modificarse todas las veces que sea necesario y en funci√≥n del inter√©s p√ļblico, pero tiene que hacerse entre todos y mediante un debate de cara a la sociedad.

También tiene que debatirse el perfil productivo de nuestro país en lo que respecta a estos acuerdos que se han firmado con China, que deben venir al Congreso de la Nación.

No quiero que la Argentina vuelva a cometer los errores de la d√©cada del 90, de la desindustrializaci√≥n del pa√≠s y de la p√©rdida de los puestos de trabajo. Por eso entre todos tenemos que ponernos de acuerdo en qu√© perfil productivo queremos para la Argentina y ¬Ņd√≥nde tenemos que hacerlo? Ac√°, en esta casa, donde estamos todos.

Se√Īor presidente, el pa√≠s necesita de un Congreso funcionando. Ayud√©mosle al Poder Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad institucional. Este es el mayor bien que en esta circunstancia podemos hacerle a la Rep√ļblica.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: la ley 25.561, cuya pr√≥rroga propicia el proyecto que

estamos debatiendo en este momento, fue sancionada por este Congreso entre el 5 y 6 de enero de 2002.

Muchos de nosotros fuimos testigos y protagonistas directos de esos d√≠as realmente dif√≠ciles, de tanta incertidumbre respecto del futuro del pa√≠s. En la C√°mara de Diputados, fue miembro informante el diputado Matzkin, quien traz√≥ un panorama de lo que estaba sucediendo cuando dijo, entre otras cosas, que la crisis social y econ√≥mica del pa√≠s avanzaba a la velocidad del sonido. Hizo referencia a la desocupaci√≥n y a la ca√≠da del producto bruto. Dijo que la producci√≥n industrial se hab√≠a venido abajo. Las importaciones hab√≠an disminuido un 40 por ciento; el consumo de energ√≠a el√©ctrica, un 6 por ciento; la venta de los supermercados hab√≠a disminuido un 9 por ciento; la construcci√≥n, un 20 por ciento. Tambi√©n dijo que se hab√≠an fugado los dep√≥sitos y que la recaudaci√≥n impositiva del √ļltimo mes, diciembre de 2001, respecto de igual mes del a√Īo anterior, hab√≠a ca√≠do nada menos que un 33 por ciento.

En esta C√°mara, el miembro informante fue el senador Lamberto ‚ÄĒy este episodio queda para la an√©cdota‚ÄĒ, a quien en la C√°mara de Diputados le hab√≠a tocado la responsabilidad de ser miembro informante de la Ley de Convertibilidad. El destino quiso que tambi√©n fuera miembro informante, pero de la ley que le puso fin al R√©gimen de Convertibilidad. Lamberto dec√≠a que las f√°bricas estaban cerradas, que no se pod√≠a competir y no porque nuestros empresarios no fueran eficientes, nuestros trabajadores diestros o nuestros t√©cnicos capaces; el motivo ‚ÄĒdec√≠a‚ÄĒ es que hay una relaci√≥n cambiaria que nos impide la relaci√≥n con el resto del mundo. As√≠ se aprob√≥ la ley 25.561.

En noviembre de 2003, cuando se trata la pr√≥rroga, que se aprueba por ley 25.820, el miembro informante de la C√°mara de Diputados, el diputado Guti√©rrez finaliz√≥ su alocuci√≥n diciendo "ojal√° que √©sta sea la √ļltima pr√≥rroga de la ley de emergencia que tengamos que votar y que, a fines del a√Īo que viene, podamos dejar vencer esta ley de emergencia y los argentinos transitar el camino de la normalidad y el crecimiento para todos."

Cabe ac√° preguntarnos cu√°l es la situaci√≥n actual. En este sentido, como lo ha hecho el se√Īor senador por Mendoza, nada mejor que remitirnos a las palabras expresadas por quien tiene la responsabilidad m√°s alta en la conducci√≥n de la pol√≠tica econ√≥mica del pa√≠s, que es el ministro Roberto Lavagna, que hace muy pocos d√≠as, el 5 de este mes, dio un mensaje en IDEA, en Mar del Plata, donde hizo referencia a la situaci√≥n en la que se encuentra el pa√≠s. Y entre otras cosas, sin simplificar ni ignorar la enorme tarea que hay por delante, dijo que la situaci√≥n de hoy es radicalmente diferente a la de hace tres a√Īos. Hoy podemos hablar seriamente de mediano plazo.

El ministro decía que podemos hablar de asegurar para nosotros y para nuestros hijos un país que esta vez no deje escapar la oportunidad de ser durablemente normal.

Al concluir, dijo que el desaf√≠o de este gobierno es de gesti√≥n. Textualmente dec√≠a: ‚ÄúEste es un momento de paz y de administraci√≥n‚ÄĚ, citando al presidente Roca. Tambi√©n agregaba: ‚ÄúLa nuestra debe ser la gesta de la normalidad‚ÄĚ.

Entonces, si el ministro de Econom√≠a nos dice que la gesta que tenemos por delante los argentinos y el gobierno es la de la normalidad, ¬Ņc√≥mo podemos nosotros hablar de prorrogar una emergencia, de volver a declararnos en emergencia, que es un presupuesto f√°ctico que hoy no existe en la realidad, y que es el que requiere el art√≠culo 76 de la Constituci√≥n Nacional para circunstancias excepcionales, como las que vivimos en aquel principio de 2002, que pudieron haber justificado la delegaci√≥n de facultades que se hizo en el Poder Ejecutivo nacional?

Por lo tanto, me pregunto cómo podemos hablar de emergencia cambiaria.

¬ŅSensatamente podemos hablar de que el pa√≠s est√° en emergencia cambiaria? Tengamos presente que el Banco Central tiene que intervenir para mantener en 3 pesos el tipo de cambio. ¬ŅO es que alguno de nosotros teme una corrida cambiaria en estos d√≠as? Yo no he escuchado a ninguna persona sensata hacer una apreciaci√≥n de estas caracter√≠sticas.

¬ŅC√≥mo podemos hablar de emergencia financiera, si los bancos est√°n desarrollando su actividad en forma totalmente normal? El Estado tiene un super√°vit √ļnico en cincuenta a√Īos, que a fines de 2004 ser√° de alrededor de 20 mil millones de pesos.

¬ŅC√≥mo podemos hablar de emergencia administrativa? ¬ŅPodemos hablar de emergencia econ√≥mica, cuando este a√Īo la econom√≠a va a crecer un 7,4 por ciento; y el 24 de este mes votaremos un proyecto de ley de presupuesto que prev√© un crecimiento de entre el 4 y el 4,5 por ciento para el a√Īo que viene? No hay emergencia econ√≥mica en un pa√≠s que crece al 7,4 por ciento.

Alguien podrá decir que en la Argentina hay una cantidad importante de pobres y que vivimos una situación social difícil. Al respecto, diría que esto tal vez tendríamos que haberlo debatido un poco más cuando se produjo la devaluación. En este sentido, cuando sobrevino la devaluación yo era consciente de que era insostenible la convertibilidad. Pero yo voté en contra de la ley 25.561, con el argumento de que primero había que poner sobre la mesa un plan económico, que no se podía construir una casa sin planos, porque abierta la compuerta sin un programa económico iba a dispararse el tipo de cambio, entonces, no íbamos a tener una devaluación del 20, 30 ó 40 por ciento sino una del 200 por ciento como finalmente sucedió.

Acá hubo una gran transferencia de riqueza en la Argentina. Esta es la realidad. Se benefició el sector exportador, el campo, el Estado. Hoy el Estado cobra retenciones. Y se incrementó la recaudación impositiva, entre otras razones, por el aumento de los precios. Hay impuestos como el IVA que se tributan sobre el consumo, entonces, si suben los precios, sube la recaudación del IVA.

La verdad es que hay conciudadanos nuestros en una situación difícil, pero que no es la del Estado. El Estado actual es rico, solvente y con un superávit de 20 mil millones de pesos. En consecuencia, no se puede hablar de emergencia cambiaria, financiera, administrativa y económica porque no existen esas situaciones.

La semana pr√≥xima haremos una asamblea legislativa para recibir al presidente de China, ¬Ņy qu√© noticia podemos darle? Que el Congreso se reuni√≥ la semana pasada y declar√≥ que el pa√≠s se encuentra en emergencia cambiaria, financiera y econ√≥mica. Pero eso no es sensato.

Por lo tanto, considero que hay que ayudar al gobierno para que la Argentina se reencuentre con el camino de la normalidad institucional. No nos clausuremos nosotros mismos.

Ayudemos al gobierno con un Congreso en funcionamiento. Si el Congreso funciona, no es necesario el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Además, no existen situacionesexcepcionales que autoricen la implementación de este tipo de instrumentos.

El destino ha querido que el oficialismo tenga una mayoría generosa en ambas cámaraslegislativas, lo que hace que pueda gobernar tranquilo. De hecho, no se le ha negado ninguna de las leyes que necesitó. Por lo tanto, no tiene sentido la delegación de facultades en un contexto de esta naturaleza.

Estamos en condiciones de debatir cualquier tema. En consecuencia, dediquémonos a crear consensos entre nosotros.

El se√Īor senador por Santa Fe puso el ejemplo de nuestros propios vecinos. ¬ŅPor qu√© no podemos tener una dirigencia pol√≠tica l√ļcida, como la que tiene Chile que transita caminos de progreso? ¬ŅPor qu√© no podemos recuperar en la regi√≥n el protagonismo que hemos perdido? Y miremos el caso del Brasil, gobernado por un presidente de origen obrero pero que entiende al mundo y c√≥mo funciona la globalizaci√≥n. Se trata de un presidente que sale tambi√©n a construir puentes para buscar el destino de grandeza que considera que su pa√≠s merece.

Son muchas las cosas que tenemos que recuperar en la Argentina, en estos días en donde tanta difusión ha tenido la visita del presidente chino. Bienvenido sea a nuestro país y ojalá que podamos firmar fructíferos acuerdos. Pero tengamos en claro que el presidente de China nos visitará un día y medio, y en Brasil cinco días. Además, China apoya al Brasil como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociéndole un rol de líder regional. Muchas cosas tenemos que hacer los argentinos para volver a recuperar prestigio en el mundo.

Se ha citado tambi√©n el caso de Uruguay, cuyo candidato a presidente gan√≥ por m√°s del cincuenta por ciento de los votos y sale a la b√ļsqueda de consensos en su sociedad.

Realmente creo que el camino cierto para la Argentina debe ser el del restablecimiento de la confianza, de la credibilidad y de la seguridad jurídica. Sólo ese sendero hará que el mundo nos vuelva a ver como un país confiable y una nación con futuro. Pero para eso necesitamos tener a las instituciones en funcionamiento.

Por lo tanto, considero que el camino de la sensatez y el mejor modo de ayudar al gobierno es con un Congreso en pleno funcionamiento, dando sanci√≥n a las leyes de la Rep√ļblica y en el que se debatan los grandes temas que hacen al futuro de los argentinos.

Por esta razón, ayudando al gobierno con la mejor de las buenas voluntades, nosotros vamos a votar por la negativa porque creemos que de esta forma hacemos nuestra contribución al futuro de la Argentina.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: vamos a votar en forma favorable el proyecto de ley sobre unificaci√≥n de los comicios nacionales para las elecciones del a√Īo pr√≥ximo en la convicci√≥n de que ha sido totalmente negativa la experiencia del a√Īo pasado en la que, a lo largo de sucesivas semanas, hubo diferentes elecciones que desviaron la atenci√≥n de las cuestiones de fondo que requer√≠an y requieren ser solucionadas.

Sería deseable que cuando se envíen proyectos de ley modificatorios del Código Electoral

Nacional, desde el Ministerio del Interior se genere un diálogo con las fuerzas políticas con

representación parlamentaria a fin de construir consensos, no sólo respecto de la decisión de fondo sino también en orden a la redacción del texto de los proyectos. Esta ha sido una práctica de estilo de los sucesivos gobiernos que, sinceramente, creemos no debe ser abandonada.

Hubiera sido preferible, por ejemplo, que en lugar del cuarto domingo de octubre, la fecha hubiese sido el segundo domingo. Hago esta propuesta porque si se pusiera el segundo domingo, las elecciones del 2007, incluidas las presidenciales, podrían hacerse en una fecha unificada. En cambio, con este esquema, habrá un determinado domingo para las elecciones del 2005; y para las del 2007, de mantenerse el texto propuesto, se tendrá que volver a alterar el calendario porque hay que preveer la eventual realización de una segunda vuelta electoral. Entonces, el cuarto domingo no da tiempo material cuando hay una elección presidencial.

También nos hubiera gustado dejar establecido que cuando las provincias hicieran coincidir las elecciones provinciales y municipales con la nacional, las boletas deberán ser separadas. Ello evitaría el efecto arrastre horizontal de la sábana electoral y permitiría al elector tomar su determinación con una soltura mucho mayor.

En ese sentido, una experiencia que nosotros consideramos muy positiva fue precisamente en 1983, cuando existían tres boletas diferenciadas, para el orden nacional, provincial y municipal, respectivamente.

Por otra parte, compartimos las expresiones aqu√≠ vertidas respecto del sistema electoral que surge de la ley de lemas. Afortunadamente, cada d√≠a es menor el n√ļmero de provincias que cuenta con dicho sistema, que verdaderamente es negativo ya que provoca que muchas veces un ciudadano que vota de determinada manera termina con dicho voto beneficiando a otro candidato, al que jam√°s hubiera pensado en votar.

Entonces, esta cuestión tiene que ver con la necesaria transparencia que debe tener una

reforma política en serio.

Se√Īor presidente: en primer lugar, quiero expresar que me parece totalmente adecuada la decisi√≥n que ha tomado el Poder Ejecutivo nacional de realizar la obra del gasoducto del Noreste a trav√©s del mecanismo de la licitaci√≥n p√ļblica.

En ocasi√≥n de la visita del se√Īor jefe de Gabinete de Ministros a este Senado el pasado 30 de junio le expusimos nuestra preocupaci√≥n al respecto. En esos d√≠as se sosten√≠a que era posible ejecutar este gasoducto recurriendo a la figura de la concesi√≥n de transporte en el marco de la ley 17.319, de hidrocarburos. Pero esto no es posible, en virtud de la gran cantidad de beneficios que se deben acordar a la empresa que asuma la realizaci√≥n de esta inversi√≥n, los cuales requieren precisamente del dictado de una ley que los estipule.

El 8 de julio de este a√Īo remitimos al se√Īor jefe de Gabinete una nota haciendo hincapi√© en esta situaci√≥n, donde se√Īalamos que para realizar ese gasoducto se prev√© la devoluci√≥n del IVA, un subsidio del Estado para cubrir el costo incremental de la traza, la concesi√≥n de derechos exclusivos de inyecci√≥n de gas en el gasoducto, y un acuerdo con Bolivia para garantizar que ese pa√≠s no establezca retenciones sobre el gas que exporte. Tambi√©n se explicit√≥ ante la opini√≥n p√ļblica que se garantizar√≠a una tasa de retorno del 12 por ciento respecto de la inversi√≥n.

Todas esas medidas requieren de una sanción legislativa. Espero que en este caso particular no se dicte un decreto de necesidad y urgencia sino que, realmente, tengamos oportunidad de debatir este tema en el Congreso. Creo que cotidianamente todos estamos demostrando receptividad para tratar aquellos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo nacional, los cuales tienen trámite preferente en nuestra agenda de trabajo.

Por lo tanto, considero que está claro que la concreción de esta obra debe realizarse en el marco que corresponde, o sea, por medio de la respectiva ley del Congreso de la Nación. Digo esto porque esta licitación está anunciada para el próximo mes de octubre, y sería deseable que el proyecto de ley pertinente ingrese en este Congreso a la mayor brevedad posible, a los efectos de considerarlo y efectuar la sanción como corresponde.

Se√Īor presidente: vamos a votar en general a favor de este proyecto, convencidos de que en la situaci√≥n actual que atraviesa nuestro pa√≠s es necesario fomentar la inversi√≥n. Y este proyecto la fomenta, a trav√©s de medidas de promoci√≥n impositivas para la incorporaci√≥n de bienes de capital al proceso industrial y con la realizaci√≥n de obras de infraestructura.

Cuando se termina de utilizar la capacidad instalada de un país, para crecer se necesita expandirla. Esto requiere, obviamente, de inversiones. Por ese motivo, insistimos en la necesidad de generar un marco de confianza, previsibilidad y seguridad jurídica para posibilitar un crecimiento sustentable de la economía.

Nosotros hemos elaborado un dictamen en minor√≠a. Por eso vamos a pedir al se√Īor miembro informante de la comisi√≥n que acepte algunas modificaciones en particular, que b√°sicamente est√°n centradas en dos art√≠culos.

En primer lugar, proponemos la incorporaci√≥n en el art√≠culo 7 de un √ļltimo inciso, el c), que establezca que cuando se trata de bienes que se producen en el pa√≠s, ser√° aplicable esta mec√°nica de est√≠mulo, solo para la producci√≥n nacional.

Respecto del artículo 11 del proyecto, proponemos cuantificar el cupo que va a corresponder para la realización de obras de infraestructura. La sanción de la Cámara de Diputados establece que ese cupo será determinado por la autoridad de aplicación para cada proyecto en particular. Pero obviamente, esta es una delegación de una amplitud total. Así como está previsto el cupo para la adquisición de bienes de capital para el proceso industrial, este Congreso también tiene la responsabilidad de fijarlo para obras de infraestructura.

No hay por qué dejar para la reglamentación algo que corresponde a la tarea del Congreso y a la de este Senado, como Cámara federal. Me refiero a la fijación de criterios de regionalización en la asignación de estos beneficios. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos en la modificación al artículo 11 es que se adopten los porcentajes de la coparticipación secundaria, que prevé la ley 23.548 y sus modificatorias.

Tambi√©n solicitamos que con un cupo especial de 30 millones de pesos se considere la situaci√≥n de aquellos departamentos provinciales que est√°n incluidos en el art√≠culo 79 de la ley 25.827, de presupuesto. Este art√≠culo 79 es el que facult√≥ al Poder Ejecutivo nacional a dictar medidas tributarias especiales con relaci√≥n a aquellos departamentos provinciales que se encuentren en crisis econ√≥mica o social derivada de los procesos de privatizaci√≥n o de cierre de empresas p√ļblicas. Creemos que esta es una buena oportunidad para contemplar la situaci√≥n de esas regiones del pa√≠s, que desde hace varios a√Īos vienen atravesando una situaci√≥n extremadamente cr√≠tica.

En lo que hace a la aplicación de mecanismos de transparencia, contemplamos la herramienta del concurso, tanto para la adquisición de bienes de capital como para la realización de obras de infraestructura.

En este sentido, nos parece que el concurso nos protege de la discrecionalidad con que a veces se han manejado estos reg√≠menes de promoci√≥n, que en alg√ļn momento llevaron al descr√©dito de este tipo de herramientas. De ah√≠ la conveniencia de dotar a este mecanismo de la mayor objetividad y transparencia posibles.

Finalmente, como corresponde, proponemos que lo que hemos dicho todos lo dejemos escrito en la ley. Es decir que sólo podrán ser beneficiadas con el régimen establecido en la presente ley las inversiones en obras de infraestructura que se realicen en el marco de concesiones que otorgue el Estado o en virtud de contratos con este, siempre y cuando dichos contratos se hayan adjudicado mediante licitación. Digo esto porque está claro que se va a recurrir a un mecanismo transparente para el caso del gasoducto del Noreste, pero en el futuro puede haber otro tipo de situaciones u obras de características similares. Entonces, dejemos previsto el requisito de transparencia y objetividad para cualquier otro caso que pudiera presentarse.

Estas son las modificaciones que proponemos desde el Interbloque Federal, que en resumidas cuentas tienden a asegurar estos beneficios para la producci√≥n de bienes de nuestro pa√≠s; a defender las atribuciones del Congreso fijando el cupo para las obras de infraestructura; a establecer un criterio regional objetivo, contemplando el caso de aquellas regiones del pa√≠s que est√°n en una situaci√≥n dif√≠cil como consecuencia de procesos de privatizaci√≥n; a disponer para todos los casos el mecanismo del concurso; y a utilizar la herramienta de la licitaci√≥n p√ļblica para las concesiones que otorgue el Estado. Nosotros pedimos que se consideren estas modificaciones.

Con respecto al tema del gasoducto del Noreste nuestro deseo es poder contar lo antes posible con el proyecto de ley que debe enviar el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación y que no nos encontremos con la sorpresa de que no podamos tratarlo en virtud del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, lo que sería realmente lamentable. Digo esto porque se ha hecho abuso de los decretos de necesidad y urgencia, más allá de que la Constitución establece la facultad del Poder Ejecutivo para su dictado, salvo en los temas de carácter tributario, que es el tenor que poseen los proyectos en tratamiento en la presente sesión.

No vaya a pasar que se apruebe el proyecto en consideración y que, en los próximos días, se dicte un decreto de necesidad y urgencia para el resto de las cuestiones en danza.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: Argentina necesita definir una pol√≠tica energ√©tica "post- crisis".

Una sociedad con participación estatal es sólo una herramienta, un instrumento en el marco de una política, es la parte de un todo mayor. Por lo tanto, mal se puede legislar acerca de la herramienta si no se precisa cuál será la política.

Para introducirnos en el tema, veamos primero el diagn√≥stico. ¬ŅCu√°l es la situaci√≥n por la que atraviesa el sector energ√©tico? Al respecto, son ilustrativas diversas normas que el propio Gobierno nacional ha ido dictando a lo largo de los √ļltimos meses.

La resoluci√≥n 712, del 12 de julio de este a√Īo, emitida por la Secretar√≠a de Energ√≠a de la Naci√≥n, es muy gr√°fica en cuanto al diagn√≥stico. Esta Secretar√≠a es el √°mbito t√©cnico del gobierno nacional en la materia.

En sus considerandos se reconoce que existe "el riesgo potencial de incapacidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica creciente si la infraestructura en la que se funda la oferta de energía eléctrica se mantiene estancada ".

Dicha resoluci√≥n habla luego acerca de "la necesidad de incrementar la infraestructura disponible a los efectos de asegurar el abastecimiento de gas natural a centrales de generaci√≥n el√©ctrica, a m√°s tardar en el invierno del a√Īo 2006, y equipamiento para generaci√≥n y/o transporte de energ√≠a el√©ctrica a partir del a√Īo 2007".

En lenguaje simple, la situaci√≥n es la siguiente: Por el momento, nos arreglamos importando fuel oil de Venezuela, electricidad del Brasil y gas de Bolivia, pero falta capacidad de transporte de gas ineludiblemente para el a√Īo 2006 y capacidad de generaci√≥n el√©ctrica y de distribuci√≥n para el a√Īo 2007.

Esta resolución 712 en su parte introductoria establece, además, que "atento la situación imperante en el mercado eléctrico mayorista no es previsible la concurrencia en el corto plazo de capitales de riesgo que realicen las inversiones necesarias".

Se crea luego el "Fondo para inversiones que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista ", el que se constituye con acreencias de las cuales es deudor...

Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ ¬ŅMe permite una interrupci√≥n?

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Senador: le est√° pidiendo una interrupci√≥n la senadora Fern√°ndez de Kirchner. ¬ŅSe la concede?

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, c√≥mo no.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Para una interrupci√≥n, tiene la palabra la senadora Fern√°ndez de Kirchner.

Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: voy a ser breve.

He solicitado una interrupción para pedir a los distintos bloques que los senadores ocupen sus bancas, precisamente para cerrar la lista de oradores y de esa manera tener una aproximación de cuándo se va a votar.

Concretamente, solicito un esfuerzo a los asistentes para que los senadores vengan a ocupar sus bancas a efectos de cerrar la lista de oradores.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ As√≠ se har√°, si no hay oposici√≥n.

Contin√ļa en el uso de la palabra el senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Contin√ļo, se√Īor presidente.

Decía que el fondo se constituye con acreencias de las cuales es deudor el propio mercado eléctrico mayorista.

Otra disposici√≥n es el decreto n√ļmero 180, del 13 de febrero de 2004, por el cual se cre√≥ el "Fondo Fiduciario para atender inversiones en transporte y distribuci√≥n de gas", integrado fundamentalmente por cargos tarifarios a pagar por los usuarios y cr√©ditos que pudieran obtenerse.

Otra norma es el decreto de necesidad y urgencia N¬į 906, del 20 de julio, tambi√©n de este a√Īo por el cual se contempla el rastrillaje de recursos de 19 fondos fiduciarios hacia la financiaci√≥n de obras de infraestructura que, evidentemente, en lo fundamental son las energ√©ticas, a trav√©s de la captaci√≥n de instrumentos financieros emitidos por entidades p√ļblicas o privadas, como dice el decreto de necesidad y urgencia.

A todo ello se suma, además, el proyecto de ley actualmente en consideración por este Senado, por el cual se establecen estímulos impositivos para la construcción de obras de infraestructura; disposición claramente orientada a la concreción del denominado "Gasoducto del Noreste". Además, es preciso decir que en este caso por la compleja ingeniería financiera y legal que la obra requiere se va a necesitar sin duda una ley expresa, que yo espero que no sea un decreto de necesidad y urgencia.

En el diario Clar√≠n de ayer, martes 10 de agosto, podemos ver la noticia que da cuenta de la reuni√≥n del Presidente de la Naci√≥n con el canciller brasile√Īo. Dice la cr√≥nica period√≠stica que ‚Äúante un Amorim bastante sorprendido, el Presidente habr√≠a se√Īalado que a su modo de ver Petrobras es ‚Äėirresponsable en la liquidaci√≥n de stocks sin hacer inversiones en prospecci√≥n' y que hab√≠a tenido ‚Äėnulo liderazgo en la tarea de ampliar la red de transporte de gas del sur'.‚ÄĚ Concretamente, el problema es que Petrobras es remisa a invertir en el Gasoducto del Sur y se necesita imperiosamente ampliarlo para el a√Īo pr√≥ximo, de igual manera que hay que ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto del Norte.

Todo lo expuesto pone en evidencia que el problema del sector es la falta de inversión y que los capitales de riesgo se muestran remisos a invertir, tal vez porque no ven reglas de juego claras; es decir, una política definida.

En definitiva, el diagnóstico es preciso y está hecho por el propio gobierno a través de los instrumentos que ha dictado reconociendo la situación. Lo que no existe es una política energética "post-crisis" que posibilite las inversiones de riesgo que son absolutamente necesarias para el país.

¬ŅLa falta de inversi√≥n se soluciona con el simple expediente de crear una sociedad del Estado? Evidentemente no, porque el sector p√ļblico carece de los recursos suficientes para atender los requerimientos de un sector que se caracteriza, precisamente, por ser demandante intensivo de capital.

En consecuencia, nuestra posición es la de debatir y definir la política energética "post-crisis" y luego, dentro de ese marco, las herramientas a utilizar para asegurar el abastecimiento energético de nuestro país.

El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi ha definido el proyecto de ley en análisis como un instrumento "confuso", y ha expresado que el mismo aparece "aislado", "poco fundado" y que "falta un Plan Energético Nacional a Mediano y Largo plazo".

Coincidimos con esa visi√≥n y no descartamos absolutamente ninguna herramienta pero, primero, queremos definir ese plan energ√©tico por una raz√≥n muy simple: ‚Äúno se puede poner el carro delante del caballo‚ÄĚ.

No se ha definido una pol√≠tica dentro de la cual vaya a utilizarse la herramienta que se propone. Por otra parte, se debe se√Īalar que la herramienta en s√≠ misma presenta graves fallas de dise√Īo. Si se constituye una sociedad, hay que respetar las normas en cuanto al tipo social de que se trata, designar el objeto ‚ÄĒque debe ser preciso y determinado‚ÄĒ , cumplir las leyes que regulan la actividad y fijar el monto del capital.

¬ŅSe cumplen estas reglas en el proyecto de ley de creaci√≥n de ENARSA? Examinemos la cuesti√≥n. En lo que hace al tipo societario, se trata de una sociedad an√≥nima con participaci√≥n estatal mayoritaria, conforme la definici√≥n del art√≠culo 308, contenido en el Cap√≠tulo II, Secci√≥n Sexta, de la ley 19.550, de sociedades comerciales. El proyecto declara aplicables las reglas de la Secci√≥n Quinta...

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Se√Īor senador: tenemos qu√≥rum suficiente, por lo cual, si hay asentimiento, procederemos a cerrar la lista de oradores.

‚ÄĒ Asentimiento .

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Se encuentran anotados los se√Īores senadores Paz, Negre de Alonso, Jaque, Terragno, Escudero, Giustiniani, Massoni, Salvatori, Sanz, Losada y Pichetto.

Sra. Avel√≠n. ‚ÄĒ Solicito me incluya en la lista, se√Īor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ La anoto antes de los se√Īores presidentes de los bloques y, obviamente, los se√Īores miembros informantes tendr√°n la posibilidad de hacer uso de la palabra para cerrar.

Sra. Avel√≠n. ‚ÄĒ No hay inconveniente, se√Īor presidente; simplemente le solicito que me anote.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores.

‚ÄĒ La votaci√≥n resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Queda cerrada la lista de oradores.

La Presidencia estima en dos horas m√°s el momento de la votaci√≥n, dado que, conforme lo acordado en la reuni√≥n de labor parlamentaria, los presidentes de bloque, los autores de proyectos y los miembros informantes de dict√°menes cuentan con veinte minutos, y con diez el resto de los se√Īores senadores. Vamos a tratar de respetar esos tiempos.

Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ De acuerdo.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: dec√≠a que el proyecto declara aplicables las reglas de la Secci√≥n Quinta, que versan sobre las sociedades an√≥nimas simples. Ahora bien, ¬Ņcu√°l es la raz√≥n de la diferencia? Evidentemente, no sujetar a ENARSA al control que establece la ley 24.156 de administraci√≥n financiera, en su art√≠culo 8¬į, inciso d).

En cuanto al objeto de la sociedad, no se respetan las leyes 24.076, sobre marco regulatorio del gas, ni tampoco la ley 24.065, de marco regulatorio de la energía eléctrica.

Como se√Īala el Instituto Mosconi, la sociedad que se proyecta crear se parece m√°s a una "Agencia Gubernamental multiprop√≥sito, que a una moderna empresa comercial".

Por el art√≠culo 2¬į, todas las √°reas propiedad del Estado nacional se transfieren al capital privado en un 35 por ciento y a las provincias en un 12 por ciento. Se altera as√≠ el sistema de la ley 17.319, la cual establece estrictos mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones.

Por otra parte, la ley de hidrocarburos es la que establece, además, la obligación de efectuar dentro de plazos razonables inversiones para la ejecución de trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión. Es mucho más prolijo y responde al principio de la seguridad jurídica respetar la ley 17.319 en lo atinente a los permisos y las concesiones. En tal sentido, requisitos tales como programas de inversión, pago de regalías, autoridad de aplicación, etcétera, se cumplirían así acabadamente, en una sociedad en la que participa el capital privado.

El artículo 8 también confunde al Estado con una sociedad comercial en la que interviene el capital privado. Dicho artículo atribuye a ENARSA la función de crear, administrar, gestionar, operar y gerenciar una base de datos integral de los hidrocarburos, siendo obligación de los concesionarios y permisionarios suministrar la información que obtengan. Esta es otra función que corresponde específicamente al Estado.

Por otra parte, no puede perderse de vista que los datos relacionados con la existencia de hidrocarburos y sus condiciones y posibilidades de extracción constituyen información sensible que las empresas adquieren mediante inversiones muy importantes de fondos propios. En consecuencia, este artículo representa una virtual expropiación de estudios e investigaciones que cuestan dinero.

En lo que respecta al capital social, √©ste no se precisa, limit√°ndose a expresar el art√≠culo 9 lo siguiente: ‚ÄúAutor√≠zase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el Capital Social‚ÄĚ. Creemos que esta delegaci√≥n absolutamente abierta no corresponde. Si se van a reasignar recursos de otras finalidades, sin duda el Congreso debe intervenir.

Debemos recordar que en esta materia ya tuvimos una ingrata experiencia, cuando desde la ANSeS se transfirieron al Ministerio de Infraestructura 800 millones de pesos para atender gastos relacionados con la crisis energ√©tica, entre otros aspectos, abonar el fuel oil venezolano que se iba a pagar originariamente con productos argentinos.

En s√≠ntesis, se√Īor presidente, el proyecto de ley de creaci√≥n de ENARSA no respeta las disposiciones de la ley 19.550, de sociedades, ni las leyes 24.065 y 25.790, que fijan los marcos regulatorios del sector. Tampoco la ley de hidrocarburos 17.319.

No se precisa, adem√°s, el capital social, y se confunde al Estado con una sociedad en la que participan particulares.

Todas estas razones, sumadas a la falta de una política energética, fundamentan nuestra postura negativa con relación a este proyecto, para posibilitar en definitiva una definición de la cuestión de fondo que debería ocuparnos, que es la de precisar de un Plan Energético Nacional..

 

Sr. Presidente.- Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisi√≥n de Seguridad y Narcotr√°fico en el proyecto de resoluci√≥n del se√Īor senador G√≥mez Diez por el que se encomienda a la Comisi√≥n Bicameral de Seguimiento y Fiscalizaci√≥n de los Organismos y Actividades de Inteligencia que cite al doctor Gustavo B√©liz en los t√©rminos del art√≠culo 33, inciso 6), de la ley 25.520. (S. 2.206/04).

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: el ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Naci√≥n ‚ÄĒel doctor Gustavo Beliz‚ÄĒ, en declaraciones que tuvieron ampl√≠sima repercusi√≥n en toda la sociedad a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n social, ha formulado graves denuncias.

El ex ministro habl√≥ de la existencia de una polic√≠a secreta ‚ÄĒcalificando de esa manera al organismo de inteligencia del Estado; es decir, la SIDE‚ÄĒ, de la utilizaci√≥n de fondos p√ļblicos por parte de dicho organismo con finalidades no autorizadas por la ley ‚ÄĒentre otros aspectos, el financiamiento de campa√Īas pol√≠ticas‚ÄĒ, y de que los presuntos sobornos que se habr√≠an pagado en el viejo Senado proven√≠an de fondos de la SIDE.

Por lo tanto, considero que si un ex ministro de la Naci√≥n formula consideraciones de esta naturaleza, lo menos que se puede hacer en lo que respecta al Congreso ‚ÄĒante la existencia de una Comisi√≥n Bicameral creada por ley en 2001 con el objetivo de fiscalizar la tarea de los organismos de inteligencia del Estado‚ÄĒ es citar al denunciante y pedirle los medios de prueba existentes respecto de sus manifestaciones, o sea, cu√°les son los elementos de juicio que obran en su poder para haber formulado semejantes afirmaciones.

En este caso, considero que la citaci√≥n al denunciante es necesario que se cumpla, a los efectos de que la comisi√≥n bicameral ‚ÄĒa su vez‚ÄĒ cumpla con la obligaci√≥n legal que la ley 25.520 en su art√≠culo 33, inciso 6 establece; es decir, la de recibir denuncias y realizar las investigaciones pertinentes. Se trata de una comisi√≥n creada con un objeto espec√≠fico y concreto, y que tiene adem√°s presupuesto propio.

Efect√ļo estas manifestaciones porque estas declaraciones de un ex ministro de la Naci√≥n no s√≥lo se difundieron en el pa√≠s, sino que tambi√©n salieron en todos los diarios del mundo, por ejemplo, el New York Times de hoy hace referencia a las declaraciones del doctor Beliz.

En consecuencia, creo que cuando alguien formula consideraciones de esta naturaleza, evidentemente se tiene que hacer cargo de ellas, presentarse ante los órganos pertinentes y explicar el motivo de las afirmaciones. Esto hace a la seriedad institucional con la que debemos manejar situaciones de esta naturaleza, sobre todo considerando que hasta hace muy pocos días esta persona integraba nada menos que el gabinete de la Nación.

Estos fueron los motivos que nos llevaron a presentar este proyecto de resolución, que no tiene otro objetivo más que el de dar cumplimiento a una ley sancionada por el Congreso, y a través de la cual se crea una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que en este caso han sido objeto de una denuncia concreta. En consecuencia, cabe recabar las pruebas existentes y realizar la pertinente investigación a los efectos de lograr las respectivas conclusiones.

./.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Pido la palabra.

Sr. Presidente. ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador por Salta.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ En el caso espec√≠fico de la Comisi√≥n Bicameral, debo decir que est√°n representados el Partido Justicialista y la Uni√≥n C√≠vica Radical exclusivamente. En realidad, deber√≠a haber habido tambi√©n una representaci√≥n que no perteneciera a alguno de estos dos bloques mayoritarios dentro del Senado.

Simplemente, quiero se√Īalar ‚ÄĒcomo bien se ha dicho‚ÄĒ que m√°s all√° de cualquier juicio de valor que pueda merecernos el ex ministro, lo cierto es que ha sido, hasta hace muy pocos d√≠as, un integrante calificado ‚ÄĒdir√≠a‚ÄĒ del gabinete nacional. Sus expresiones han sido realmente muy graves, en orden a las consideraciones formuladas. Por lo tanto, si se quiere hacer realmente una investigaci√≥n, resulta elemental citar al denunciante, para que exponga las pruebas que tiene para formular tales afirmaciones.

Si no existe voluntad o vocación de citar al denunciante para que detalle las pruebas de que disponga, entonces, tampoco existe vocación de investigar estos sucesos, lo cual sería lamentable.

Sr. Presidente. ‚ÄĒ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta formulada por el se√Īor senador Pichetto, a efectos de remitir el proyecto a la Comisi√≥n Bicameral.

‚ÄĒ La votaci√≥n resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: las naciones, para crecer y desarrollarse, necesitan contar con una institucionalidad fuerte. Y por institucionalidad entendemos al conjunto de reglas expresas o impl√≠citas que regulan la vida en sociedad, y que tienen como objetivo asegurar la libertad, garantizar los derechos y, en general, establecer pautas de comportamiento orientadas hacia el progreso del conjunto.

Una institucionalidad s√≥lida es lo que hace a una sociedad previsible y confiable; es como un barco con rumbo cierto. Y tambi√©n forman parte de la institucionalidad de un pa√≠s las reglas de disciplina fiscal, que tienen b√°sicamente dos objetivos: hacer los gastos p√ļblicos transparentes, y permitir el control social a trav√©s del pleno acceso a la informaci√≥n financiera del Estado ‚ÄĒveraz y confiable‚ÄĒ, y por otro lado no gastar m√°s de lo que se recauda, para no generar sobreendeudamiento y para que los gobiernos puedan gastar en lo que realmente importa.

El Poder Ejecutivo remite a consideración de este Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad que tiene ese doble objetivo. Por un lado, reglas de información y de transparencia que son fundamentales para que exista un control; y, por el otro, se pone un límite al endeudamiento.

Se plantea aplicar estas normas ‚ÄĒes preciso decirlo‚ÄĒ b√°sicamente a las provincias, previ√©ndose el mecanismo de que cada una de ellas adhiera a trav√©s de sus respectivas legislaturas.

En lo que a la Naci√≥n respecta, obviamente es muy dif√≠cil en la actual circunstancia legislar sobre l√≠mite de endeudamiento cuando el pa√≠s est√° en default, en cesaci√≥n de pagos. Lo que s√≠ podemos apuntar como un dato a tener en cuenta es que desde la devaluaci√≥n, el Estado nacional ha emitido deuda por 18 mil millones de d√≥lares, que es el costo de la pesificaci√≥n asim√©trica, a los que hay que sumar unos 10 mil millones de d√≥lares de intereses que no se han pagado.

Esto lo digo porque est√° claro que en alg√ļn momento en este Congreso tendremos que debatir acerca del l√≠mite de endeudamiento del Estado nacional, en cuanto el pa√≠s salga del estado de cesaci√≥n de pagos y sepamos exactamente cu√°les ser√°n sus obligaciones en los a√Īos por venir.

Al tratar este tema es bueno preguntarnos si con anterioridad se ha legislado en materia de disciplina fiscal. En 1999 este Congreso sancionó una ley de disciplina fiscal que no se cumplió. Se firmaron acuerdos entre la Nación y un conjunto de provincias, pero la cuestión es que doce provincias tienen leyes de responsabilidad fiscal, que también en la mayor parte de los casos no se han cumplido.

Evidentemente, no nos falta legislación sobre la materia, porque la verdad es que en nuestro país si hay algo que abunda es la vocación legisferante. El problema es que sancionamos leyes de todo tipo, pero luego las incumplimos. Porque está claro que a lo que hay apuntar para la construcción del futuro de la Argentina es a la cultura del respeto a la Constitución y a las leyes.

Nosotros obviamente estamos de acuerdo con todo aquello que sean reglas que hagan a la obligación del Estado de proporcionar de manera transparente información. Y, además, creemos que son absolutamente necesarias reglas homologables comunes a la Nación y al conjunto de las provincias en materia de contabilidad.

En este sentido, voy a poner un ejemplo que toca a mi provincia, que hace a la falta de homologaci√≥n de reglas. Si uno ingresa a la p√°gina web del Ministerio de Econom√≠a de la Naci√≥n y busca la deuda de los Estados provinciales al 31 de diciembre de 2003, por ejemplo para el caso de la Provincia de Salta, se encontrar√° con una deuda de 1450 millones de pesos m√°s un bono hidrocarbur√≠fero de 231 millones de d√≥lares, lo que implica un total de deuda de aproximadamente 2100 millones.

Ahora bien, si uno ingresa a la p√°gina web del Ministerio de Econom√≠a de la Provincia, se encontrar√° con una deuda de 507 millones, que se dice que es la deuda computable a los efectos de la disciplina fiscal.

Entonces, ¬Ņpor qu√© esta distinci√≥n? ¬ŅEs posible una diferencia de 2100 a 507 millones? La explicaci√≥n de esto es que en Salta cuando para el pago de una deuda se afecta un porcentaje de coparticipaci√≥n federal, se deduce ese porcentaje del c√°lculo de recursos y, al mismo tiempo, a la deuda no se la computa como pasivo.

Por lo tanto, estamos viendo la necesidad de tener reglas homologables si realmente queremos ser un país serio con información que sea comparable.

El art√≠culo 21 del proyecto le pone un l√≠mite al endeudamiento: 15 por ciento de los recursos para el pago de amortizaci√≥n e intereses de la deuda. Pregunto: ¬Ņse cumplir√°n estas reglas? La verdad es que yo soy esc√©ptico por varias razones.

En primer lugar, esta iniciativa no establece sanciones personales, a diferencia de lo que ocurre con la legislaci√≥n de los pa√≠ses exitosos en esta materia. Para citar un caso cercano a nosotros me referir√© al del Brasil, que estableci√≥ responsabilidades concretas para los administradores gubernamentales, como inhabilitaci√≥n para desempe√Īar cargos p√ļblicos, multas y hasta penas de prisi√≥n en determinadas circunstancias, todo lo cual se encuentra normado en la ley 10.028, de cr√≠menes de responsabilidad fiscal, promulgada en octubre de 2000 por el presidente Fernando Enrique Cardoso.

La otra razón es que el proyecto en consideración, de alguna manera, contempla como una facultad potestativa la aplicación de sanciones al utilizar el verbo "podrá"; es decir, podrá ser o podrá no ser.

La verdad es que en materia de sanciones se debería haber sido muy claro. Deberían ser taxativas y preverse los supuestos y, cuando ellos se den, proceder a la aplicación de las sanciones.

Por otro lado, tampoco se establecen límites para el gasto en personal, que sí están fijados en el caso del Brasil para el Estado federal, los Estados particulares y los municipios.

Todo lo expuesto me hace intuir que nuevamente corremos el riesgo de legislar quizás para cumplir alguna exigencia circunstancial, sin vocación real de acatamiento de la norma.

Por otra parte, cuando se trata el caso de aquellas provincias que están excedidas en el 15 por ciento de los recursos para el pago de amortización e intereses de la deuda, tampoco se fijan parámetros objetivos acerca del plazo máximo en el que debe instrumentarse la convergencia con el porcentaje fijado en el proyecto.

En el artículo 26 se contemplan programas nacionales de financiamiento para las provincias endeudadas que se instrumentarán a través del Ministerio de Economía de la Nación.

Me parece que hay que ser más explícitos en este punto porque, de lo contrario, se legisla un mecanismo de extorsión política de la Nación con las provincias endeudadas en virtud de que no hay reglas claras. Nuevamente, todo es discrecional.

Se√Īor presidente: los instrumentos legales deben ser siempre claros, precisos y establecer sanciones personales para los administradores gubernamentales cuando hay incumplimientos.

Cuando hay un lenguaje farragoso y no se aplican sanciones de un modo claro, la verdad es que el incumplimiento est√° instalado en la puerta.

Por todo lo expuesto, siendo partidario de normas de responsabilidad fiscal, reglas de transparencia, contabilidades homologables, límites al endeudamiento y límites al gasto en personal, me inclino a votar por la negativa, ya que si queremos ser un país exitoso es necesario construir una institucionalidad fuerte. Hay que tener reglas precisas, claras y con sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas porque el problema de nuestro país es la cultura de la falta de cumplimiento de la Constitución y de la ley.

No creo que sea bueno legislar para cumplir simplemente con una formalidad con los organismos internacionales de crédito. Me parece que el país se merece una norma seria y efectiva en materia de responsabilidad fiscal.

No se est√° en un a√Īo electoral. Es un a√Īo en el que los niveles de recaudaci√≥n son r√©cord por un conjunto de circunstancias que no corresponde precisar ahora.

El presupuesto estimaba un super√°vit de 10 mil millones y se alcanzar√°n 22 mil millones; es decir, m√°s del doble de lo proyectado.

Piensen entonces qu√© oportunidad se pierde. No es un a√Īo electoral y hay fuerte super√°vit. En consecuencia, qu√© oportunidad se pierde para consensuar el sistema de coparticipaci√≥n federal que el Congreso y las provincias adeudan al pueblo desde 1994.

Comparto lo que ha dicho el se√Īor senador preopinante. Me parece razonable y oportuna su acotaci√≥n porque no s√© si el art√≠culo 10 no guarda una intenci√≥n de congelar la foto, y que no tengamos el debate que la Argentina tiene que encarar, en alg√ļn momento, en materia de coparticipaci√≥n federal.

Para terminar, quiero referirme a un tema que es caro a nuestras provincias tabacaleras. En el a√Īo 2001, el Congreso Nacional sancion√≥ la ley 25.465. Fue fruto de un gran esfuerzo de muchos legisladores a lo largo de mucho tiempo, para que se reconociera que el Fondo Especial del Tabaco forma parte del precio, que ese dinero es de nuestros productores tabacaleros y que, en nuestras provincias, el cultivo del tabaco es absolutamente esencial dentro de nuestras econom√≠as, por la cantidad de puestos de trabajo que genera.

A veces, cuando transito los caminos de mi provincia y recorro los campos de soja verdes, extensos, la vista se pierde en el horizonte, pero veo toda una actividad mecanizada, muy poca utilizaci√≥n de mano de obra. Uno reflexiona sobre la importancia que tienen estas actividades dentro de nuestras econom√≠as regionales. Este fue un logro muy importante para nosotros; evit√≥ que a partir de la sanci√≥n de esta norma dej√°ramos de peregrinar todas las semanas en la Secretar√≠a de Hacienda de la Naci√≥n, en la b√ļsqueda de que nos remitan los fondos.

Ac√°, en los hechos, se est√° planteando una nueva centralizaci√≥n de estos recursos en la Secretar√≠a de Hacienda de la Naci√≥n que no estoy dispuesto a votar y creo que quienes representamos a las provincias tabacaleras no debemos hacerlo. Tenemos que pedirle al resto de los senadores nacionales su solidaridad, como la tuvimos cuando sancionamos esta ley. Tuvimos la solidaridad de quienes representaban al centro, al norte y al sur del pa√≠s, con una norma que es fundamental para nuestras econom√≠as, en momentos en que, precisamente, si hay un tema que necesitamos debatir y construir coincidencias, es el relativo a la generaci√≥n de empleo, que es la √ļnica manera de que la Argentina pueda volver a la cultura del trabajo.

Por esta raz√≥n, no voy a votar las normas de responsabilidad fiscal, en la convicci√≥n de que en alg√ļn momento tenemos que darnos una norma en serio, que tenga garantizado su cumplimiento, que tenga sanciones para los administradores gubernamentales que las incumplen. Les pido a los senadores el apoyo para nuestras provincias tabacaleras.

Se√Īor presidente: en primer lugar, agradezco al se√Īor jefe de Gabinete que haya comenzado su informe tocando el tema de las organizaciones piqueteras, porque, en verdad, se trata de una cuesti√≥n que a todos nos preocupa, tanto al Congreso como a la sociedad en su conjunto.

La Argentina viene de una de las crisis más graves de su historia. Estamos en un momento en el que se necesita del diálogo, de la construcción de consensos y de la definición de políticas de Estado para poder superar definitivamente la crisis.

En estas circunstancias, las actitudes violentas no ayudan para nada a la recuperación del país. Al respecto, debo decir que hay vastos sectores de la sociedad que tenemos la sensación de que estamos frente a una escalada de violencia. Se comenzó con cortes de rutas, puentes y accesos; luego hemos tenido bombas incendiarias contra edificios de empresas, ocupación de negocios para extorsionar a sus propietarios; enmascarados ingresaron al predio de una unidad militar, como es el Edificio Libertador; y ahora tenemos la ocupación de comisarías.

¬ŅCu√°l es la pol√≠tica del gobierno frente a esa situaci√≥n? Yo dir√≠a que en funci√≥n de lo que aqu√≠ se ha planteado y de lo que ha sido enunciado en reiteradas oportunidades por los m√°s altos voceros del Poder Ejecutivo nacional, se advierte una suerte de pasividad respecto del cumplimiento de la ley. Es decir, hay una actitud de omisi√≥n, por un lado y, por el otro, yo dir√≠a que tambi√©n hay una responsabilidad por acci√≥n, en el sentido de que ‚ÄĒcomo lo ha se√Īalado otro se√Īor senador‚ÄĒ el se√Īor Luis D'El√≠a se presenta a s√≠ mismo como aliado pol√≠tico del gobierno nacional, como una de las fuerzas que sostienen y apoyan la actual gesti√≥n gubernativa. Esto ocurre mientras la sociedad ve, adem√°s, que prominentes ministros del Poder Ejecutivo nacional asisten a actos de esta organizaci√≥n piquetera y el se√Īor Luis D'Elia tiene acceso a los m√°s altos despachos del gobierno nacional.

Esta persona, frente a una situación sin duda difícil, en lugar de buscar encauzar la cuestión conforme a la ley y de hacer uso de sus posibilidades de acceso a los altos niveles gubernativos para corregir esta situación irregular, no encuentra nada mejor que tomar una comisaría y destrozar todo lo que hay adentro de ella.

Evidentemente, esto produce en la sociedad una situación de desconcierto total. Nadie quiere enfrentamientos pero, sin duda, estas actitudes violentas perjudican a todos. Perjudican a los propios piqueteros, porque representan una traba o un obstáculo para la recuperación del país que todos queremos. Y perjudican al gobierno y a la sociedad en su conjunto porque, cuando el país necesita recrear un clima de confianza y previsibilidad propicio para las inversiones y el desarrollo de su economía, nos encontramos con noticias tales como bombas incendiarias, toma de puentes y ocupación de comisarías, a las cuales, en un mundo globalizado, pueden acceder vía Internet personas desde los más distantes puntos del planeta.

Evidentemente, esto requiere una solución. Reitero: ninguno de nosotros quiere enfrentamientos; todos apostamos a la vía del diálogo y de la persuasión. Pero también es cierto que cada día somos más quienes tenemos la sensación de que las políticas de la pasividad frente a un rol fundamental del Estado, como es el de hacer cumplir la Constitución y la ley, están agotadas.

El se√Īor jefe de Gabinete tambi√©n lo ha dicho con claridad: hay sectores que descreen del modelo democr√°tico. Tienen todo el derecho de hacerlo mientras no ejerciten la violencia. A partir del momento en que ejerciten la violencia, deben ser responsables de las consecuencias de esos actos violentos. Y el mensaje de la pasividad es una se√Īal que, adem√°s, funciona muy mal porque hace que la polic√≠a termine no actuando, y que los jueces y los fiscales tampoco lo hagan. Finalmente, terminamos con algo que tambi√©n he visto en mi provincia al producirse el incendio de las instalaciones de Tecpetrol.

He hablado con las v√≠ctimas de ese episodio. Las instalaciones de la empresa Tecpetrol en General Mosconi, provincia de Salta, terminaron rodeadas por grupos piqueteros. Quienes estaban a cargo de esas instalaciones, en una actitud muy atinada, evacuaron el edificio por los fondos y llamaron a la Gendarmer√≠a Nacional. La respuesta del comandante de la Gendarmer√≠a fue que la empresa estaba ubicada en un √°rea en la que no existe responsabilidad de la autoridad federal porque no se trata de la ruta. Trataron entonces de buscar al juez, pero no apareci√≥ por ning√ļn lado ‚ÄĒl√≥gicamente no es agradable hacerse cargo de una situaci√≥n de esta naturaleza‚ÄĒ. Por su parte, la polic√≠a provincial nunca apareci√≥. El final de la historia es que estos grupos rompieron los accesos e incendiaron todo.

Entonces, esto es lo que muchos de nosotros queremos transmitirle a usted y, por su intermedio, al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, la necesidad de definir una pol√≠tica en ese sentido, porque tenemos la sensaci√≥n de que la pol√≠tica de "dejar hacer" est√° agotada. Por supuesto, nadie quiere enfrentamientos, puesto que todos queremos el di√°logo, pero consideramos que en alg√ļn momento se necesita firmeza para asegurar el respeto a la Constituci√≥n y a la ley. Porque si a cualquiera se le ocurre tomar una comisar√≠a porque no le gusta el comisario, ¬Ņqui√©n nos garantiza que el d√≠a de ma√Īana a alguien, que no est√© de acuerdo con el Poder Ejecutivo nacional, no se le ocurra tomar la Casa de Gobierno o resuelva ocupar el Congreso porque no est√° de acuerdo con una decisi√≥n adoptada conforme a los mecanismos constitucionales? La v√≠a de los hechos y de la violencia no son las que se√Īala la Constituci√≥n ni son las reglas de juego de la democracia.

Queremos que usted se lleve de aquí esta sensación de preocupación que tenemos y nuestra vocación de ayuda en este tema, porque esto se ha convertido en una cuestión de la más trascendental importancia. Por eso creo que en la resolución de ella no sólo está la responsabilidad del gobierno nacional, sino de todos nosotros.

Aunque sea de manera telegr√°fica, quiero exponer algunas inquietudes m√°s. Usted ha hecho referencia a la crisis energ√©tica. Mucho podr√≠amos debatir entre nosotros. Creo que es un debate que nos debemos, acerca de la pol√≠tica energ√©tica que necesita nuestro pa√≠s. Paso a transmitirle una inquietud: el Poder Ejecutivo nacional ha transferido fondos de la ANSeS por casi 800 millones de pesos para pagar gastos derivados de la crisis energ√©tica; entre ellos, la compra de fuel oil a la Rep√ļblica de Venezuela, a pesar de que inicialmente se hab√≠a manifestado que se iba a pagar con productos argentinos.

Esta crisis, que es consecuencia de la imprevisión y de los errores que sin duda...

Sr. Presidente (Guinle). - Se√Īor senador: le pido que vaya redondeando porque ha finalizado su tiempo.

Sr. Gómez Diez. - De acuerdo

Resulta muy dif√≠cil aceptar que esta crisis, que es consecuencia de la imprevisi√≥n y de los errores que seguramente se han cometido, la paguen los sectores m√°s desprotegidos. Con este dinero ‚ÄĒque en el presupuesto estaba destinado para los jubilados y pensionados‚ÄĒ se pudo, por ejemplo, haber aumentado un 10 por ciento la jubilaci√≥n m√≠nima de dos millones de personas.

En lo que se refiere al tema del gasoducto del Noreste argentino, quiero pedirle, se√Īor jefe de Gabinete de Ministros, que esta obra se haga pero como corresponde, es decir, con transparencia y por licitaci√≥n p√ļblica...

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. - Perd√≥n, ¬Ņa qu√© obra se refiere?

Sr. Gómez Diez. - Al gasoducto del Noreste.

Le pido que esa obra se haga por licitaci√≥n p√ļblica. Los beneficios que en este caso se van a acordar al adjudicatario son muy grandes. Se trata de una inversi√≥n de 790 millones de d√≥lares y ac√° se est√°n previendo exenciones impositivas tales como el 21 por ciento del impuesto al valor agregado, el 3 por ciento de impuestos provinciales, un subsidio por cambio de traza de alrededor de 150 √≥ 160 millones de d√≥lares, etc√©tera. Es decir, si se suman todos los beneficios se llega a m√°s de la mitad de la inversi√≥n. Entonces, la forma de hacer esto transparentemente es por licitaci√≥n p√ļblica.

Con respecto al tema de la coparticipaci√≥n federal, nosotros compartimos lo que ac√° se ha expresado. Este no es un a√Īo electoral y es un buen momento para las finanzas p√ļblicas por el aumento de la recaudaci√≥n. O sea, es una circunstancia propicia para que, en definitiva, podamos llevar adelante un di√°logo maduro y podamos saldar esta deuda de muchos a√Īos, como es la falta de la ley de coparticipaci√≥n federal.

Voy a terminar con un tema que en el d√≠a de ayer estuvimos tratando los senadores de las provincias del Norte del pa√≠s con el secretario de Transportes de la Naci√≥n: me refiero al ferrocarril Belgrano. Nos alegra que se pueda volver a licitar la concesi√≥n de ese ferrocarril. Ojal√° haya buenos inversores con alg√ļn plan interesante, pero queremos que las provincias dispongan de la posibilidad de tener alguna participaci√≥n en el capital accionario. L√≥gicamente, ser√≠a una participaci√≥n minoritaria pero con derecho de voz de los Estados provinciales.

Eso es muy importante, sobre todo para garantizar la igualdad del acceso al derecho a cargar de todos nuestros productores.

Autorización para el ingreso y egreso de tropas

Sr. Presidente (Guinle). - De conformidad con lo acordado en la reuni√≥n de labor parlamentaria, corresponde la consideraci√≥n sobre tablas del dictamen en el proyecto de ley en revisi√≥n por el que se autoriza la entrada al territorio nacional de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios previstos para el curso del corriente a√Īo, denominados Unitas XLV 2004 ‚ÄĒFase Pac√≠fico‚ÄĒ Panamax 2004 y Viekaren VI 2004 (CD. 20/04).

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: simplemente, quiero se√Īalar que nosotros votaremos a favor de este proyecto de ley, en virtud de la urgencia de los tiempos. Pero no podemos dejar de se√Īalar que este tipo de proyectos tienen que ser enviados al Parlamento con la antelaci√≥n suficiente, a fin de que se puedan estudiar, dictaminar, imprimir los √≥rdenes del d√≠a y seguirse el tr√°mite parlamentario regular. No es la primera vez que tratamos de urgencia la realizaci√≥n de operativos militares.

Embajador extraordinario y plenipotenciario en Espa√Īa

Sr. Presidente. ‚ÄĒ Corresponde considerar el dictamen de la Comisi√≥n de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario en Espa√Īa del se√Īor Carlos Bettini.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: en primer lugar, quiero se√Īalar que la Comisi√≥n de Acuerdos de este Senado ha escuchado con amplitud de criterio a diferentes impugnantes, quienes han tenido la oportunidad de expresarse y de entregar documentaci√≥n que ha sido debidamente analizada.

Esa amplitud ha sido sin duda muy positiva y responde a la necesaria transparencia que en todo momento debe observar este cuerpo en su proceso de toma de decisiones.

A la reuni√≥n de la comisi√≥n ha asistido tambi√©n el se√Īor ministro de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acompa√Īado por diversos colaboradores.

Los ministros del Poder Ejecutivo nacional siempre son bienvenidos a las diferentes comisiones de este Senado. Ojalá también tuviéramos la oportunidad de contar con su presencia en el plenario de este cuerpo, porque sin duda enriquecerían el debate al poder expresar los puntos de vista del gobierno.

Ahora bien, quiero se√Īalar que no me ha parecido adecuado que el se√Īor ministro contestara preguntas que estaban dirigidas al doctor Bettini o que glosara sus respuestas. Pienso que quienes han sido propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para ocupar cargos de esta envergadura deben gozar de la suficiente capacidad y autonom√≠a como para contestar por s√≠ solos las preguntas y no deber√≠an necesitar tutor√≠as de esta naturaleza, que creo que no son para nada positivas.

La Ley Org√°nica del Servicio Exterior de la Naci√≥n prev√© en su art√≠culo 5¬į la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional proponga al Senado la designaci√≥n de embajadores que no pertenezcan al Servicio Exterior de la Naci√≥n, pero seg√ļn dicha norma en forma excepcional y siempre y cuando los candidatos posean condiciones relevantes.

No advertimos que en este caso existan esas condiciones relevantes. M√°s a√ļn, pensamos que las impugnaciones efectuadas fundamentan debidamente la inconveniencia para los intereses de la Rep√ļblica de que el doctor Bettini sea designado embajador en Espa√Īa.

Prestar acuerdo significa considerar que una persona es digna de la confianza de este Senado. Esa declaración de confianza la prestamos nosotros en representación de nuestras provincias y de sus pueblos y, en este caso, no están dadas las condiciones para ejercitar precisamente ese acto de confianza. En el caso del doctor Bettini, hay claramente un conflicto de intereses entre los de la Nación y los que representa el candidato propuesto.

En la reuni√≥n de comisi√≥n el ministro dijo que no puede haber conflicto de intereses en el caso de un embajador, porque el mismo no resuelve; pero esta apreciaci√≥n evidentemente no tiene sustento. No se puede ignorar lo que es el tr√°fico de influencia y la envergadura de un representante de la Naci√≥n acreditado como embajador ante un pa√≠s de la importancia de Espa√Īa.

El conflicto de intereses se expresa, b√°sicamente, en lo siguiente. En primer lugar, la doble nacionalidad. Me toc√≥ preguntar al doctor Bettini si √©l renunciar√≠a a la ciudadan√≠a espa√Īola en el caso de tener el honor de ser designado embajador de la Rep√ļblica. Nos contest√≥ que no, que se amparaba en el convenio de doble nacionalidad. El convenio de doble nacionalidad es para un ciudadano com√ļn, para un ciudadano de a pie, pero no para un funcionario de la Rep√ļblica; no para alguien que va a ser acreditado como embajador, m√°xime cuando la m√ļltiple ciudadan√≠a se da con referencia al propio Estado ante el cual se va a acreditar para cumplir su misi√≥n diplom√°tica. Hay ac√° un claro conflicto, dos lealtades diferentes. El licenciado Bettini ha jurado fidelidad al rey y a la Constituci√≥n espa√Īola. Si as√≠ lo ha hecho y se niega a renunciar a esa nacionalidad, mal puede al mismo tiempo actuar como gestor de los intereses de la Naci√≥n ante la propia corona espa√Īola a la cual le debe fidelidad.

Debo decir que me ha causado una profunda pena la respuesta del doctor Bettini, porque demuestra tambi√©n lo mal que estamos como pa√≠s. Es lamentable que alguien que tiene la posibilidad de acceder al honor de ser embajador ante una potencia de primera l√≠nea para un pa√≠s como la Argentina se niegue a renunciar a la nacionalidad espa√Īola. Qu√© contraste con la actitud de H√©ctor Timerman, quien con mucha dignidad se present√≥ ante la Comisi√≥n de Acuerdos habiendo renunciado a su doble ciudadan√≠a, con la convicci√≥n de que al acceder al honor de ser embajador de la Naci√≥n Argentina no pod√≠a retener esa doble calidad.

En segundo lugar quiero se√Īalar que el doctor Bettini ha reconocido ante la revista

‚ÄúVeintid√≥s‚ÄĚ su car√°cter de ‚Äúlobbysta‚ÄĚ de los intereses espa√Īoles. Dijo textualmente a ese medio de prensa: ‚ÄúSoy lobbysta institucional y pol√≠tico de los espa√Īoles, en representaci√≥n de intereses empresarios.‚ÄĚ. Luego, en la audiencia llevada a cabo en la Comisi√≥n de Acuerdos, √©l neg√≥ esas declaraciones que hasta ese momento nunca hab√≠an sido desmentidas. Les tengo que decir que en verdad yo no creo en las desmentidas, y fundamento esa apreciaci√≥n en que obra en poder de la Comisi√≥n la nota que el doctor Bettini remiti√≥ al procurador general de la Naci√≥n con fecha 10 de marzo del 2000, en virtud de una denuncia que se le hab√≠a efectuado, donde dice textualmente: ‚ÄúPas√© a transmitirle la inquietud que ten√≠a el sector espa√Īol, vinculado en este caso a los asuntos penitenciarios, respecto de cuales ser√≠an las nuevas pautas que se fijar√≠an para los futuros procesos licitatorios que hab√≠an quedado inconclusos por la finalizaci√≥n del mandato del gobierno anterior. Mis manifestaciones -dice textualmente- se basan en la larga relaci√≥n que me une con el gobierno de Espa√Īa, testimonio suficiente de la cual es que poseo la nacionalidad espa√Īola.‚ÄĚ. A confesi√≥n de parte, relevo de prueba. Evidentemente, estaba actuando como ‚Äúlobbysta‚ÄĚ, como gestor de los intereses de empresas espa√Īolas.

Cuando √©l se entrevista con la licenciada Patricia Bullrich, actuando como gestor de los intereses de la empresa Dicasa, adjudicataria de la construcci√≥n de la c√°rcel de Marcos Paz, hay que se√Īalar que se desempe√Īaba como funcionario p√ļblico. Era asesor de la Procuraci√≥n General de la Naci√≥n. Es muy poco √©tico que quien es funcionario p√ļblico realice ante la propia administraci√≥n gestiones de empresas determinadas en ciertos procesos licitatorios que adem√°s ‚ÄĒhay que se√Īalar como agravante‚ÄĒ se tramitaron y adjudicaron cuando el licenciado Bettini

se desempe√Īaba como asesor del ministro de Justicia.

A todo esto hay que agregarle que entre la documentaci√≥n que presenta el impugnante Monner Sans figuran siete facturas ‚ÄĒ ac√° las tengo‚ÄĒ que son de dos agencias de turismo, que corresponden a pasajes a Madrid, tanto para el licenciado Bettini como para su esposa, que fueron adquiridos por la firma Casinos de Buenos Aires, que pertenece al grupo espa√Īol Cirsa.

Hay que se√Īalar que cuando el licenciado Bettini recibi√≥ estas gratificaciones era funcionario p√ļblico; era asesor del procurador general de la Naci√≥n. ¬ŅC√≥mo puede un funcionario p√ļblico recibir gratificaciones de una empresa que es concesionaria del propio Estado, en este caso del juego, considerando adem√°s ‚ÄĒcomo lo ha puntualizado el miembro informante‚ÄĒ que la Procuraci√≥n General tuvo que dictaminar en un conflicto de competencia entre la Naci√≥n y la ciudad sobre el tema del juego. Es absolutamente inaceptable que alguien que se desempe√Īa en la funci√≥n p√ļblica reciba pasajes de una empresa concesionaria del Estado.

El licenciado Bettini se ha desempe√Īado tambi√©n como director de Aerol√≠neas Argentinas, obviamente en representaci√≥n de los intereses espa√Īoles, que en ese momento ten√≠an la propiedad de Aerol√≠neas Argentinas; en un tiempo durante el cual se ejercit√≥ una gesti√≥n totalmente desafortunada que termin√≥ en la venta de numerosos inmuebles propiedad de esta compa√Ī√≠a y tambi√©n la venta de aeronaves, lo que lleva a que se hable del vaciamiento de la empresa en ese per√≠odo. A esto hay que agregar el desinter√©s del licenciado Bettini por la vida p√ļblica argentina. Hay un hecho que llama verdaderamente la atenci√≥n: en el documento de identidad figura que cambia su domicilio al pa√≠s en el a√Īo 1994.

Cuando se le pregunta si particip√≥ en las elecciones presidenciales del a√Īo 1995 manifiesta que no figuraba en el padr√≥n. Cuando se le pregunta si vot√≥ en las elecciones legislativas de 1997, tambi√©n manifiesta que no figuraba en el padr√≥n. Tampoco vot√≥ en las elecciones presidenciales del '99. Tampoco en las legislativas del 2001. Tampoco en las presidenciales del a√Īo 2003. M√°s a√ļn, cuando el pliego ingresa en el Senado, la persona propuesta no reun√≠a los requisitos para el cargo, con lo cual deber√≠amos haber devuelto el pliego, porque la ley del Servicio Exterior de la Naci√≥n puntualiza que para ser funcionario del Servicio Exterior, en este caso de la m√°xima categor√≠a, embajador, dice tener pleno goce de los derechos civiles y los derechos pol√≠ticos.

Como el licenciado Bettini poseía una doble nacionalidad, tenía suspendidos los derechos políticos. Cuando vuelve al país en 1994 nunca se ocupó en hacer el trámite para que se le restablecieran los mismos. Recién hace esa gestión luego de que fuera propuesto ante este Senado. Ingresa el pliego y allí advierte la situación de que no estaba reuniendo los requisitos necesarios para su designación. Lo cierto es que todo esto demuestra, en definitiva, una falta de apego y de compromiso con el Estado argentino.

Todo lo expuesto constituye, nuestro juicio, una prueba suficiente de la inconveniencia de la designaci√≥n del licenciado Bettini para los intereses de la Rep√ļblica.

En su presentaci√≥n ante la comisi√≥n, ha dicho tambi√©n que va a actuar como gestor de los intereses de la Rep√ļblica ante las empresas espa√Īolas. Mal puede representarnos quien, en definitiva, es precisamente "lobbysta" de esos intereses. Por eso es que tambi√©n no podemos menos que expresar nuestra sorpresa por la insistencia en esta designaci√≥n que a todas luces es inconveniente y perjudicial para la Rep√ļblica, raz√≥n por la cual hemos suscripto el despacho por la negativa a conceder el acuerdo solicitado.

Designación del Doctor Esteban Righi

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: como bien lo ha se√Īalado el se√Īor presidente de la Comisi√≥n de Acuerdos, ha habido total coincidencia ‚ÄĒincluso por parte de los impugnantes‚ÄĒ respecto de la capacidad profesional acreditada por el doctor Righi, la que pone en evidencia su curr√≠culum, que demuestra cabalmente que cumple con todos los requisitos de idoneidad t√©cnica que es dable requerir para la cobertura de este cargo.

Las impugnaciones a las cuales se ha hecho referencia básicamente han girado sobre tres cuestiones: su condición de beneficiario de una jubilación especial, su situación impositiva y su actuación como ministro del Interior del doctor Cámpora en 1973.

En cuanto a su condici√≥n de beneficiario del sistema previsional, he de se√Īalar que la jubilaci√≥n que obtuvo en su momento fue otorgada con sujeci√≥n a la norma vigente, por lo que no cabe efectuar una descalificaci√≥n acerca de un derecho que acuerda la propia ley, aun cuando se pueda discrepar con √©l.

En lo que hace a la situación impositiva del doctor Righi, en ámbitos del Poder Ejecutivo se omitió requerirle las declaraciones juradas pertinentes de bienes personales y de ganancias.

Pero esta omisi√≥n fue subsanada por la Comisi√≥n y el doctor Righi present√≥ las declaraciones juradas correspondientes a los tres √ļltimos ejercicios, documentaci√≥n que se sum√≥ a una certificaci√≥n expedida por la AFIP en el sentido de que el postulante no re√ļne incumplimientos ante ese organismo. Por lo expuesto, la inquietud manifestada por alg√ļn impugnante qued√≥ tambi√©n satisfecha.

En lo que hace a la participación del doctor Righi como ministro del Interior del doctor Cámpora, las impugnaciones básicamente fueron de carácter político, y giraron en torno a que durante esa gestión de gobierno se auspiciaron los indultos y la ley de amnistía, sancionada en 1973. Además, se hizo referencia a la disolución de la Cámara Federal en lo Penal, que se había creado a los efectos de combatir el accionar delictivo de ciertas organizaciones.

En lo que hace a la ley de amnistía, hay que consignar que fue aprobada por unanimidad por este Congreso y los indultos constituyen una facultad que la Constitución le reconoce al

presidente de la Rep√ļblica. Se trata, pues, de decisiones pol√≠ticas tomadas en ambos casos en ejercicio de atribuciones constitucionales. Desde luego que respecto de ellas alguien puede plantear una discrepancia desde la perspectiva hist√≥rica, dig√°moslo as√≠, en el sentido de que como medidas de pacificaci√≥n que buscaban restablecer la concordia en aquellos d√≠as, en definitiva, no fueron √ļtiles. Pero esta es una apreciaci√≥n que no invalida para nada las decisiones que se tomaron en ejercicio de facultades constitucionales.

Con relaci√≥n a la disoluci√≥n de la C√°mara Federal en lo Penal y la legislaci√≥n especial dictada para combatir el fen√≥meno de la violencia con la ley, quiero expresar que conceptualmente coincido con el planteo efectuado por los impugnantes. Los vicios de origen, incluso constitucionales, en orden a la √ļnica instancia, pudieron haberse solucionado con una reforma de la legislaci√≥n que sancionara este Congreso. Creo que esto hubiera sido √ļtil para tratar el fen√≥meno de la violencia al amparo de la Constituci√≥n y de la ley.

Cabe consignar que esta Cámara Federal y la legislación que se dictó en aquellos días en la presidencia de facto del general Lanusse, es una legislación que se dictó con la dirección de hombre de la política argentina, como fue el doctor Arturo Mor Roig, ministro del Interior asesinado luego, en 1974. Lo concreto es que entre junio de 1971 y mayo de 1973 la Cámara Federal en lo Penal dictó numerosas sentencias condenatorias y también numerosas absoluciones.

Luis Moreno Ocampo, quien actu√≥ como fiscal en el juicio de las juntas, en su libro Cuando el poder perdi√≥ el juicio , tiene una cita del doctor Vergara, que en ese momento integraba esa C√°mara, en la que hace referencia a la tarea que en definitiva cumpli√≥ la misma y las cr√≠ticas que ten√≠a desde uno y otro sector de la sociedad. Dice concretamente Vergara que por esas sentencias los simpatizantes de la guerrilla nos odiaban por duros y la derecha nos criticaba por blandos.

Lo concreto es que es tiempo sin duda, más allá de estas consideraciones efectuadas por algunos impugnantes, de mirar hacia el futuro, hacia adelante. El juicio de lo que aconteció hace tres décadas, en una década sin duda turbulenta y de violencia para nuestra sociedad, es un juicio que deberá realizar la historia.

Con ese espíritu de superación, y reconociendo la idoneidad técnica del doctor Righi, es que voy a votar de manera favorable su acuerdo para ser designado como procurador general de la Nación.

./.

Designación de la Doctora Elena Highton de Nolasco como Juez de la Corte Suprema de la Nación

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Tiene la palabra el senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: anuncio nuestro voto favorable a la nominaci√≥n de la doctora Highton de Nolasco, que tiene una trayectoria de m√°s de treinta a√Īos en la Justicia argentina. Ha desarrollado una excelente tarea en el √°mbito acad√©mico. Introdujo en el pa√≠s el instituto de la mediaci√≥n para la resoluci√≥n de conflictos y se especializ√≥ tambi√©n en temas que hacen al mejoramiento de la administraci√≥n de justicia, integrando la Mesa del Di√°logo Argentino en el cap√≠tulo referido a la Justicia.

En este √ļltimo sentido, va a ser muy importante su aporte en la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n, que tiene que ser uno de los actores principales de la reconstrucci√≥n que es necesario realizar de nuestro sistema de justicia con la participaci√≥n de la Corte Suprema, de este Congreso, del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo nacional.

Lo que de verdad necesitamos es un verdadero pacto de Estado para la reforma de la justicia, similar al que se implementara en Espa√Īa en el a√Īo 2001.

Las impugnaciones que se han realizado han sido se√Īaladas por el presidente de la comisi√≥n. La impugnaci√≥n referida al caso ‚ÄúDi Gioia‚ÄĚ fue desestimada por el Consejo de la Magistratura. La que se realiza en el caso Holgado no tiene consistencia. Y la otra impugnaci√≥n est√° referida al art√≠culo que escribi√≥ la doctora Highton de Nolasco en 1993 y que public√≥ en la revista de derecho privado. Es un art√≠culo que hay que leer con detenimiento porque la verdad es que trata situaciones dif√≠ciles, yo dir√≠a situaciones l√≠mites. Respecto de este tema, adem√°s de las consideraciones que pueda haber realizado la doctora Highton de Nolasco de manera verbal en el transcurso de la audiencia p√ļblica, present√≥ tambi√©n un escrito en el cual textualmente dice refiri√©ndose a este art√≠culo: "B√°sicamente es un an√°lisis descriptivo de la jurisprudencia de Estados Unidos y al compararla con la argentina digo expresamente que no llega a las mismas conclusiones ni podr√≠a hacerlo porque nuestra legislaci√≥n es opuesta y prohibitiva del aborto.

De manera tal que yo creo que queda perfectamente esclarecida su postura respecto de este punto.

En cuanto a la actuación de la doctora Highton de Nolasco como jueza de primera

instancia durante el gobierno de facto, es una cuesti√≥n que tambi√©n fue abordada por la doctora en el transcurso de la audiencia p√ļblica. Ella se√Īal√≥ on claridad que entre irse del pa√≠s y quedarse hab√≠a optado por quedarse, que hab√≠a ejercitado la judicatura aplicando la Constituci√≥n y su conciencia, como lo hicieron otros juristas, como en el caso del doctor Zaffaroni, a quien le prestamos acuerdo en este Senado, y los doctores Arslani√°n y Gil Lavedra, por mencionar juristas destacados en este pa√≠s.

Se trata tambi√©n de la primera mujer que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n en un per√≠odo democr√°tico. Es la primera mujer a la cual este Senado le presta acuerdo, con lo cual se cumple el requisito de la diversidad de g√©nero que se se√Īal√≥ en el decreto de autolimitaci√≥n de facultades.

En este √°mbito federal que es el Senado, quiero se√Īalar que nos queda pendiente el requisito de la diversidad regional, sin duda, tambi√©n muy importante. Puesto que en la Corte el √ļnico miembro del interior es el doctor Maqueda, que tiene como origen la provincia de C√≥rdoba. Y en este cuerpo plural que es la Corte, es interesante avanzar en una representaci√≥n y en una diversificaci√≥n de diferentes regiones de nuestro pa√≠s, donde existen juristas muy importantes que pueden hacer su aporte a nuestro m√°s alto Tribunal de Justicia.

Por todas las razones expuestas, anunciamos nuestro voto favorable.