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Versiones taquigr√°ficas 2005

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: En el derecho parlamentario, cuando hacemos referencia al presupuesto siempre se dice que es la Ley de Leyes. Es la gran oportunidad para hacer lo que propon√≠a el se√Īor senador Morales, o sea, para debatir las grandes pol√≠ticas del Estado para el a√Īo de que se trate. O sea, que se debat√≠a la inversi√≥n p√ļblica, qu√© es lo que se iba a hacer y las grandes pol√≠ticas y decisiones. Entonces, este era el debate importante del a√Īo: la Ley de Leyes. ¬°Pero miren ustedes a lo que qued√≥ reducida la consideraci√≥n de la ley de leyes: a dos horas de tratamiento! 
Porque, en realidad, adem√°s del problema de la agenda parlamentaria antes apuntado, lo que estamos debatiendo es una c√°scara vac√≠a; simplemente, estamos debatiendo una formalidad porque esto hace a lo que se est√° transformando el Parlamento. El Congreso tiene un rol opaco, vaciado de contenido. Y estamos vaciados por una serie de cosas: por los decretos de necesidad y urgencia y por estos presupuestos que, en definitiva, son nada m√°s que una delegaci√≥n de facultades en el Poder Ejecutivo Nacional. 
Adem√°s, este presupuesto no lo deber√≠amos estar tratando hoy. Tal vez, deber√≠amos pedir al Ministerio de Econom√≠a que haga una urgente correcci√≥n de las cifras del presupuesto porque la situaci√≥n ha variado en escasos d√≠as, desde el viernes pasado, cuando el presidente de la Rep√ļblica anunci√≥ que se pagar√≠a la deuda con el Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central. Ello significa que los recursos que figuran en el presupuesto para pagar las acreencias del Fondo Monetario Internacional hoy pasan a constituirse en recursos disponibles al alcance, si esto se aprueba tal como ha sido enviado, de la pluma del jefe de Gabinete de Ministros, quien los podr√° asignar discrecionalmente. 
En ese sentido, cabe aclarar que no se trata de sumas menores, porque en materia de intereses en el presupuesto se prev√©n 403 millones de d√≥lares, aproximadamente 1.200 millones de pesos. Adem√°s de ello, est√°n las amortizaciones al Fondo, seg√ļn la suma que hab√≠a calculado el Ministerio de Econom√≠a y que en el presupuesto est√°n comprendidas dentro de la partida de aplicaciones financieras. En realidad, esto habr√≠a que modificarlo para que tengamos un presupuesto realista y no, como se√Īalaba reci√©n, un cheque en blanco; es decir, para que hoy no estemos cumpliendo simplemente con una formalidad. 
El miembro informante de la minor√≠a se√Īalaba algo con lo que yo coincido. De vuelta, hay una subestimaci√≥n de recursos en el presupuesto nacional. 
Se calculan recursos por 101 mil millones de pesos. Al respecto, el presupuesto estima un incremento del 11,9 por ciento de los recursos fiscales en base a una proyecci√≥n del 4 por ciento de crecimiento del PBI y a una inflaci√≥n del 9,1 por ciento; por cierto, esos guarismos no tienen nada que ver con las proyecciones del mercado. El a√Īo que viene se estima un crecimiento del 6 por ciento del producto bruto interno y, adem√°s, una inflaci√≥n del 12 por ciento. Por lo tanto, habr√° mayores recursos fiscales que, seg√ļn el c√°lculo que hemos efectuado, alcanzar√°n unos 3.200 millones de pesos, por lo que el super√°vit primario de la Administraci√≥n Nacional llegar√≠a al 3,4 por ciento del PBI, en lugar del 3 por ciento que se estima en el presupuesto. 
A su vez, se estima un incremento del 12 por ciento en el gasto, suma que parece razonable si se tiene en cuenta la inflaci√≥n y el crecimiento del PBI. Pero quedan disponibles los recursos que estaban previstos para pagar intereses y amortizaci√≥n al Fondo Monetario Internacional, por lo que deber√≠amos sumar los fondos provenientes de la subestimaci√≥n de ingresos que realiza el presupuesto. De esa manera se conforma una masa de varios miles de millones de pesos que quedan bajo la discrecionalidad del Jefe de Gabinete de Ministros que tiene a su disposici√≥n tres art√≠culos del presupuesto ‚ÄĒ 8ÔĀÖ, 9ÔĀÖ y 10 ‚ÄĒ, por los cuales se lo faculta a ampliar, por incremento de recursos, las partidas de gastos del presupuesto. En efecto, tal como se√Īalamos, los incrementos de esa partida ya est√°n perfectamente explicitados y ascienden a varios miles de millones de pesos.
Por otra parte, el Jefe de Gabinete queda facultado a disponer de toda clase de reestructuración. Nuevamente, aparecen los cheques en blanco y el hecho de desvirtuar el rol del Parlamento y de la Constitución. Digo esto porque cuando uno lee la Constitución observa que cada vez se pierde más el hábito de la lectura de su texto.
Su art√≠culo 76 establece: ‚ÄúSe proh√≠be la delegaci√≥n legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administraci√≥n o de emergencia p√ļblica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegaci√≥n que el Congreso establezca‚ÄĚ. Claramente, se√Īala que es en materia de administraci√≥n ,de emergencia p√ļblica, en tiempo determinado y que el Congreso fija las bases de esa delegaci√≥n. Ahora bien, esto no es materia de administraci√≥n, sino actos de disposici√≥n de recursos. Por lo tanto, estas delegaciones no tienen encuadre dentro del art√≠culo 76 de la Constituci√≥n Nacional.
La ley 24.463, de solidaridad previsional ‚ÄĒporque acord√©monos que, tambi√©n, hay jubilados y pensionados, ya que tendemos a olvidarnos de la situaci√≥n de la clase pasiva‚ÄĒ, establece que debe incluirse en el presupuesto nacional el porcentaje de movilidad de las jubilaciones y pensiones. ¬°C√≥mo no vamos a poner un porcentaje de movilidad s√≠ el propio presupuesto est√° reconociendo que hay una hip√≥tesis inflacionaria y que venimos ya de un a√Īo con inflaci√≥n transcurrida, para no remontarme a la devaluaci√≥n de fines de 2001!
Verdaderamente, en 2002, a los jubilados y pensionados se les ha otorgado un aumento del haber mínimo previsional y, además, se aumentó el 10 por ciento a los que cobran entre el mínimo y la suma de 1.000 pesos. Sin embargo, todos aquellos jubilados que cobran más de 1.000 pesos recibieron cero aumento.
Entonces, frente al fuerte incremento del costo de vida, me parece que es rol del Congreso fijar un porcentaje prudencial de actualización de esos haberes. Eso es lo que determina la ley vigente y esta es la oportunidad para hacerlo, incorporando la previsión al presupuesto.
Con respecto a los fondos fiduciarios, se han convertido en otro modo de eludir el control del Congreso y rondan los 5.000 millones de pesos. Entonces, son montos globales. Y, a partir de all√≠, la discrecionalidad total: nadie sabe qu√© obras se van a ejecutar con los fondos fiduciarios ni cu√°l es su destino final, y hasta se pagan subsidios. Incluso, quiero mencionar el caso del fondo fiduciario para el transporte: fundamentalmente, lo pagamos quienes vivimos m√°s lejos y debemos venir a la Capital Federal o a la Pampa H√ļmeda. Entonces, pagamos el impuesto a la distancia, que es este impuesto al gasoil. Pagamos los que menos tenemos y los que somos m√°s pobres, como dec√≠a el miembro informante de la minor√≠a. Adem√°s, cabe destacar que este fondo implica casi 2.000 millones de pesos.
Ac√° hay partidas para todo. Hay partidas para los ferrocarriles; pero no crean que son para los ferrocarriles de la periferia argentina, sino para los de ac√°, obviamente. En efecto, un d√≠a me puse a hacer un ejercicio para saber a d√≥nde iban estos recursos; hay que elaborar casi un mapa de esto. Y los destinos son los m√°s dis√≠miles: se subsidian hasta las cargas previsionales del transporte de carga. Surgen all√≠ cosas incre√≠bles. De all√≠ tom√© el peso del inter√©s que, en este fondo fiduciario, tiene por ejemplo el se√Īor Hugo Moyano, que es un directo beneficiario de este reparto de recursos y subsidios.
Quiero llamar la atenci√≥n otra vez. Ser√° otro a√Īo m√°s llamando la atenci√≥n. Porque la verdad es que no hemos tenido suerte hasta este momento. Es mi caso, el del senador L√≥pez Arias, el de la senadora Escudero y el de los senadores que representamos a la provincia de Salta. Y seguramente tambi√©n el de algunos otros se√Īores senadores que tengan, en sus provincias, la situaci√≥n de √≠ndices alarmantes de desocupaci√≥n y crisis derivados de la privatizaci√≥n o cierre de empresas p√ļblicas.
Ac√°, hace algunos a√Īos, se coloc√≥ ‚ÄĒcreo que con mucha sabidur√≠a‚ÄĒ un art√≠culo facultando al Poder Ejecutivo nacional a disponer de medidas tributarias especiales. Esta facultad no ha sido ejercida. Este Senado ha aprobado, por iniciativa de todos los senadores nacionales, pedidos al Ejecutivo de que esto se implemente, para que se haga. Esto no le cuesta demasiado esfuerzo al Estado nacional, pero la verdad es que se trata de un acto de reparaci√≥n para zonas postergadas y deprimidas de la Argentina.
Traigo a colación el caso del departamento General San Martín, en la Provincia de Salta, fundamentalmente las localidades de Tartagal y de Mosconi, donde se han vivido momentos de violencia realmente muy difíciles y en donde existe una situación de desempleo, de pobreza y de exclusión social alarmantes.
Entonces, aprovecho esta oportunidad para volver a llamar la atenci√≥n sobre este tema, que est√° orientado, tambi√©n, a algo que dec√≠a el senador por Jujuy: la Argentina necesita una pol√≠tica de desarrollo regional. Ya no es posible continuar con este esquema espasm√≥dico. Ya hemos salido de la emergencia y hay que planificar el futuro de la Argentina. No se pueden repartir obras p√ļblicas seg√ļn la cercan√≠a de los gobernadores o intendentes al poder de turno porque no vamos a ir a ning√ļn lado con ese criterio.
Uno mi voz en el tema del Ferrocarril Belgrano que, para nosotros, más que un ruego es ya un lamento. La verdad es que uno ya no sabe de qué manera expresarse, porque ésta es una deuda que el Estado nacional tiene con el Norte argentino.
En 1998 se le entreg√≥ el Ferrocarril Belgrano a la Uni√≥n Ferroviaria y √©sta no est√° condiciones t√©cnicas ni financieras de manejarlo. Lo hemos dicho hasta el cansancio a todos los legisladores del Norte y a cuanto funcionario nacional se ha ‚Äúpuesto a tiro‚ÄĚ para que se le explique esta situaci√≥n.
Nos prometieron, en 1998, 250 millones de d√≥lares de inversi√≥n en el ferrocarril. Pero ‚Äúsi te he visto, no me acuerdo‚ÄĚ. Hace aproximadamente un par de meses se dispusieron subsidios para los ferrocarriles por 250 millones de d√≥lares; claro que ac√°, para el conurbano bonaerense. A nosotros, los que estamos lejos, con un ferrocarril de una enorme extensi√≥n, nos dieron 4 millones; vale decir nada.
Hace dos a√Īos, el presidente de la Rep√ļblica, doctor N√©stor Kirchner, en un acto que se realiz√≥ en la Casa de Gobierno, en el Sal√≥n Blanco, anunci√≥ la reactivaci√≥n del ferrocarril. Se llam√≥ a una licitaci√≥n. Todos los que tuvimos acceso a los pliegos y conocemos la situaci√≥n del ferrocarril advertimos que la licitaci√≥n iba a fracasar porque hab√≠a condiciones inaceptables. Claro! Nadie se va a hacer cargo de un ferrocarril, ni va a invertir en √©l, cuando lee el estatuto social y ve que, para tomar cualquier decisi√≥n importante, necesita que los directores de la Uni√≥n Ferroviaria le digan que s√≠, que est√° bien. Digamos que es un qu√≥rum agravado a beneficio no de la sociedad o la comunidad, sino de la Uni√≥n Ferroviaria. En consecuencia, la licitaci√≥n fracas√≥. Se declar√≥ desierta.
El secretario de Transporte vino aquí en Agosto pasado y dijo que había un informe de la Sindicatura que saldría esa semana, afirmando que en el plazo de una o dos semanas tendríamos una respuesta y una solución. Sin embargo, esta nunca llegó.
Despu√©s apareci√≥ un empresario argentino al cual le quitaron la concesi√≥n de la empresa de correos, acompa√Īado por un se√Īor que ven√≠a de la China. Si bien no conozco exactamente el volumen de los intereses empresarios que manejaba, lo concreto es que no tuvimos ninguna soluci√≥n.
A su vez, en Noviembre, algunos se√Īores senadores presentamos un proyecto de ley por el que se planteaba el rescate de esta concesi√≥n, dado que el Ferrocarril Belgrano transportaba 4 millones de toneladas y ahora transporta 700 mil.
Ustedes se preguntarán por qué me refiero tanto al tema de los ferrocarriles. Ello se debe a que los que vivimos lejos tenemos una obsesión con los medios de transporte. Por eso nos ocupamos de esta cuestión. Nosotros vivimos lejos, en el fondo del país y el ferrocarril permite abaratar a la mitad los costos de los fletes. Esto es muy importante para la competitividad de la economía.
Pero este proyecto de presupuesto no tiene fondos para el Ferrocarril Belgrano. Hay una suma para la liquidaci√≥n de dicho ferrocarril y un art√≠culo 61 que voy a leer, que establece lo siguiente: "El Jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreci√≥n del pr√©stamo a otorgar por el Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalizaci√≥n del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al incorporar el referido pr√©stamo en uso de las facultades del art√≠culo 8ÔĀÖ, asignar√° mediante compensaci√≥n de cr√©ditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado pr√©stamo." 
Me he tomado el trabajo de llamar al Banco Mundial, para averiguar si existe alg√ļn pr√©stamo activado y, la verdad, no tuve √©xito alguno en mi gesti√≥n. La respuesta es que no existe ning√ļn pr√©stamo. Podr√° haber conversaciones, alguna entrevista o sondeo, pero la verdad es que no encontr√© ning√ļn pr√©stamo activado.
Por otra parte, todos sabemos que los cr√©ditos del Banco Mundial no son de inmediata concreci√≥n sino que se demoran a√Īos en tramitar: primero debe existir el proyecto, luego hay que tramitarlo y, posteriormente, se deben vencer un sinn√ļmero de inconvenientes.
Mientras tanto, no tenemos un peso para el Ferrocarril Belgrano, con lo cual qued√≥ adem√°s violado un compromiso y una palabra empe√Īada aqu√≠, en Agosto pasado, por el secretario de Transporte de la Naci√≥n. En esa oportunidad, estuvimos reunidos con √©l los senadores Mastandrea, L√≥pez Arias, Escudero, Morales y todos los dem√°s senadores del Norte del pa√≠s y se asumi√≥ el compromiso de que el presupuesto nacional vendr√≠a con los recursos para este ferrocarril.
Una √ļltima reflexi√≥n que quiero efectuar tiene que ver con el plan de obras p√ļblicas previsto. En este sentido, volvemos a la cuesti√≥n de que el presupuesto tiene que tener una estrategia y no s√≥lo pol√≠ticas macroecon√≥micas para el pa√≠s. El presupuesto tiene que prever una estrategia de desarrollo y de crecimiento. Ya hemos pasado la emergencia; estamos en la normalidad. Entonces, hay que planificar. Y en materia de obras p√ļblicas tiene que haber una pol√≠tica de desarrollo regional; no algo espasm√≥dico.
En el caso de mi provincia, observo que tenemos un listado con mayores montos que el a√Īo pasado. Pero la verdad es que uno tiene ya varios a√Īos en esta casa y, entonces, mira estas cosas con mucho cuidado, porque se suelen incluir obras en el presupuesto que despu√©s no se inician. Hace un rato alguien habl√≥ de las planillas de la felicidad, es decir, de lo que se pone y despu√©s no se hace. Como se suele decir, "Si te he visto, no me acuerdo".
Y en este aspecto, en nuestra provincia tenemos varias situaciones de esta naturaleza. Puedo mencionar, por ejemplo, que vuelve a figurar en el presupuesto el Centro Penitenciario Federal del Noroeste. Esta situaci√≥n se repite desde 1995. El a√Īo pr√≥ximo se van a cumplir 11 a√Īos desde que este centro figura incorporado en los papeles, con lo cual ya no s√©, tendremos que traer una torta con velitas de cumplea√Īos para ir conmemorando los diferentes aniversarios de las cosas que nos prometen y que en definitiva no se cumplen. 
Tampoco tenemos inversiones significativas para la Ruta 51. Para la Ruta 40, que ten√≠amos fondos en el presupuesto de este a√Īo, que es una v√≠a importante para nosotros, porque es tur√≠stica, tampoco hemos tenido ninguna concreci√≥n. 
Por otra parte, con relaci√≥n a la ruta Mosconi‚ÄĒTartagal, ¬Ņcu√°ntos a√Īos lleva la construcci√≥n de esta doble mano? Ya uno va a Mosconi o a Tartagal, le preguntan por la doble mano y la verdad es que uno ya no sabe qu√© decir.
En definitiva, se ponen obras que luego no se ejecutan. La Ruta nacional 50, en el tramo Pichanal‚ÄĒOr√°n tampoco la encuentro. Estaba en el presupuesto del a√Īo pasado. Ahora parece que no est√°. 
Tampoco veo la l√≠nea de alta tensi√≥n de 132 Kilovoltios, entre Joaqu√≠n V. Gonz√°lez y Apolinario Saravia. 
Entonces, la verdad es que cuando estamos aprobando los presupuestos nacionales, uno no sabe ya realmente qu√© est√° sancionando. Me queda la sensaci√≥n de que es un cascar√≥n vac√≠o y este a√Īo, tal vez, m√°s vac√≠o que nunca. Porque este presupuesto nacional tiene los pagos al Fondo Monetario Internacional, que no se hacen. Entonces, eso va a la pluma discrecional del jefe de Gabinete, al igual que la subestimaci√≥n de recursos, m√°s toda la delegaci√≥n de facultades que se le hacen. 
La frutilla tal vez que le faltaba al postre es la brevedad del tratamiento, que es ya como un r√©quiem del presupuesto. Digamos que es la despedida del presupuesto. El tratamiento que se hace en dos horas o dos horas y media, est√° poniendo a las claras cu√°l es el peso y el significado institucional que hoy tiene para el Parlamento argentino el proyecto de presupuesto. 
Es simplemente un cheque en blanco. Luego, el Poder Ejecutivo act√ļa seg√ļn crea conveniente. Y as√≠ seguimos vaciando de contenido el Parlamento argentino no s√© hasta qu√© d√≠a.

Sra. Presidente (Curletti). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez D√≠ez. ‚ÄĒ Muchas gracias, se√Īora presidenta.
En primer lugar, quiero se√Īalar que hace casi doce horas que estamos sesionando. Creo que el tema que estamos abordando, que por su significaci√≥n es una de las leyes reglamentarias m√°s importantes de la Constituci√≥n Nacional, merece otra jerarqu√≠a en el momento del debate. 
L√≥gicamente, hay un cansancio por parte de todos los se√Īores senadores a esta altura de los acontecimientos, que hace que este tema no se pueda abordar ni con el debate o la participaci√≥n que la cuesti√≥n merece. Pero, bueno, tal vez se haya buscado este momento en forma ex profesa, porque ac√°, en realidad, se est√°n enfrentando dos visiones diferentes. Una visi√≥n es la que quiere que el Consejo de la Magistratura de la Naci√≥n sea controlado por las mayor√≠as pol√≠ticas. Este es un punto de vista. 
El otro punto de vista, al que adscribo y defiendo, es el consagrado en el art√≠culo 114 de la Constituci√≥n Nacional reformada en 1994, que fija un contexto de equilibrio y pluralismo. Y precisamente lo que quiso el constituyente cuando incorpor√≥ este instituto al texto constitucional fue resguardar a la Justicia de las mayor√≠as. Y a partir de all√≠, busc√≥ una equilibrada composici√≥n del Consejo, para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. Y este es el punto central, porque lo cierto es que ac√° no estamos debatiendo los muchos aspectos que, sin duda, se deben abordar para un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura como instituci√≥n. Aqu√≠ estamos abordando el n√ļcleo central que se refiere a cu√°l es la composici√≥n del Consejo, porque lo que se contraponen son estas dos visiones que he referido: la del control por la mayor√≠a, y la de la pluralidad y el equilibrio. Esta es, dig√°moslo, la cuesti√≥n de fondo.
No estamos haciendo un listado de aquellos aspectos en los cuales el Consejo es perfectible, que sin duda, son muchos. Aqu√≠ estamos apuntando al coraz√≥n mismo de la cuesti√≥n. 
Debemos se√Īalar que en 1994, cuando se reuni√≥n la Convenci√≥n Constituyente, exist√≠a un fuerte reclamo de la sociedad por revertir el deterioro de la Justicia y la injerencia de la pol√≠tica en ese poder. Hab√≠a un reclamo de la sociedad de mejorar el criterio de selecci√≥n de los jueces, reduciendo la intervenci√≥n pol√≠tica. Porque hasta ese momento ‚ÄĒy debemos decirlo con franqueza‚ÄĒ, las vacantes judiciales se repart√≠an entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que daba los acuerdos. 
Lo que se plante√≥ en aquel momento fue cambiar ese sistema por uno que garantizara objetividad en la selecci√≥n de los candidatos. Y por eso, se incorpora el Consejo de la Magistratura a la Constituci√≥n, como una instituci√≥n fundamentalmente de origen europeo. Est√° el ejemplo de Italia y de Espa√Īa, aun cuando en esos pa√≠ses tiene una especial prevalencia el peso del segmento judicial en su composici√≥n.
Esta instituci√≥n fue receptada de manera pionera en 1957, casualmente, por la Constituci√≥n de la provincia de la se√Īora presidenta, que es la provincia del Chaco que, como un dato singular, le incorpora al Consejo la presencia del estamento pol√≠tico al lado de los jueces y de los abogados.
La instituci√≥n es incorporada al N√ļcleo de Coincidencias B√°sicas,y de esa forma, se vota de manera conjunta con ese N√ļcleo en 1994.
El art√≠culo 114 dispone que una ley especial, sancionada por una mayor√≠a agravada, ser√° la que va a organizar el Consejo y la Constituci√≥n fija las grandes pautas a las cuales deber√° adecuarse esa ley. Y esas grandes pautas est√°n establecidas en el art√≠culo 114, que dice que el Consejo ser√° integrado peri√≥dicamente de modo que se procure el equilibrio. Y ese es el centro de la cuesti√≥n. Todo el debate gira en torno del equilibrio; el equilibrio entre la representaci√≥n de los √≥rganos pol√≠ticos, resultantes de la elecci√≥n popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matr√≠cula federal. Dice tambi√©n: "Ser√° integrado, asimismo, por otras personas del √°mbito acad√©mico y cient√≠fico, en el n√ļmero y la forma que indique la ley". Este es el mandato de la Constituci√≥n.
El constituyente, además de incluir el artículo 114, incorpora una cláusula transitoria, la décimotercera, que dice que con el sistema anterior de la Constitución, se pueden nombrar jueces hasta 360 días después de que esté vigente la reforma. A partir de ese momento, los magistrados sólo pueden designarse por el nuevo procedimiento previsto por la Constitución.
Está cláusula transitoria fue una sabia incorporación, porque actuó como un elemento importante de presión sobre el Congreso para sancionar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Ojalá hubiéramos tenido una cláusula transitoria de esta naturaleza en lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia, para evitar que sigan cajoneados los diferentes proyectos presentados por distintos legisladores en ambas Cámaras del Congreso para reglamentar esta figura.
El hecho es que esta cláusula transitoria actuó como un elemento importante en la construcción de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El gran debate era cómo se lograba el equilibrio, cómo se haría una ponderación entre los órganos resultantes de la voluntad popular, los jueces, los abogados y la incorporación de las personalidades del ámbito científico y académico.
Fue extremadamente trabajoso conseguir un acuerdo. Hubo much√≠simas dificultades; incluso, criterios contrapuestos entre la C√°mara de Diputados, que algunos de nosotros integr√°bamos en esos d√≠as, y el Senado de la Naci√≥n. Porque el Senado de la Naci√≥n de aquellos d√≠as ‚ÄĒno √©ste‚ÄĒ quer√≠a conservar su poder en el proceso de designaci√≥n de los jueces. Sosten√≠a, por ejemplo, que el Senado ten√≠a que nombrar a las personalidades del √°mbito cient√≠fico y acad√©mico. Era una forma de tener poder, injerencia en la composici√≥n del √≥rgano.
Finalmente, se logró un acuerdo en Diputados, que fue trabajoso, entre las diferentes fuerzas políticas y bloques; las asociaciones vinculadas con la justicia, de jueces, abogados, y organizaciones de la sociedad civil. Diría que fue un acuerdo que se instrumentó como una verdadera política de Estado.
Cuando se logran esos consensos, lo mejor es mantenerlos y respetarlos, porque son los que le dan perdurabilidad a las instituciones a lo largo del tiempo. He aprendido que cuando se empieza a cambiar la composici√≥n de los integrantes de las instituciones, entra la manipulaci√≥n, y ejemplos tenemos varios. En la d√©cada de los 90, tenemos uno de mucha resonancia, que fue el aumento del n√ļmero de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n para que el gobierno de aquel entonces designara a la mayor√≠a de los integrantes de ese tribunal.
En estos días, este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una intencionalidad política, porque se trata de dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la mayoría política; otro, el del equilibrio. Son los dos caminos que acá se han planteado. Tengo miedo de que el ejemplo de manipulación que pase a la historia de esta década sea precisamente este, como en los 90 pasó a la historia el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si uno busca el significado de la palabra ‚Äúequilibrio‚ÄĚ y recurre al diccionario de la Realdad Academia Espa√Īola, tenemos que equilibro se define como ‚Äúcontrapeso, contrarresto, armon√≠a entre cosas diversas‚ÄĚ; ‚Äúecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios‚ÄĚ.
La doctrina ‚ÄĒy en este aspecto, cito a Linares Quintana, en su obra La Constituci√≥n Interpretada‚ÄĒ ha se√Īalado que las palabras que emplea la Constituci√≥n deben entenderse en su sentido general y com√ļn.
‚ÄĒ Ocupa la Presidencia el se√Īor presidente del H. Senado, licenciado 
Daniel O. Scioli.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n ha sostenido en sus fallos que la primera fuente de interpretaci√≥n de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, es decir, en el que tienen en la vida diaria. Esto consta, por ejemplo, en un fallo de 1944, caratulado "Picardo vs. Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional".
La palabra ‚Äúequilibrio‚ÄĚ, sin duda, es la central del debate de hoy. Y tambi√©n fue la palabra central del debate de la ley 24.937. ¬ŅQu√© se dijo en aquellos d√≠as? Perm√≠tanme reproducir una cita del se√Īor senador Yoma de marzo de 1996, en esas idas y venidas tendientes a sancionar este proyecto de ley.
Entonces, el senador Yoma dec√≠a lo mismo que yo acabo de se√Īalar. √Čl tomaba el diccionario de la Real Academia y dec√≠a que equilibrio es contrapeso, contrarresto, armon√≠a entre cosas diversas.
Seguidamente, el senador Yoma dec√≠a lo siguiente: Esto es lo que buscamos respecto del dise√Īo legislativo del Consejo de la Magistratura: la armon√≠a entre los diversos √≥rganos, procurando el equilibrio, tal como nos encomendaran los constituyentes de Santa Fe. Ese era el mandato del constituyente y que est√° aqu√≠.
Por lo tanto, equilibrio es contrapeso, armonía. Podría decirse que cuando la representación de los legisladores asciende a 8 y la de los abogados y los jueces permanece en 4, no se respetaría el equilibrio que se está destacando. Pero ello no es así, porque cuando se analiza la composición de la representación del Senado y de los diputados, se advierte que en ambas cámaras el oficialismo está representado por dos senadores y dos diputados y a las dos primeras minorías se asigna uno a cada una.
De esta manera, se logró una configuración pluralista y un adecuado balance entre el oficialismo y la oposición, manteniéndose entre ellos el equilibrio que reclama la Constitución.
Sobre este punto, nuevamente acudo al senador Yoma, quien dijo textualmente que los 8 legisladores que representan al Congreso corresponden 4 por cada C√°mara, de los cuales 2 ser√°n a propuesta de la mayor√≠a de cada una de ellos y uno por cada minor√≠a, cuidando que haya la mayor pluralidad posible en la representaci√≥n del Congreso. Por eso, en la b√ļsqueda de un mayor equilibrio, se puso mayor√≠a, primera minor√≠a y segunda minor√≠a, porque se trataba de cumplir el equilibrio y la pluralidad.
El diputado Pichetto, en estos debates, también dijo lo siguiente: en cuanto a la integración del Consejo, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. Esto es lo que decía en los debates del 12 y del 13 de marzo de 1997.
Por lo tanto, el hallazgo de la ley vigente es haber logrado una ponderada compensación entre los 4 sectores a los cuales se confiere el gobierno del Consejo: los políticos, los jueces, los abogados y los académicos.
Los pol√≠ticos, en un Consejo de 20, son 9. ¬ŅCu√°nto es 9 sobre 20? El 45 por ciento. Entonces, no tienen la mayor√≠a. A esto hay que agregarle 4 jueces y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n que preside el √≥rgano ‚ÄĒes decir, 5 magistrados‚ÄĒ, 4 abogados y 2 acad√©micos.
El sector más representado es el político, con 45 por ciento. Pero el equilibrio y la ponderación están dados por el hecho de que ese sector no tiene la mayoría, sino solo 45 por ciento. De modo tal que aunque todos sus integrantes estuvieran de acuerdo no lograrían la mayoría necesaria para decidir.
Es bueno tambi√©n citar y traer a la memoria las expresiones del doctor Enrique Paixao, miembro informante de la mayor√≠a del N√ļcleo de Coincidencias B√°sicas junto con el doctor Alberto Garc√≠a Lema.
Paixao dec√≠a en esos d√≠as lo siguiente: La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoci√≥n de los magistrados respecto de los cuales se registren actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administraci√≥n de la cosa judicial. Mientras los jueces desempe√Īan su funci√≥n espec√≠fica, que es la de resolver casos contenciosos, a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideraci√≥n.
Más adelante decía: En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero que simultáneamente, por la participación de los propios jueces en el gobierno de la Magistratura, y por la participación de estamentos vinculados con la actividad forense, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo.
Esto es lo que querían los constituyentes y era el reclamo de la sociedad cuando se sancionó la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Los que estábamos en el Congreso por aquellos días conocíamos ese reclamo de la ciudadanía: despolitizar a la Justicia y disminuir la influencia de la política en la judicatura
Otro elemento que realimenta esta lógica del pluralismo en el Consejo es el quórum agravado para la toma de resoluciones sobre la selección de los jueces, su acusación y la sanción de los magistrados. En todos esos casos se requieren los dos tercios de los miembros.
Y a esto hay que agregar que el qu√≥rum para sesionar tambi√©n es agravado. Es m√°s de la mitad, son doce miembros los que se requieren para que el cuerpo pueda deliberar, porque lo que siempre se busc√≥ es que no haya posibilidad de que grupo alguno domine el Consejo. Y por lo menos hasta ahora, ning√ļn oficialismo pudo imponer su criterio y ordenar una designaci√≥n o una acusaci√≥n. Ese fue el verdadero logro del Consejo, ese fue el cumplimiento de la estrategia del constituyente.
El senador Yoma, en el debate que he mencionado, concuerda con nuestro criterio y dice: Consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros; es decir, que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto, o no controle por sí mismo al Consejo de la Magistratura.
El diputado Pichetto en estos debates, coincidentemente, expres√≥ que el equilibrio implica que ning√ļn sector debe tener predominio sobre el otro. Un mensaje para todos los que me est√°n escuchando: por encima de la pasi√≥n hay una realidad y esa realidad no resguarda la integridad del Poder Judicial. 
Me planto aquí; no considero necesario avanzar en el resto, porque el resto son circunstancias coyunturales. Acá, esa una circunstancia estructural.
Es cierto que este tipo de esquema de estructura no es para las estructuras presidencialistas, pero está en la Constitución. Si se vota favorablemente este proyecto, se está votando la realidad de un poder que existe y que no viabiliza solución alguna a lo largo de su desarrollo.
Al Poder Judicial hay que resguardarlo. Es garant√≠a de las minor√≠as. Es el l√≠mite del Poder Ejecutivo. Es el l√≠mite del Poder Legislativo. Es el √ļnico modo de resguardar la viabilidad de los distintos participantes. Si ello no ocurre, no hay garant√≠a y realmente tendremos que dar la cara al futuro de todas las situaciones que pueden plantearse cuando hay un poder conceptual, existente, cierto y r√≠gido. No hay posibilidades para el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Espero me hayan escuchado. Solamente alego el poder se√Īalar las diferencias. Se va a crear un esquema de poder de tal naturaleza que no tiene respuesta ni l√≠mites. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Curletti). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez D√≠ez. ‚ÄĒ Muchas gracias, se√Īora presidenta.
En primer lugar, quiero se√Īalar que hace casi doce horas que estamos sesionando. Creo que el tema que estamos abordando, que por su significaci√≥n es una de las leyes reglamentarias m√°s importantes de la Constituci√≥n Nacional, merece otra jerarqu√≠a en el momento del debate. 
L√≥gicamente, hay un cansancio por parte de todos los se√Īores senadores a esta altura de los acontecimientos, que hace que este tema no se pueda abordar ni con el debate o la participaci√≥n que la cuesti√≥n merece. Pero, bueno, tal vez se haya buscado este momento en forma ex profesa, porque ac√°, en realidad, se est√°n enfrentando dos visiones diferentes. Una visi√≥n es la que quiere que el Consejo de la Magistratura de la Naci√≥n sea controlado por las mayor√≠as pol√≠ticas. Este es un punto de vista. 
El otro punto de vista, al que adscribo y defiendo, es el consagrado en el art√≠culo 114 de la Constituci√≥n Nacional reformada en 1994, que fija un contexto de equilibrio y pluralismo. Y precisamente lo que quiso el constituyente cuando incorpor√≥ este instituto al texto constitucional fue resguardar a la Justicia de las mayor√≠as. Y a partir de all√≠, busc√≥ una equilibrada composici√≥n del Consejo, para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. Y este es el punto central, porque lo cierto es que ac√° no estamos debatiendo los muchos aspectos que, sin duda, se deben abordar para un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura como instituci√≥n. Aqu√≠ estamos abordando el n√ļcleo central que se refiere a cu√°l es la composici√≥n del Consejo, porque lo que se contraponen son estas dos visiones que he referido: la del control por la mayor√≠a, y la de la pluralidad y el equilibrio. Esta es, dig√°moslo, la cuesti√≥n de fondo.
No estamos haciendo un listado de aquellos aspectos en los cuales el Consejo es perfectible, que sin duda, son muchos. Aqu√≠ estamos apuntando al coraz√≥n mismo de la cuesti√≥n. 
Debemos se√Īalar que en 1994, cuando se reuni√≥n la Convenci√≥n Constituyente, exist√≠a un fuerte reclamo de la sociedad por revertir el deterioro de la Justicia y la injerencia de la pol√≠tica en ese poder. Hab√≠a un reclamo de la sociedad de mejorar el criterio de selecci√≥n de los jueces, reduciendo la intervenci√≥n pol√≠tica. Porque hasta ese momento ‚ÄĒy debemos decirlo con franqueza‚ÄĒ, las vacantes judiciales se repart√≠an entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que daba los acuerdos. 
Lo que se plante√≥ en aquel momento fue cambiar ese sistema por uno que garantizara objetividad en la selecci√≥n de los candidatos. Y por eso, se incorpora el Consejo de la Magistratura a la Constituci√≥n, como una instituci√≥n fundamentalmente de origen europeo. Est√° el ejemplo de Italia y de Espa√Īa, aun cuando en esos pa√≠ses tiene una especial prevalencia el peso del segmento judicial en su composici√≥n.
Esta instituci√≥n fue receptada de manera pionera en 1957, casualmente, por la Constituci√≥n de la provincia de la se√Īora presidenta, que es la provincia del Chaco que, como un dato singular, le incorpora al Consejo la presencia del estamento pol√≠tico al lado de los jueces y de los abogados.
La instituci√≥n es incorporada al N√ļcleo de Coincidencias B√°sicas,y de esa forma, se vota de manera conjunta con ese N√ļcleo en 1994.
El art√≠culo 114 dispone que una ley especial, sancionada por una mayor√≠a agravada, ser√° la que va a organizar el Consejo y la Constituci√≥n fija las grandes pautas a las cuales deber√° adecuarse esa ley. Y esas grandes pautas est√°n establecidas en el art√≠culo 114, que dice que el Consejo ser√° integrado peri√≥dicamente de modo que se procure el equilibrio. Y ese es el centro de la cuesti√≥n. Todo el debate gira en torno del equilibrio; el equilibrio entre la representaci√≥n de los √≥rganos pol√≠ticos, resultantes de la elecci√≥n popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matr√≠cula federal. Dice tambi√©n: "Ser√° integrado, asimismo, por otras personas del √°mbito acad√©mico y cient√≠fico, en el n√ļmero y la forma que indique la ley". Este es el mandato de la Constituci√≥n.
El constituyente, además de incluir el artículo 114, incorpora una cláusula transitoria, la décimotercera, que dice que con el sistema anterior de la Constitución, se pueden nombrar jueces hasta 360 días después de que esté vigente la reforma. A partir de ese momento, los magistrados sólo pueden designarse por el nuevo procedimiento previsto por la Constitución.
Está cláusula transitoria fue una sabia incorporación, porque actuó como un elemento importante de presión sobre el Congreso para sancionar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Ojalá hubiéramos tenido una cláusula transitoria de esta naturaleza en lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia, para evitar que sigan cajoneados los diferentes proyectos presentados por distintos legisladores en ambas Cámaras del Congreso para reglamentar esta figura.
El hecho es que esta cláusula transitoria actuó como un elemento importante en la construcción de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El gran debate era cómo se lograba el equilibrio, cómo se haría una ponderación entre los órganos resultantes de la voluntad popular, los jueces, los abogados y la incorporación de las personalidades del ámbito científico y académico.
Fue extremadamente trabajoso conseguir un acuerdo. Hubo much√≠simas dificultades; incluso, criterios contrapuestos entre la C√°mara de Diputados, que algunos de nosotros integr√°bamos en esos d√≠as, y el Senado de la Naci√≥n. Porque el Senado de la Naci√≥n de aquellos d√≠as ‚ÄĒno √©ste‚ÄĒ quer√≠a conservar su poder en el proceso de designaci√≥n de los jueces. Sosten√≠a, por ejemplo, que el Senado ten√≠a que nombrar a las personalidades del √°mbito cient√≠fico y acad√©mico. Era una forma de tener poder, injerencia en la composici√≥n del √≥rgano.
Finalmente, se logró un acuerdo en Diputados, que fue trabajoso, entre las diferentes fuerzas políticas y bloques; las asociaciones vinculadas con la justicia, de jueces, abogados, y organizaciones de la sociedad civil. Diría que fue un acuerdo que se instrumentó como una verdadera política de Estado.
Cuando se logran esos consensos, lo mejor es mantenerlos y respetarlos, porque son los que le dan perdurabilidad a las instituciones a lo largo del tiempo. He aprendido que cuando se empieza a cambiar la composici√≥n de los integrantes de las instituciones, entra la manipulaci√≥n, y ejemplos tenemos varios. En la d√©cada de los 90, tenemos uno de mucha resonancia, que fue el aumento del n√ļmero de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n para que el gobierno de aquel entonces designara a la mayor√≠a de los integrantes de ese tribunal.
En estos días, este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una intencionalidad política, porque se trata de dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la mayoría política; otro, el del equilibrio. Son los dos caminos que acá se han planteado. Tengo miedo de que el ejemplo de manipulación que pase a la historia de esta década sea precisamente este, como en los 90 pasó a la historia el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si uno busca el significado de la palabra ‚Äúequilibrio‚ÄĚ y recurre al diccionario de la Realdad Academia Espa√Īola, tenemos que equilibro se define como ‚Äúcontrapeso, contrarresto, armon√≠a entre cosas diversas‚ÄĚ; ‚Äúecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios‚ÄĚ.
La doctrina ‚ÄĒy en este aspecto, cito a Linares Quintana, en su obra La Constituci√≥n Interpretada‚ÄĒ ha se√Īalado que las palabras que emplea la Constituci√≥n deben entenderse en su sentido general y com√ļn.
‚ÄĒ Ocupa la Presidencia el se√Īor presidente del H. Senado, licenciado 
Daniel O. Scioli.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n ha sostenido en sus fallos que la primera fuente de interpretaci√≥n de la ley es su letra y que las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, es decir, en el que tienen en la vida diaria. Esto consta, por ejemplo, en un fallo de 1944, caratulado "Picardo vs. Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante Nacional".
La palabra ‚Äúequilibrio‚ÄĚ, sin duda, es la central del debate de hoy. Y tambi√©n fue la palabra central del debate de la ley 24.937. ¬ŅQu√© se dijo en aquellos d√≠as? Perm√≠tanme reproducir una cita del se√Īor senador Yoma de marzo de 1996, en esas idas y venidas tendientes a sancionar este proyecto de ley.
Entonces, el senador Yoma dec√≠a lo mismo que yo acabo de se√Īalar. √Čl tomaba el diccionario de la Real Academia y dec√≠a que equilibrio es contrapeso, contrarresto, armon√≠a entre cosas diversas.
Seguidamente, el senador Yoma dec√≠a lo siguiente: Esto es lo que buscamos respecto del dise√Īo legislativo del Consejo de la Magistratura: la armon√≠a entre los diversos √≥rganos, procurando el equilibrio, tal como nos encomendaran los constituyentes de Santa Fe. Ese era el mandato del constituyente y que est√° aqu√≠.
Por lo tanto, equilibrio es contrapeso, armonía. Podría decirse que cuando la representación de los legisladores asciende a 8 y la de los abogados y los jueces permanece en 4, no se respetaría el equilibrio que se está destacando. Pero ello no es así, porque cuando se analiza la composición de la representación del Senado y de los diputados, se advierte que en ambas cámaras el oficialismo está representado por dos senadores y dos diputados y a las dos primeras minorías se asigna uno a cada una.
De esta manera, se logró una configuración pluralista y un adecuado balance entre el oficialismo y la oposición, manteniéndose entre ellos el equilibrio que reclama la Constitución.
Sobre este punto, nuevamente acudo al senador Yoma, quien dijo textualmente que los 8 legisladores que representan al Congreso corresponden 4 por cada C√°mara, de los cuales 2 ser√°n a propuesta de la mayor√≠a de cada una de ellos y uno por cada minor√≠a, cuidando que haya la mayor pluralidad posible en la representaci√≥n del Congreso. Por eso, en la b√ļsqueda de un mayor equilibrio, se puso mayor√≠a, primera minor√≠a y segunda minor√≠a, porque se trataba de cumplir el equilibrio y la pluralidad.
El diputado Pichetto, en estos debates, también dijo lo siguiente: en cuanto a la integración del Consejo, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. Esto es lo que decía en los debates del 12 y del 13 de marzo de 1997.
Por lo tanto, el hallazgo de la ley vigente es haber logrado una ponderada compensación entre los 4 sectores a los cuales se confiere el gobierno del Consejo: los políticos, los jueces, los abogados y los académicos.
Los pol√≠ticos, en un Consejo de 20, son 9. ¬ŅCu√°nto es 9 sobre 20? El 45 por ciento. Entonces, no tienen la mayor√≠a. A esto hay que agregarle 4 jueces y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n que preside el √≥rgano ‚ÄĒes decir, 5 magistrados‚ÄĒ, 4 abogados y 2 acad√©micos.
El sector más representado es el político, con 45 por ciento. Pero el equilibrio y la ponderación están dados por el hecho de que ese sector no tiene la mayoría, sino solo 45 por ciento. De modo tal que aunque todos sus integrantes estuvieran de acuerdo no lograrían la mayoría necesaria para decidir.
Es bueno tambi√©n citar y traer a la memoria las expresiones del doctor Enrique Paixao, miembro informante de la mayor√≠a del N√ļcleo de Coincidencias B√°sicas junto con el doctor Alberto Garc√≠a Lema.
Paixao dec√≠a en esos d√≠as lo siguiente: La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoci√≥n de los magistrados respecto de los cuales se registren actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administraci√≥n de la cosa judicial. Mientras los jueces desempe√Īan su funci√≥n espec√≠fica, que es la de resolver casos contenciosos, a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideraci√≥n.
Más adelante decía: En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero que simultáneamente, por la participación de los propios jueces en el gobierno de la Magistratura, y por la participación de estamentos vinculados con la actividad forense, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo.
Esto es lo que querían los constituyentes y era el reclamo de la sociedad cuando se sancionó la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Los que estábamos en el Congreso por aquellos días conocíamos ese reclamo de la ciudadanía: despolitizar a la Justicia y disminuir la influencia de la política en la judicatura
Otro elemento que realimenta esta lógica del pluralismo en el Consejo es el quórum agravado para la toma de resoluciones sobre la selección de los jueces, su acusación y la sanción de los magistrados. En todos esos casos se requieren los dos tercios de los miembros.
Y a esto hay que agregar que el qu√≥rum para sesionar tambi√©n es agravado. Es m√°s de la mitad, son doce miembros los que se requieren para que el cuerpo pueda deliberar, porque lo que siempre se busc√≥ es que no haya posibilidad de que grupo alguno domine el Consejo. Y por lo menos hasta ahora, ning√ļn oficialismo pudo imponer su criterio y ordenar una designaci√≥n o una acusaci√≥n. Ese fue el verdadero logro del Consejo, ese fue el cumplimiento de la estrategia del constituyente.
El senador Yoma, en el debate que he mencionado, concuerda con nuestro criterio y dice: Consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de que un sector no predomine sobre los otros; es decir, que uno de los sectores mencionados no ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto, o no controle por sí mismo al Consejo de la Magistratura.
El diputado Pichetto en estos debates, coincidentemente, expres√≥ que el equilibrio implica que ning√ļn sector debe tener predominio sobre el otro. 
Dec√≠a que el concepto de equilibrio es el de contrapeso, donde ning√ļn sector que integra el Consejo de la Magistratura tiene predominio sobre el otro. Agregaba que esta f√≥rmula ha sido lograda despu√©s de mucho esfuerzo, con un arduo y largo trabajo de consenso. Precisaba creer que en el verdadero concepto de equilibrio ‚ÄĒy aqu√≠ est√° muy bien logrado con la integraci√≥n que se propone‚ÄĒ no predomina ning√ļn sector sobre el otro: ning√ļn sector puede lograr qu√≥rum propio.
Veamos ahora el perfil de la reforma con la que se nos embiste. Ac√° se disminuye el n√ļmero de miembros de veinte a trece. Esta decisi√≥n parece atractiva, ¬Ņno?: desde el punto de vista del marketing pol√≠tico, reducir algo siempre parece bueno. Sin embargo, ¬Ņcu√°l es la intencionalidad de la reducci√≥n? 
Bueno; ac√°, para comenzar hab√≠amos dicho que el segmento pol√≠tico en la integraci√≥n actual del Consejo tiene el 45 por ciento de la representaci√≥n. Si reducimos el n√ļmero a 13, la presencia del sector pol√≠tico se eleva del 45 al 53,87 por ciento, es decir, casi al 54. El poder de los pol√≠ticos crece, pues, a costa de los otros sectores. Detr√°s del maquillaje de marketing se observa claramente que este mayor poder se logra a expensas del quiebre del conjunto. De los siete pol√≠ticos ‚ÄĒtres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo‚ÄĒ s√≥lo uno por cada C√°mara corresponde a la primera minor√≠a. Eliminamos de cuajo la segunda minor√≠a, con lo cual afectamos la pluralidad.
Ahora vamos a la representaci√≥n directamente controlada por el gobierno. Una cosa es tener cinco miembros en un cuerpo de veinte ‚ÄĒdos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo‚ÄĒ, cinco sobre veinte representan el 25 por ciento. Y otra cosa es tener cinco en un cuerpo de trece, ya que ello representa el 38,46 por ciento, casi el 39 por ciento; es decir, m√°s de un tercio.
Piensen ustedes: supongamos una sesi√≥n del Consejo. Est√°n presentes todos sus miembros, es decir, trece. Hay que tomar decisiones con dos tercios de los votos. ¬ŅCu√°ntos votos necesitamos? Necesitamos 9 votos.
Sr. Guinle. ‚ÄĒ ¬ŅMe permite una interrupci√≥n?
Sr. Presidente. ‚ÄĒ El senador Guinle le solicita una interrupci√≥n, ¬Ņse la concede?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, se√Īor presidente.
Sr. Presidente. ‚ÄĒ Para una interrupci√≥n, tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. ‚ÄĒ ¬ŅCon cu√°ntos miembros presentes, senador? Porque los dos tercios son de los miembros presentes.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Supongamos que est√©n todos.
Sr. Guinle. ‚ÄĒ ¬°Ah, est√° suponiendo que est√°n todos! Suponiendo que el oficialismo, en realidad, tenga composici√≥n mayoritaria en las dos C√°maras. Digo esto, porque en el gobierno de la Alianza el Senado hubiese puesto dos miembros del oficialismo o de la mayor√≠a que no iban a ser oficialismo del gobierno; pero, bueno... Adelante, adelante.
Sr. Presidente. ‚ÄĒ Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Hago un ejercicio con la realidad actual, en todo caso. Si quiere que analicemos el tema de la Alianza volvemos a la Alianza; pero revisemos la realidad. En la realidad se da generalmente que el oficialismo controla la mayor√≠a de las C√°maras legislativas. El gobierno de la Alianza, en todo caso, fue la excepci√≥n; y fue la excepci√≥n tambi√©n en este Senado. De hecho, tal vez esa situaci√≥n an√≥mala en ese Senado llev√≥ a algunos errores que todos conocemos; pero este no es el tema.
Vamos a suponer que est√°n los trece miembros del Consejo de la Magistratura. El oficialismo controla a cinco. Con cinco miembros el oficialismo tiene capacidad de bloqueo, porque los dos tercios son nueve votos. Sin el concurso del oficialismo nunca se alcanzar√≠a la mayor√≠a de los dos tercios. Es decir, el oficialismo logra un control ‚ÄĒun derecho de veto o de bloqueo‚ÄĒ tanto en la conformaci√≥n de ternas de los jueces como en el caso de la acusaci√≥n de los magistrados; y no pongo como ejemplo el caso de la falta disciplinaria, porque ac√° estamos bajando la mayor√≠a agravada para aplicar sanciones disciplinarias a una mayor√≠a simple. 
Sr. Presidente. ‚ÄĒ La se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner le solicita una interrupci√≥n, ¬Ņse la concede?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Con todo gusto. 
Sr. Presidente. ‚ÄĒ Tiene la palabra la se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner.
Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ Usted, se√Īor senador G√≥mez Diez, estuvo presente, si no recuerdo mal, en todas las reuniones de comisi√≥n en su car√°cter de miembro de la Comisi√≥n de Justicia. El fundamento que se sostuvo para fijar una mayor√≠a agravada en el caso de selecci√≥n y destituci√≥n de los jueces fue dar una mayor garant√≠a de procedimiento en cuanto a que ning√ļn sector va a poder manejar esos temas. 
¬ŅQu√© sugiere usted, entonces? ¬ŅQu√© en lugar de dos tercios establezcamos mayor√≠a absoluta tambi√©n para tomar esas decisiones? Porque si el argumento fuera ese, entre la oposici√≥n y los estamentos podr√≠an determinar la selecci√≥n y la destituci√≥n de los jueces. Entonces, ser√≠a cierto que no lo manejar√≠a el oficialismo, sino la oposici√≥n y los estamentos. 
¬ŅQu√© dice usted? ¬ŅQue lo controle la oposici√≥n y los estamentos, suponiendo que todos estar√°n presentes en las reuniones y que, adem√°s, el oficialismo vota como usted est√° diciendo? Usted sabe, porque lo hemos le√≠do en las reuniones de comisi√≥n, que la Presidencia de la comisi√≥n se tom√≥ el trabajo de analizar los resultados de las votaciones de absolutamente todas las decisiones que se adoptaban en el Consejo de la Magistratura y advertimos, ¬°oh, sorpresa! ‚ÄĒ surprise, para reiterar un poco las intervenciones en ingl√©s realizadas en el d√≠a de hoy, que han resultado tan llamativas para el se√Īor senador por Mendoza‚ÄĒ que los que votaban m√°s corporativamente eran los jueces y no los pol√≠ticos, que eran los que votan m√°s distinto. Por ello, ¬Ņsobre qu√© hacemos las hip√≥tesis? ¬ŅSobre lo que creemos que puede pasar o sobre las cosas que efectivamente han sucedido con comportamientos concretos y en casos espec√≠ficos?
Sr. Presidente. ‚ÄĒ Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Yo le voy a contestar sus dos inquietudes, se√Īora senadora. 
En primer lugar, soy partidario de la mayoría agravada, porque se trata de decisiones importantes.
Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ ¬ŅLos dos tercios?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, los dos tercios, tanto para constituir temas, como para acusar y para aplicar sanciones disciplinarias. Porque eso da m√°s garant√≠a a los jueces y al Poder Judicial de la Naci√≥n; y la sabidur√≠a de la composici√≥n que tiene actualmente el Consejo es que es un n√ļmero con el cual no hay capacidad de bloqueo, como s√≠ ocurrir√≠a en el caso de trece miembros. 
Adem√°s, me voy a referir a otro tema. Ac√° se hizo referencia a una situaci√≥n an√≥mala, no com√ļn. Se mencion√≥ al gobierno de la Alianza, que ten√≠a una situaci√≥n particular en el Congreso de la Naci√≥n, sobre todo en este Senado. En ese sentido, les dir√≠a que para examinar por lo menos la forma de votaci√≥n del estamento pol√≠tico no va a encontrar una situaci√≥n normal, sino una situaci√≥n peculiar que es producto de una circunstancia interna del oficialismo, que llev√≥ a que los representantes de la C√°mara de Diputados no fueran la expresi√≥n de la voluntad del gobierno. Por el contrario, plantearon puntos de vista...
Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ Se√Īor presidente:...
Sr. Presidente. ‚ÄĒ ¬ŅLe concede una interrupci√≥n a la se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠. 
Sr. Presidente. ‚ÄĒ Para una interrupci√≥n, tiene la palabra la se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner. 
Sra. Fern√°ndez de Kirchner. ‚ÄĒ Lo que usted plantea es resultado de la pol√≠tica. Cuando hay diferencias internas en un partido pol√≠tico no es un problema del peronismo, si discuten los peronistas; o del radicalismo, si discuten los radicales; o del partido al que usted pertenezca. Ese es un problema de la pol√≠tica, porque somos representantes pol√≠ticos. O sea, plantear que esto obedece a la divisi√≥n pol√≠tica, cuando los representantes pol√≠ticos votan de una u otra manera, es plantear la negaci√≥n de la pol√≠tica. 
Por un lado, critica cuando votan todos igual y, por el otro, dice que, en realidad, cuando votan diferente lo hacen de ese modo por cuestiones políticas. El ejercicio de la política es diferir o acordar, aun cuando pertenezcamos a un mismo partido político. Pero lo que usted plantea como sintomatología, tal vez se deba al origen de los partidos que no tuvieron quizá raigambre popular, que no son partidos populares y democráticos en su origen sino que han nacido precisamente de procesos no democráticos.
Para quienes participamos desde partidos populares y democr√°ticos y creemos qu

Sr. Presidente (L√≥pez Arias). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: en primer lugar, como representante de una provincia me interesa dejar en claro cu√°les son las mayor√≠as agravadas que se requieren para prorrogar la asignaci√≥n espec√≠fica de determinados impuestos. 
El art√≠culo 75 inciso 2, en su √ļltima parte dice, textualmente, lo siguiente: "Las contribuciones previstas en este inciso, con excepci√≥n de la parte o el total de las que tengan asignaci√≥n espec√≠fica, son coparticipables". Vale decir que la regla general es que todos los impuestos se coparticipan en la proporci√≥n establecida por la Ley de Coparticipaci√≥n Federal de Impuestos vigente.
A continuación, la Constitución en el artículo 75, inciso 3), dice: "Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".
Por lo tanto, en primer lugar, tiene que quedar en claro que "prorrogar" es volver a establecer, ya que el inciso 3) del mencionado artículo dice claramente que las asignaciones específicas son por tiempo determinado. En consecuencia, cuando las mismas vencen y se da el caso de una prórroga, sería un nuevo establecimiento de esa asignación específica.
Adem√°s, la Constituci√≥n habla de una ley especial. ¬ŅPor qu√©? Porque la mayor√≠a es agravada, son la totalidad de los miembros de cada C√°mara.
Y este tema fue objeto de un intento de tratamiento en la Convención Constituyente de 1994. En esa ocasión, presidía la Comisión de Competencia y Regímenes Federales el actual senador por La Pampa Rubén Marín.
En ese sentido, es √ļtil recurrir a los diarios de sesiones de la Convenci√≥n Constituyente. En el del 4 de agosto de 1994, en la p√°gina 3175 est√°n consignadas las manifestaciones del convencional Mar√≠n, las que con autorizaci√≥n de la Presidencia pasar√© a leer.
Decía en esos días el convencional Marín: " A partir de esta reforma, con la totalidad de los impuestos directos o indirectos que recauda la Nación se integrará la masa o la bolsa coparticipable.
La regla de la integralidad admite una excepción; me refiero a las asignaciones específicas, para las que se exige un fin, un tiempo de duración determinado y que sean instituidas mediante una ley especial del Congreso.
Por razones de prudencia política, el dictamen ha mantenido el instituto de las asignaciones específicas bajo las condiciones que se dijeron: tiempo determinado, mayoría especial y fin específico. Esto obedece a que se reconoce la importancia de ellas como instrumento de política activa ante situaciones especiales y, además, porque clausurar la posibilidad de su instrumentación consagraría un sistema realmente rígido".
P√°rrafos m√°s adelante agrega Mar√≠n: "Del an√°lisis del conjunto de las reformas constitucionales vinculadas con la materia en an√°lisis surgen palmariamente las siguientes garant√≠as. El tema tributario no es materia para el dictado de decretos de necesidad y urgencia; la creaci√≥n de tributos puede alcanzarse por simple mayor√≠a del Congreso de la Naci√≥n pero la afectaci√≥n y distribuci√≥n de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayor√≠a calificada pues creemos que as√≠ se da transparencia a las asignaciones espec√≠ficas que se sacan de las masas coparticipables; no habr√° afectaciones espec√≠ficas sin una ley especial del Congreso, norma con la que evitaremos que a veces aparezcan en el presupuesto nacional algunas disposiciones que, a lo mejor, nuestros diputados y senadores no las vean en su momento pero que s√≠ tienen determinaciones que en nuestro concepto necesitan de una ley especial‚ÄĚ.
Por lo tanto, los requisitos en materia de asignación específica son los que plantea con claridad el texto constitucional: duración por tiempo determinado; una finalidad expresa; y que sean instituidas por ley especial, que se vota con la mayoría agravada que prescribe la Constitución.
Formulo esta aclaración porque este tema ha sido objeto de debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, el presidente de ese cuerpo ha sentado un curioso criterio, que no está en la Constitución Nacional, en el sentido de que los impuestos que tienen asignación específica se pueden aprobar por mayoría simple. Esto no está en la Constitución: la garantía; la protección de las provincias es la mayoría agravada que prevé el texto constitucional.
Tambi√©n quiero traer a colaci√≥n el Reglamento del Senado. El art√≠culo 209 dice: "El voto de la mayor√≠a absoluta de los senadores presentes [es lo que tiene que registrarse], en qu√≥rum legal, hace decisi√≥n, salvo los casos en que la Constituci√≥n Nacional u otra norma exija mayor√≠a especiales o bases de c√≥mputo diferentes, seg√ļn que deba tomarse en cuenta la totalidad de los miembros del Cuerpo o s√≥lo de los presentes. Se indicar√° en actas el resultado de cada votaci√≥n...". Esto, porque ac√° hay una exigencia de una mayor√≠a especial, que es la mayor√≠a absoluta de la totalidad de los miembros de cada C√°mara.
En la C√°mara de Diputados, dos art√≠culos ‚ÄĒlos 1ÔĀÖ y 2ÔĀÖ‚ÄĒ del proyecto que prorroga la vigencia del impuesto a las ganancias y de bienes personales tuvieron 128 votos, que no es la mayor√≠a constitucional; no es la mayor√≠a constitucional, m√°s all√° de las interpretaciones que quiera hacer el presidente de la C√°mara de Diputados de la Naci√≥n. Por lo tanto, las provincias tienen derecho a exigir que estos dos impuestos se coparticipen conforme los √≠ndices que marca la ley de coparticipaci√≥n federal de impuestos.
En esto hay que se√Īalar que existen doctrinas y fallos de la Corte que son tambi√©n muy claros, porque por ah√≠ he sentido decir a alguno: "Bueno; cada poder es int√©rprete de sus propias interpretaciones. Entonces, lo que dijo el presidente de la C√°mara de Diputados es la interpretaci√≥n de la Constituci√≥n." Eso no est√° as√≠ en el orden jur√≠dico argentino. En todo caso, el int√©rprete final de la Constituci√≥n es la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n, a la cual podr√°n concurrir las provincias que se sientan afectadas en su derecho. Sobre esto hay precedentes muy claros de la Corte. La Corte, en el caso Fayt, ha se√Īalado con claridad doctrina. All√≠ ha dicho que es de resorte de esta Corte juzgar la existencia y l√≠mites de las facultades privativas de otros Poderes [y agrega] y la excedencia de las atribuciones.
Entonces, es importante que dejemos a salvo los derechos de las provincias. De hecho, esta afectaci√≥n espec√≠fica puede ser declarada inv√°lida frente al planteo de un Estado federal por la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n, por no reunir las mayor√≠as constitucionales que son las que exige la letra de la Constituci√≥n y est√°n en su esp√≠ritu, como tan bien lo se√Īal√≥ el convencional Mar√≠n en su exposici√≥n ante la Convenci√≥n Constituyente. A prop√≥sito, vuelvo a traer a colaci√≥n las palabras del convencional Mar√≠n, que dec√≠a que la afectaci√≥n y distribuci√≥n de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayor√≠a calificada. Y tengamos en claro que, como siempre, las afectaciones espec√≠ficas son por tiempo determinado y cuando ese tiempo vence, la pr√≥rroga significa restablecer la asignaci√≥n espec√≠fica, lo que no puede interpretarse de otra manera. Todos tenemos que ajustarnos en esto a lo que marca la Constituci√≥n Nacional. 
Como dec√≠a Joaqu√≠n V. Gonz√°lez, la Constituci√≥n es la ley suprema para los gobernantes y para el pueblo, as√≠ en la paz como en la guerra, y cubre con el escudo de su protecci√≥n a toda clase de hombres, en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Se√Īalo esto con respecto a los derechos de nuestras provincias. 
Ac√° debemos dejar en claro que los porcentajes que establece la ley 23.548 son los siguientes: 43,34 por ciento para la Naci√≥n y 56,66 por ciento para las provincias. Si eso quiere disponerse de una manera distinta deber√° tramitarse una ley como Dios manda y lograrse la mayor√≠a absoluta en la C√°mara de Diputados de la Naci√≥n que prescribe el inciso 3) del art√≠culo 75; eventualmente, no s√© qu√© acontecer√° con la votaci√≥n en este cuerpo. Porque son esos dos art√≠culos del proyecto de ley que figura en el expediente 59/05 los que obtuvieron 128 votos en la C√°mara baja; me refiero a los art√≠culos 1ÔĀÖ y 2ÔĀÖ que, repito, establecen la pr√≥rroga en materia de los impuestos a las ganancias y de bienes personales.
Con respecto a esos dos impuestos, quiero se√Īalar que, en verdad, ha transcurrido bastante tiempo, algunos a√Īos, desde la crisis de fines del 2001, que nos tuvo tan preocupados. Pues bien, estamos por entrar en el a√Īo 2006. Luego de la devaluaci√≥n ha habido un fen√≥meno inflacionario, que es de cierta magnitud. Hay un crecimiento importante del costo de la vida, los precios minoristas aumentaron 72 por ciento y, en consecuencia, tambi√©n ha habido reajustes salariales y aumento del valor de las propiedades. Sin duda, hay que aumentar tambi√©n los m√≠nimos no imponibles. Me parece que esto es fundamental, pues los m√≠nimos no imponibles y las cargas de familia no han sido actualizados desde la √©poca de la convertibilidad y, por lo tanto, en la actualidad los valores han quedado totalmente desfasados con respecto al costo de la vida. Incluso, el universo sujeto a ese impuesto, en virtud de los sucesivos aumentos de salarios nominales, se ha incrementado, incluyendo a personas que antes no tributaban y que, parad√≥jicamente, hoy perciben salarios con menor poder adquisitivo. 
En el impuesto a los bienes personales ocurre algo semejante, ya que tampoco se ha modificado el m√≠nimo no imponible y todav√≠a se mantiene en 100 mil pesos, mientras que en la actualidad cualquier departamento o propiedad alcanza ese valor. 
Entonces, lo que yo pido al miembro informante de la mayor√≠a es que se actualicen los m√≠nimos no imponibles para que podamos, realmente, votar esta pr√≥rroga porque, realmente, es el momento en que el Congreso puede efectuar un control sobre esta falta de actualizaci√≥n por parte del Poder Ejecutivo nacional. 
Con relaci√≥n al expediente 60/05, que tiene que ver con el impuesto al cheque y algunos otros impuestos, voy a votar en forma favorable el art√≠culo 1ÔĀÖ, sobre la suspensi√≥n de la exenci√≥n de ganancias en el caso de reintegro a las exportaciones; el art√≠culo 3ÔĀÖ, sobre saldo de IVA; el art√≠culo 4ÔĀÖ, sobre impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, con las aclaraciones que ac√° se han formulado y con la nota que remiti√≥ el Ministerio de Econom√≠a de la Naci√≥n, que yo pido expresamente que se inserte en la versi√≥n taquigr√°fica, as√≠ queda constancia de ese documento y de ese compromiso que nos da tranquilidad a los legisladores del Norte.
Con respecto al impuesto a los d√©bitos y cr√©ditos bancarios, se trata de un impuesto importante. Recauda aproximadamente 9.300 millones de pesos. Este impuesto solamente se coparticipa a las provincias en un 30 por ciento. La raz√≥n de esa coparticipaci√≥n menor a las provincias, en su momento, fue la emergencia p√ļblica, que siempre est√° presente entre nosotros, a lo largo de esta sesi√≥n. Creo que el pa√≠s ha superado las situaciones que se daban en 2001, cuando se estableci√≥, primero, que este impuesto iba exclusivamente a las arcas nacionales, luego se dispuso que las provincias coparticipaban 30 por ciento. Creo que hemos llegado ya a una situaci√≥n en la que lo razonable es que este impuesto ingrese a la masa coparticipable y que las provincias tengan derecho al porcentaje que asigna la ley de coparticipaci√≥n federal de impuestos. As√≠ que yo solamente estoy dispuesto a votar la pr√≥rroga de este impuesto, en definitiva, si se respeta la ley de coparticipaci√≥n federal de impuestos.
Me parece que han desaparecido las razones de excepci√≥n que, en su momento, pudieron haber explicado una distribuci√≥n diferente de este impuesto. Esta es mi posici√≥n, se√Īor presidente, y de esta manera voy a votar los dos proyectos de ley que estamos considerando en este momento.

 

Sr. Presidente (Guinle).‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: me parece que este proyecto de ley ha sido redactado de una manera absolutamente apresurada por parte del Ministerio de Econom√≠a, ya que ha sido girado, pr√°cticamente, de urgencia a este Senado, con s√≥lo una p√°gina de fundamentos.
En verdad, esto requerir√≠a de otra redacci√≥n; si es que lo que buscamos es la protecci√≥n de los intereses del pa√≠s ante juicios que pudieran estar tramit√°ndose en el exterior por parte de los acreedores del Estado nacional. Digo esto porque ac√° se propone una pr√≥rroga integral de la ley 25.561 y como bien ha se√Īalado la senadora preopinante, la situaci√≥n no es la misma que la de 2002.
Es absolutamente diferente. Entonces, no entiendo c√≥mo, en este momento, podemos decir que, por ejemplo, el pa√≠s est√° en estado de emergencia administrativa, ya que esa situaci√≥n no existe en la realidad. 
Aqu√≠ tambi√©n se sostiene que el pa√≠s est√° en estado de emergencia financiera. Pregunto: si tenemos super√°vit presupuestario ¬Ņc√≥mo puede haber una emergencia de estas caracter√≠sticas? Se habla de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambio. ¬°Esta es una tarea que ya se ha realizado!
Tampoco se puede hablar de la reestructuraci√≥n de las obligaciones en curso de ejecuci√≥n afectadas por el nuevo r√©gimen cambiario que, en definitiva, es la devaluaci√≥n; o sea, una adecuaci√≥n que tambi√©n ya se ha concretado. 
Se habla de emergencia cambiaria, pero no observo en el pa√≠s un clima de zozobra que indique que se est√° por desatar una crisis en el mercado de cambio. 
Entonces, me parece que no estamos legislando sobre la realidad; creo que esto requiere de otra elaboración. Si el gobierno necesita una norma que proteja los intereses del país, estamos dispuestos a votarla, pero de una manera lógica y coherente.
Por otra parte, quiero se√Īalar que desde el punto de vista econ√≥mico no hay nada m√°s fuerte que la realidad. Aqu√≠ tengo cifras sobre la evoluci√≥n del producto bruto interno. Obviamente, en 2001 tuvimos una ca√≠da de 4,4 por ciento y en 2002, de 10,9 por ciento. El crecimiento comenz√≥ en 2003, con 8,9 por ciento en el producto bruto interno; en 2004, 9 por ciento y este a√Īo crecer√°, por lo menos, 8,6 por ciento; para el pr√≥ximo a√Īo, se estima un crecimiento de 6 por ciento. Por lo tanto, si comparamos el PBI con el del 98, hay un crecimiento de 5,2 por ciento.
Ahora bien, de lo que s√≠ podemos hablar es de la situaci√≥n de emergencia social que vive el pa√≠s. En efecto, el n√ļmero de pobres aument√≥ y hay una distribuci√≥n regresiva del ingreso.
Por ejemplo, en 1998, la pobreza en el Gran Buenos Aires era de 24,30 por ciento. Ahora, en 2005, es de 37,70 por ciento. 
Si miro el índice de indigencia del 98 en el Gran Buenos Aires, llega a 5,30 por ciento; y, ahora, a 12,60 por ciento. Ahí hay un aumento, un deterioro de la situación social.
Por lo tanto, no creo que el pa√≠s tenga una situaci√≥n de emergencia financiera, administrativa, cambiaria. Creo que esto es un problema cuya soluci√≥n es redactar realmente bien los instrumentos y hacer las cosas como corresponde; de lo contrario, vamos a caer en el camino de la incoherencia. Imagino al abogado que patrocina al acreedor de la Rep√ļblica Argentina en el exterior y al que le presentan una norma declarando una emergencia de estas caracter√≠sticas; se destruye f√°cilmente con los argumentos que he expuesto y, adem√°s, por el propio hecho de decir: ‚ÄúBueno, a ver, ¬Ņc√≥mo es la emergencia?‚ÄĚ 
En la misma sesi√≥n donde declaramos todas las clases de emergencia ‚ÄĒla administrativa, la financiera, la cambiaria, la econ√≥mica, la social‚ÄĒ, en esa misma reuni√≥n, resolvimos pagarle 10 mil millones de d√≥lares de contado efectivo anticipado al Fondo. Me parece que esto no es congruente. Creo que estamos en el camino de la incoherencia. 
Estamos en fin de a√Īo y desde el gobierno nos dicen que necesitan un instrumento, pero tampoco nos explican qu√© es lo que necesitan. Porque como nos mandan de fundamento una hoja y los funcionarios no vienen a explicarnos cu√°les son concretamente sus necesidades, no sabemos ya realmente qu√© legislar. A m√≠ me cuesta legislar la incoherencia. 
En esta situaci√≥n, mi propuesta es que venga el responsable de asuntos legales del Ministerio de Econom√≠a y proceda ac√°, ante quienes son las autoridades de las comisiones respectivas, de Presupuesto y Hacienda o de Econom√≠a, de modo que les explique qu√© es lo que necesita y redacten r√°pidamente un instrumento que tenga un sentido l√≥gico, que le sirva al pa√≠s y que lo votemos esta misma noche. Pero votar la incoherencia, creo que no conduce a ning√ļn lado.

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Se√Īor presidente: como dec√≠a reci√©n el senador Jaque, la Argentina es un pa√≠s extenso y, por lo tanto, no es homog√©neo; tiene diversas realidades de car√°cter regional. En el caso del Norte argentino, la sustentabilidad del modelo de producci√≥n agr√≠cola requiere la incorporaci√≥n de nutrientes al suelo, lo cual se logra mediante los fertilizantes, pero tambi√©n se necesita de un adecuado √≠ndice de rotaci√≥n de cultivos ‚ÄĒfundamentalmente entre la soja y el ma√≠z‚ÄĒ, que es muy bajo en el caso de nuestra provincia y, en general, de la regi√≥n, llegando al 6 √≥ 7 por ciento, cuando deber√≠a encontrarse entre el 30 √≥ 40 por ciento.

Y ello es as√≠, porque la producci√≥n de ma√≠z y la rotaci√≥n de cultivos se encuentran desalentadas por las retenciones que gravan el producto y, adem√°s, por la carencia de infraestructura de transporte que se registra en la regi√≥n. Al respecto necesitamos fundamentalmente abaratar el costo del flete ‚ÄĒque es el principal componente del precio de nuestros productos ‚ÄĒ para lo cual es esencial la reactivaci√≥n del ferrocarril Belgrano.

Por eso, quisiera se√Īalar que con este proyecto hoy estamos dando un paso en el sentido correcto. Pero tambi√©n quedan pendientes otros aspectos que no son menores, como son la rotaci√≥n de cultivos ‚ÄĒpara lo cual se requiere en el caso espec√≠fico del ma√≠z la eliminaci√≥n de las retenciones‚ÄĒ, y la adopci√≥n de decisiones pol√≠ticas imprescindibles para la regi√≥n en materia de transporte, sobre todo con relaci√≥n al ferrocarril Belgrano.

Sr. Presidente: Tiene la palabra el se√Īor Senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez: Se√Īor Presidente: en primer lugar, pedir√≠a que el se√Īor Secretario nos informe cu√°ntos dict√°menes hay, en qu√© sentido se han expedido y cu√°l es el n√ļmero de firmas que tiene cada uno de ellos.

Sr. Presidente: Por Secretaría se le hará saber.

Sr. Secretario: Existen tres dict√°menes: uno favorable, con cinco firmas; uno negativo, con tres firmas y el tercero, con una firma.

Sr. G√≥mez Diez: Muchas gracias, se√Īor Presidente.

Hab√≠a pedido esta aclaraci√≥n al Secretario porque me parece importante se√Īalar lo siguiente. Ac√° se ha dicho que hay un dictamen de mayor√≠a favorable a la designaci√≥n de la doctora Argibay y esto no es as√≠: hay tres dict√°menes de minor√≠a.

De un total de nueve se√Īores senadores que se han expedido, ac√° hay tres dict√°menes en minor√≠a. En la comisi√≥n no hay mayor√≠a favorable a la designaci√≥n de la doctora Argibay. Digo esto porque es un signo demostrativo de la pol√©mica que ha producido esta propuesta de designaci√≥n, no s√≥lo en el seno de este Cuerpo sino de la sociedad en su conjunto.

Este es un tema que nos parece importante. En otro momento de la sesión mencionaba la necesidad que tiene hoy el país de la construcción de coincidencias, de consensos. Estamos viviendo y venimos de una situación de fractura y de tensión que, por todos los medios, debemos tratar de atenuar construyendo caminos de diálogos y de reconstrucción. Debemos lograr puntos de encuentro para construir realmente el futuro del país.

Todos los días tenemos hechos de tensión que ponen de manifiesto esa fractura y esa fragmentación que hoy existe. De hecho, esta propuesta de designación es un jalón más en ese sentido. Hoy podríamos estar aprobando un pliego sin debate, un pliego en base a la coincidencia y al consenso, porque la Argentina tiene juristas - hombres y mujeres - de un enorme prestigio que podríamos estar designando con el acuerdo de todos; juristas reconocidos por la sociedad, con una producción científica importante. Ese hubiera sido hoy un punto de encuentro en este Senado de la Nación.

La doctora Argibay ha sido muy imprudente en sus declaraciones y en sus apreciaciones. El ejercicio de la funci√≥n p√ļblica requiere de la virtud de la prudencia, pero en los jueces la prudencia es imprescindible. Lo cierto es que ac√° la doctora Argibay ha producido declaraciones de todo tipo que nos han envuelto en la pol√©mica.

Comenzó por manifestarse como atea militante. La fe es un don de cada persona. Es algo privativo de cada uno de nosotros. En verdad, ésta fue una expresión muy poco respetuosa respecto de las personas que tienen fe, porque significa, en definitiva, militar en contra de Dios. Y como acá se ha expresado con acierto, en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, donde están los principios y los valores sobre los cuales se ha organizado el país, se invoca a Dios, fuente de toda razón y justicia. La doctora Argibay ha dicho que esto fue una ironía, y está claro que en la más alta magistratura de la Nación no caben las ironías. Lo que corresponde es la prudencia, el respeto y las expresiones medidas.

La doctora Argibay, estando ya propuesta para el cargo, ha emitido opiniones sobre temas que están a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el vinculado con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Ha dicho que expresaba esos puntos de vista como ciudadana, pero estaba ya propuesta para ocupara esa alta magistratura, lo que requería, evidentemente, de una actitud medida que no ha tenido, incurriendo nuevamente en una falta de prudencia.

Se ha manifestado a favor de la posibilidad del aborto respecto - dijo - de las jóvenes que hubieran quedado embarazadas por falta de conocimiento. Yo he escuchado a uno de los miembros informantes tocar el tema del aborto. Creo que la solución no está en segar la vida sino en el derecho a la educación sexual de todos y a la procreación responsable. No se soluciona la problemática de los embarazos no deseados segando la vida; se soluciona con educación y con acceso a la procreación responsable por parte de todos, y no solamente de los sectores pudientes o mejor educados de la sociedad, porque de lo contrario vamos a terminar con que esos sectores van a tener acceso a este tipo de educación y a estas posibilidades, mientras que los sectores más humildes serán los que terminen en el aborto, acabando con la vida.

No nos olvidemos de que esta pol√©mica en la cual hoy estamos ha llevado incluso al propio Santo Padre, al Papa Juan Pablo II, ha efectuar declaraciones en defensa del derecho a la vida, al recibir las cartas credenciales del embajador argentino ante la Santa Sede. All√≠, el Santo Padre entreg√≥ un mensaje en el cual expres√≥ con claridad: ‚ÄúEs preciso que el valor de la vida humana sea custodiado con esmero‚ÄĚ.

La posici√≥n anunciada por la doctora Argibay respecto al tema del tema del aborto toca valores muy sensibles a una mayor√≠a importante de la sociedad argentina, y prestar un acuerdo en el caso de la Corte Suprema implica tambi√©n examinar ese sistema de valores, porque es el Alto Tribunal de Justicia el que tiene la responsabilidad de ser el int√©rprete final de la Constituci√≥n y de las leyes. La legislaci√≥n ‚Äď ac√° se ha dicho ‚Äď es muy clara. El art√≠culo 75, inciso 23, de la Constituci√≥n Nacional establece la protecci√≥n del ni√Īo desde el embarazo.

Por su parte, el Pacto de San Jos√© de Costa Rica establece la protecci√≥n del derecho a la vida diciendo que este derecho estar√° protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci√≥n. Este Pacto tambi√©n restringe la posibilidad de aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas por una raz√≥n muy simple: en su seno hay vida. La Ley 23.849, que ratifica la Convenci√≥n sobre los Derechos del Ni√Īo, expresa que se entiende por ni√Īo a todo ser humano desde el momento de la concepci√≥n y hasta los 18 a√Īos. El art√≠culo 63 del C√≥digo Civil dice que son personas por nacer las que, no habiendo nacido, est√°n concebidas en el seno materno.

El art√≠culo 70 reafirma esta postura al establecer que desde la concepci√≥n en el seno materno comienza la existencia de las personas. Tambi√©n el art√≠culo 3.290 del C√≥digo Civil reconoce que el hijo concebido es capaz de suceder. La legislaci√≥n es clara: la Constituci√≥n y las leyes de la Rep√ļblica son muy precisas en este aspecto.

Digo esto porque la doctora Argibay ha dicho en la audiencia p√ļblica que iba a limitarse a aplicar la legislaci√≥n vigente y, como queda dicho, la Constituci√≥n y las leyes son claras. Pero a rengl√≥n seguido, en la audiencia p√ļblica se pretendi√≥ poner lo que es claro y preciso en la legislaci√≥n en una zona gris, cuando se manifest√≥ que hay que interpretar el momento a partir del cual se produce la concepci√≥n, con lo cual entramos en el riesgo de que por v√≠a interpretativa ‚Äď y estamos hablando del m√°s alto tribunal de justicia que interpreta la Constituci√≥n y la leyes ‚Äď se termine desvirtuando lo que es claro en la legislaci√≥n.

Por otra parte, la doctora Argibay ha dicho que no cree en el derecho natural. Ella ha manifestado que en su opinión el derecho es pura creación social. El derecho natural que se niega es precisamente aquel al que apela el Preámbulo de nuestra Constitución cuando invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia.

Adem√°s, no puede desconocerse que la doctrina del derecho natural ha sido el primer fundamento ‚Äď y sigue siendo actualmente el principal ‚Äď para la defensa de los derechos humanos. No ha sido otro que el derecho natural la base sobre la cual se han podido juzgar cr√≠menes de lesa humanidad antes de que existiera un r√©gimen jur√≠dico aplicable a tales hechos. Porque hay derechos que la ley no puede desconocer. Si la ley no los respeta, de todos modos existen porque son inherentes a la condici√≥n humana; entre ellos, est√° el derecho a la vida porque es liminar; es la base de todos los derechos.

Al margen de ello, hay otro aspecto importante para este Senado, que es la expresi√≥n del federalismo. El a√Īo pasado el Presidente de la Rep√ļblica dict√≥ el decreto 222 donde se estableci√≥ un criterio: la diversidad regional. Y los que representamos al interior del pa√≠s, al ‚Äúotro pa√≠s‚ÄĚ, nos sentimos reconfortados y contentos. Se establec√≠a un criterio adecuado e √≠bamos camino a tener una Corte Federal. Pero fij√©monos lo que ha pasado en este pa√≠s, donde todos los d√≠as hay tanta vocaci√≥n legisferante, ya que leyes y normas no nos faltan, sino que lo que nos falta es vocaci√≥n de cumplimiento de las normas vigentes.

Todas las propuestas de designación en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuración General de la Nación corresponden a juristas de la Capital Federal. De aprobarse esta nominación vamos hacia una Corte integrada por nueve miembros, de los cuales ocho son de la Capital Federal. La Corte Suprema tiene que dirimir los conflictos entre la Nación y las Provincias, y los de las Provincias entre sí. Por lo tanto, se trata de un tribunal en el que se necesita de una mirada federal, que contemple lo diverso de nuestra propia realidad.

Vamos a terminar con una Corte en la cual ocho de sus nueve integrantes son de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, yo digo que en lugar de ser una Corte Federal, evidentemente ser√° una Corte Unitaria, en donde todo se fallar√° seg√ļn la forma en que se miran las cosas desde esta gran ciudad que es la Capital Federal.

Y hago esta apreciación porque se trata de un tema que debemos tener particularmente en cuenta como Cámara Federal y como expresión de nuestra organización política.

Por todas estas razones que hacen al federalismo argentino y a la necesidad de la diversidad regional, la que ahora est√° establecida normativamente a trav√©s del decreto de autolimitaci√≥n de facultades; por la necesidad de coincidencias, es por ello que respecto de este tipo de decisiones la Constituci√≥n Nacional, con sabidur√≠a, exige los dos tercios. ¬ŅPor qu√©? Porque quiere que estas designaciones sean producto del consenso, y no de la imposici√≥n de unos sobre otros. Tienen que ser designaciones fruto de puntos de encuentro. Por la necesidad de que quienes nominemos como jueces practiquen la virtud de la prudencia en sus declaraciones, expresiones y en su conducta. Por el hecho de que en nuestro pa√≠s hay juristas prestigiosos ‚Äď que pueden unirnos a todos ‚Äď y adem√°s por la necesidad de no correr el riego de que por v√≠a interpretativa se desvirt√ļen textos constitucionales y leyes que son absolutamente claras, es que votamos en contra de esta nominaci√≥n.

Sr. Presidente (Guinle). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: las naciones, para crecer y desarrollarse, necesitan contar con una institucionalidad fuerte. Y por institucionalidad entendemos al conjunto de reglas expresas o impl√≠citas que regulan la vida en sociedad, y que tienen como objetivo asegurar la libertad, garantizar los derechos y, en general, establecer pautas de comportamiento orientadas hacia el progreso del conjunto.

Una institucionalidad s√≥lida es lo que hace a una sociedad previsible y confiable; es como un barco con rumbo cierto. Y tambi√©n forman parte de la institucionalidad de un pa√≠s las reglas de disciplina fiscal, que tienen b√°sicamente dos objetivos: hacer los gastos p√ļblicos transparentes, y permitir el control social a trav√©s del pleno acceso a la informaci√≥n financiera del Estado ‚ÄĒveraz y confiable‚ÄĒ, y por otro lado no gastar m√°s de lo que se recauda, para no generar sobreendeudamiento y para que los gobiernos puedan gastar en lo que realmente importa.

El Poder Ejecutivo remite a consideración de este Senado un proyecto de ley sobre responsabilidad que tiene ese doble objetivo. Por un lado, reglas de información y de transparencia que son fundamentales para que exista un control; y, por el otro, se pone un límite al endeudamiento.

Se plantea aplicar estas normas ‚ÄĒes preciso decirlo‚ÄĒ b√°sicamente a las provincias, previ√©ndose el mecanismo de que cada una de ellas adhiera a trav√©s de sus respectivas legislaturas.

En lo que a la Naci√≥n respecta, obviamente es muy dif√≠cil en la actual circunstancia legislar sobre l√≠mite de endeudamiento cuando el pa√≠s est√° en default, en cesaci√≥n de pagos. Lo que s√≠ podemos apuntar como un dato a tener en cuenta es que desde la devaluaci√≥n, el Estado nacional ha emitido deuda por 18 mil millones de d√≥lares, que es el costo de la pesificaci√≥n asim√©trica, a los que hay que sumar unos 10 mil millones de d√≥lares de intereses que no se han pagado.

Esto lo digo porque est√° claro que en alg√ļn momento en este Congreso tendremos que debatir acerca del l√≠mite de endeudamiento del Estado nacional, en cuanto el pa√≠s salga del estado de cesaci√≥n de pagos y sepamos exactamente cu√°les ser√°n sus obligaciones en los a√Īos por venir.

Al tratar este tema es bueno preguntarnos si con anterioridad se ha legislado en materia de disciplina fiscal. En 1999 este Congreso sancionó una ley de disciplina fiscal que no se cumplió. Se firmaron acuerdos entre la Nación y un conjunto de provincias, pero la cuestión es que doce provincias tienen leyes de responsabilidad fiscal, que también en la mayor parte de los casos no se han cumplido.

Evidentemente, no nos falta legislación sobre la materia, porque la verdad es que en nuestro país si hay algo que abunda es la vocación legisferante. El problema es que sancionamos leyes de todo tipo, pero luego las incumplimos. Porque está claro que a lo que hay apuntar para la construcción del futuro de la Argentina es a la cultura del respeto a la Constitución y a las leyes.

Nosotros obviamente estamos de acuerdo con todo aquello que sean reglas que hagan a la obligación del Estado de proporcionar de manera transparente información. Y, además, creemos que son absolutamente necesarias reglas homologables comunes a la Nación y al conjunto de las provincias en materia de contabilidad.

En este sentido, voy a poner un ejemplo que toca a mi provincia, que hace a la falta de homologaci√≥n de reglas. Si uno ingresa a la p√°gina web del Ministerio de Econom√≠a de la Naci√≥n y busca la deuda de los Estados provinciales al 31 de diciembre de 2003, por ejemplo para el caso de la Provincia de Salta, se encontrar√° con una deuda de 1450 millones de pesos m√°s un bono hidrocarbur√≠fero de 231 millones de d√≥lares, lo que implica un total de deuda de aproximadamente 2100 millones.

Ahora bien, si uno ingresa a la p√°gina web del Ministerio de Econom√≠a de la Provincia, se encontrar√° con una deuda de 507 millones, que se dice que es la deuda computable a los efectos de la disciplina fiscal.

Entonces, ¬Ņpor qu√© esta distinci√≥n? ¬ŅEs posible una diferencia de 2100 a 507 millones? La explicaci√≥n de esto es que en Salta cuando para el pago de una deuda se afecta un porcentaje de coparticipaci√≥n federal, se deduce ese porcentaje del c√°lculo de recursos y, al mismo tiempo, a la deuda no se la computa como pasivo.

Por lo tanto, estamos viendo la necesidad de tener reglas homologables si realmente queremos ser un país serio con información que sea comparable.

El art√≠culo 21 del proyecto le pone un l√≠mite al endeudamiento: 15 por ciento de los recursos para el pago de amortizaci√≥n e intereses de la deuda. Pregunto: ¬Ņse cumplir√°n estas reglas? La verdad es que yo soy esc√©ptico por varias razones.

En primer lugar, esta iniciativa no establece sanciones personales, a diferencia de lo que ocurre con la legislaci√≥n de los pa√≠ses exitosos en esta materia. Para citar un caso cercano a nosotros me referir√© al del Brasil, que estableci√≥ responsabilidades concretas para los administradores gubernamentales, como inhabilitaci√≥n para desempe√Īar cargos p√ļblicos, multas y hasta penas de prisi√≥n en determinadas circunstancias, todo lo cual se encuentra normado en la ley 10.028, de cr√≠menes de responsabilidad fiscal, promulgada en octubre de 2000 por el presidente Fernando Enrique Cardoso.

La otra razón es que el proyecto en consideración, de alguna manera, contempla como una facultad potestativa la aplicación de sanciones al utilizar el verbo "podrá"; es decir, podrá ser o podrá no ser.

La verdad es que en materia de sanciones se debería haber sido muy claro. Deberían ser taxativas y preverse los supuestos y, cuando ellos se den, proceder a la aplicación de las sanciones.

Por otro lado, tampoco se establecen límites para el gasto en personal, que sí están fijados en el caso del Brasil para el Estado federal, los Estados particulares y los municipios.

Todo lo expuesto me hace intuir que nuevamente corremos el riesgo de legislar quizás para cumplir alguna exigencia circunstancial, sin vocación real de acatamiento de la norma.

Por otra parte, cuando se trata el caso de aquellas provincias que están excedidas en el 15 por ciento de los recursos para el pago de amortización e intereses de la deuda, tampoco se fijan parámetros objetivos acerca del plazo máximo en el que debe instrumentarse la convergencia con el porcentaje fijado en el proyecto.

En el artículo 26 se contemplan programas nacionales de financiamiento para las provincias endeudadas que se instrumentarán a través del Ministerio de Economía de la Nación.

Me parece que hay que ser más explícitos en este punto porque, de lo contrario, se legisla un mecanismo de extorsión política de la Nación con las provincias endeudadas en virtud de que no hay reglas claras. Nuevamente, todo es discrecional.

Se√Īor presidente: los instrumentos legales deben ser siempre claros, precisos y establecer sanciones personales para los administradores gubernamentales cuando hay incumplimientos.

Cuando hay un lenguaje farragoso y no se aplican sanciones de un modo claro, la verdad es que el incumplimiento est√° instalado en la puerta.

Por todo lo expuesto, siendo partidario de normas de responsabilidad fiscal, reglas de transparencia, contabilidades homologables, límites al endeudamiento y límites al gasto en personal, me inclino a votar por la negativa, ya que si queremos ser un país exitoso es necesario construir una institucionalidad fuerte. Hay que tener reglas precisas, claras y con sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas porque el problema de nuestro país es la cultura de la falta de cumplimiento de la Constitución y de la ley.

No creo que sea bueno legislar para cumplir simplemente con una formalidad con los organismos internacionales de crédito. Me parece que el país se merece una norma seria y efectiva en materia de responsabilidad fiscal.

No se est√° en un a√Īo electoral. Es un a√Īo en el que los niveles de recaudaci√≥n son r√©cord por un conjunto de circunstancias que no corresponde precisar ahora.

El presupuesto estimaba un super√°vit de 10 mil millones y se alcanzar√°n 22 mil millones; es decir, m√°s del doble de lo proyectado.

Piensen entonces qu√© oportunidad se pierde. No es un a√Īo electoral y hay fuerte super√°vit. En consecuencia, qu√© oportunidad se pierde para consensuar el sistema de coparticipaci√≥n federal que el Congreso y las provincias adeudan al pueblo desde 1994.

Comparto lo que ha dicho el se√Īor senador preopinante. Me parece razonable y oportuna su acotaci√≥n porque no s√© si el art√≠culo 10 no guarda una intenci√≥n de congelar la foto, y que no tengamos el debate que la Argentina tiene que encarar, en alg√ļn momento, en materia de coparticipaci√≥n federal.

Para terminar, quiero referirme a un tema que es caro a nuestras provincias tabacaleras. En el a√Īo 2001, el Congreso Nacional sancion√≥ la ley 25.465. Fue fruto de un gran esfuerzo de muchos legisladores a lo largo de mucho tiempo, para que se reconociera que el Fondo Especial del Tabaco forma parte del precio, que ese dinero es de nuestros productores tabacaleros y que, en nuestras provincias, el cultivo del tabaco es absolutamente esencial dentro de nuestras econom√≠as, por la cantidad de puestos de trabajo que genera.

A veces, cuando transito los caminos de mi provincia y recorro los campos de soja verdes, extensos, la vista se pierde en el horizonte, pero veo toda una actividad mecanizada, muy poca utilizaci√≥n de mano de obra. Uno reflexiona sobre la importancia que tienen estas actividades dentro de nuestras econom√≠as regionales. Este fue un logro muy importante para nosotros; evit√≥ que a partir de la sanci√≥n de esta norma dej√°ramos de peregrinar todas las semanas en la Secretar√≠a de Hacienda de la Naci√≥n, en la b√ļsqueda de que nos remitan los fondos.

Ac√°, en los hechos, se est√° planteando una nueva centralizaci√≥n de estos recursos en la Secretar√≠a de Hacienda de la Naci√≥n que no estoy dispuesto a votar y creo que quienes representamos a las provincias tabacaleras no debemos hacerlo. Tenemos que pedirle al resto de los senadores nacionales su solidaridad, como la tuvimos cuando sancionamos esta ley. Tuvimos la solidaridad de quienes representaban al centro, al norte y al sur del pa√≠s, con una norma que es fundamental para nuestras econom√≠as, en momentos en que, precisamente, si hay un tema que necesitamos debatir y construir coincidencias, es el relativo a la generaci√≥n de empleo, que es la √ļnica manera de que la Argentina pueda volver a la cultura del trabajo.

Por esta raz√≥n, no voy a votar las normas de responsabilidad fiscal, en la convicci√≥n de que en alg√ļn momento tenemos que darnos una norma en serio, que tenga garantizado su cumplimiento, que tenga sanciones para los administradores gubernamentales que las incumplen. Les pido a los senadores el apoyo para nuestras provincias tabacaleras.