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Versiones taquigráficas 2007

Sr. Presidente.— â€¦Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez. 
Sr. Gómez Diez.— Señor presidente: los senadores que hoy nos vamos pertenecemos a la primera camada de senadores nacionales electos por el voto popular. Llegamos a esta casa y, en verdad, tuvimos que afrontar la crisis más grave de la historia argentina de los últimos cien años.
Me siento muy satisfecho por la tarea que, entre todos, hemos realizado a lo largo de este tiempo. El Senado recuperó prestigio ante la sociedad, pudimos superar la crisis y darle al país gobernabilidad en los momentos más duros. Incluso, durante la crisis, siempre recuerdo a la presidencia de Duhalde como un gobierno parlamentario, donde el Congreso estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de las coincidencias y de las discrepancias que, naturalmente, se dan en el juego de la democracia.
La Argentina es un país realmente maravilloso, que tiene una capacidad formidable de recuperación y así lo demuestra toda esta experiencia reciente. Sin embargo, hay algo que todos debemos tener en cuenta y que lo menciono, porque creo que es importante para los que quedan: recordar siempre lo que indica la experiencia, que los errores se cometen en los tiempos de prosperidad y se pagan en la adversidad. Hay que saber, pues, administrar las oportunidades.
Hoy estamos frente a una excelente oportunidad para construir un gran país e insertar a la Argentina de manera inteligente en el mundo globalizado.
Le agradezco, señor presidente, todas las atenciones que durante todos estos años en los que ha presidido el cuerpo ha tenido con nosotros los senadores. Por cierto, lo ha hecho muy bien y ha tenido un papel relevante en la recuperación del prestigio del Senado.
Finalmente, quiero agradecer a todos los senadores por los momentos compartidos a lo largo de todos estos años y desearles el mejor de los éxitos en lo que resta del mandato de cada uno, porque ese éxito estará también muy ligado al de la República y al de todos nosotros.
Será hasta cada momento. Muchas gracias por todo (Aplausos).
Sr. Presidente.— Gracias, señor senador Gómez Diez.

Sr. Presidente (Pampuro) . — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Díez. — Señor presidente: el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios fue establecido por este Congreso en el año 2001 como un último intento de evitar la debacle que sobrevino en diciembre de ese año. Varios de los que estamos aquí, éramos en ese entonces legisladores. Recuerdo que cuando vino el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, a vernos a la Cámara, nos dijo que esta era una medida que permitiría a las finanzas públicas recomponerse y evitar así la crisis que luego sobrevino.
Los días pasaron, y esa situación de emergencia que vivimos, hoy está superada. La situación de las finanzas públicas es otra, hemos entrado en un terreno de normalidad. Por lo tanto, al igual que el senador preopinante no veo que exista obstáculo alguno para que, a través de un debate maduro y una negociación entre la Nación y las provincias, se pueda consensuar una ley de coparticipación federal que distribuya los recursos con equidad y dar así cumplimiento a la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional. Tengo sobre mi banca una Constitución chiquita, igual a la que usa el presidente Chávez. Esta cláusula dice que un régimen de coparticipación será establecido antes de la finalización del año 1996. Vamos a entrar en el año 2008, así que han pasado ya doce años sin que se dicte una ley de coparticipación. Por lo tanto, este es uno de los momentos en que, como acá se ha señalado, el poder vuelve a los representantes de las provincias que están aquí, precisamente, en el Senado.
Por lo tanto, creo que seguir prorrogando impuestos sin dar el debate de fondo acerca de cómo se distribuye lo recaudado, será seguir favoreciendo la concentración de recursos en el Estado nacional en momentos en que la Nación se queda con el 70 por ciento de los fondos y solo el 30 por ciento va a las provincias. Pero luego, los que tienen que atender todas las necesidades inmediatas de la gente en cuanto a salud, educación, justicia y seguridad son, precisamente, los gobiernos provinciales, que están en directo contacto con la sociedad. Por lo tanto, no podemos seguir prorrogando y soslayando las definiciones de fondo.
Además, considero que esta cuestión es responsabilidad del Senado, pues la Constitución establece que hay que dictar una nueva ley de coparticipación federal que toda la sociedad está esperando.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: el presupuesto, básicamente, es una estimación de recursos y una autorización para gastar. Por lo tanto, para analizarlo hay que preguntarse, en primer lugar, si los recursos han sido correctamente estimados.
Quiero expresar mi coincidencia con lo que acaba de manifestar el senador Giustiniani.
Evidentemente, hay una subestimación de los recursos. ¿Por qué? Porque el mensaje de elevación del proyecto de presupuesto dice que la economía, el año próximo, va a crecer 4 por ciento y que el nivel de inflación será de 7,3 por ciento.
Si se considera que la economía en el 2007 crecerá 8,5 por ciento y si se mantiene firme hasta finalizar el cuarto trimestre —lo que va a acontecer en los próximos días—, la sola inercia de esa tasa de crecimiento es de 4 por ciento. Por lo tanto, decir que la economía solamente va a crecer 4 por ciento, en los hechos, implica decir que todo el crecimiento se desacelera abruptamente el 31 de diciembre, lo cual todos saben que no es así.
La mayoría de la opinión especializada hace sus proyecciones sobre la base de un nivel de crecimiento de la economía durante 2008 de 7 por ciento y una pauta inflacionaria de 12 por ciento.
¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los recursos de la recaudación total, que en  el proyecto de presupuesto están estimados en 233,5 miles de millones, alcanzarían los 241,8 miles de millones. Vale decir que hay unos 8.300 millones adicionales de recursos. Pero a esta cifra hay que sumar el aumento de las retenciones, que no está calculado en el proyecto de presupuesto.
El aumento de retenciones correspondientes al sector agropecuario es de 5 mil millones de pesos. A ello, también, hay que sumar el aumento de las retenciones sobre los hidrocarburos, que son otros 3 mil millones de pesos. Y eventualmente, también habrá que sumar lo que corresponda, si es que se terminan imponiendo las retenciones al sector minero. En verdad, no sé exactamente qué ha pasado con eso, ya que un diario de hoy dice que habría ingresado a la Aduana una nota firmada por el secretario de Comercio Interior y el de Minería en la que se establecen retenciones a ese sector.
En definitiva, si se suman los mayores recursos y deducimos los 2.000 millones de pesos que corresponderían a la subestimación de la coparticipación, la cifra adicional de la que se dispondrá será de 15 mil millones de pesos. Esta es la cantidad de la que podrá disponer discrecionalmente el señor Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo establece el artículo 9 del proyecto de presupuesto.
O sea, en definitiva son recursos que se van a distribuir y se van a gastar sin intervención del Congreso de la Nación.
Con relación al tema de los jubilados, al que acá se ha hecho referencia, la Corte Suprema en agosto de 2006 en el “caso Badaro”, como todos sabemos le pidió expresamente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso que establecieran un sistema de movilidad que permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido entre los años 2002 y 2006 por los jubilados y pensionados, pues todos sabemos la política del Poder Ejecutivo nacional fue incrementar los mínimos, lo cual está bien, pero han perdido capacidad adquisitiva todas las jubilaciones y pensiones que están por encima del mínimo. Más aun, hoy el 75 por ciento de los jubilados y pensionados han terminado cobrando el mínimo.
Hay 75.000 juicios en este momento en la justicia. La Corte esperó quince meses, hasta el 26 de noviembre de este año, incluso que pasaran las elecciones del 28 de octubre, y ha vuelto nuevamente sobre el tema dictando una sentencia definitiva en el caso Badaro que vale la pena leer.
Con autorización de la Presidencia, voy a citar expresamente un párrafo nada más, que además es un claro mensaje al Congreso, que dice: "Esta Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate anual sobre la distribución de recursos (precisamente este es el momento del debate, cuando estamos tratando el presupuesto) evitaría el uso de facultades discrecionales y permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que ha redundado en menoscabo en el derecho de los justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder Judicial". Luego la Corte dice con claridad: "La Justicia no dicta normas de carácter general, resuelve casos particulares...", que son los 75.000 expedientes. Pero vuelve a pedirle al Congreso que en definitiva legisle sobre el tema porque es el único órgano que puede sancionar normas de carácter general.
Varios senadores hemos presentado distintas iniciativas de carácter legislativo para solucionar esta cuestión. Yo, por ejemplo, luego de dictado el fallo Badaro presenté un proyecto de ley utilizando el índice de precios al consumidor para cubrir este desfasaje del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones entre el 2002 y el 2006. Estaba afinando de vuelta las cuentas utilizando ese índice y actualizando la totalidad de las jubilaciones y pensiones, conllevaría una erogación anual del orden de los 4.000 millones de pesos. Pero si el mismo ejercicio lo hacemos con el coeficiente de variación salarial que utilizó la Corte en el fallo Badaro del 26 de noviembre, la erogación es mucho más grande, se va al orden de los 5.800 millones de pesos, porque evidentemente ha habido una recuperación del poder adquisitivo, fundamentalmente en los salarios del sector privado.
Es urgente, entonces, abocarse a este tema, estudiar las diversas variables y posibilidades.
Otros senadores presentaron un proyecto utilizando un índice mixto que toma la evolución del costo de vida en un porcentaje, la variación de los salarios en otro porcentaje, la evolución de los recursos en otro porcentaje. Es decir, puede haber diversas alternativas, como lo dice la propia Corte. Lo que no puede seguir haciéndose es ignorar el tema, cuando además hay recursos.
Como dijo al principio el senador Morales, los activos financieros de la ANSES ascienden a 22.000 millones de pesos. El superávit de este año está en el orden de los 11.000 millones, calculando los fondos que se transfirieron desde las AFJP. Si descontamos esos fondos, el superávit debe estar en los 3.300 millones de pesos.
De manera tal que recursos existen como para dar una solución razonable al tema. 
Quisiera referirme a un par de aspectos que hace de manera particular a la situación de mi provincia. Si uno analiza el presupuesto de las universidades nacionales, se advierte que hay una gran disparidad. La Universidad Nacional de Salta tiene, por ejemplo, 21.000 alumnos. Universidades con una cantidad similar de alumnos, de otras jurisdicciones, tienen un presupuesto un 90 por ciento más alto. Esta disparidad entre los presupuestos nos está indicando que también alguna política tendiente a una distribución equitativa hay que ir articulando a lo largo del tiempo. Específicamente en el presupuesto de la Universidad Nacional de Salta hay una pérdida de participación dado que del 1,86 por ciento de la erogación total se pasa ahora al 1,74 por ciento.
En lo que respecta a la obra pública hay un aumento de la inversión, pero de vuelta se recurre a esta metodología de hacer una enumeración de obras, la mayoría de las cuales no se va a concretar en el ejercicio. Se le asigna una pequeña partida, con lo cual luego nuevamente todo queda librado a la discrecionalidad del jefe de Gabinete: es decir, sólo se va a ejecutar y a hacer aquello para lo cual se transfieren partidas por resolución de la Jefatura de Gabinete. En mi provincia tengo varios ejemplos de esta situación. Puedo mencionar el caso de la Ruta N° 50, tramo entre Pichanal y Orán: esta autopista, imprescindible de realizar, tiene prevista una inversión de 1.389.000 pesos, cifra que realmente no alcanza para nada.
No encuentro en el presupuesto el Centro Penitenciario Federal del Noroeste que tiene que hacerse en Güemes, lugar intermedio entre Salta y Jujuy. Esta es una obra que viene postergada desde 1995. Recuerdo que figuraba en el Plan Quinquenal de Obras Públicas de 1995/1999. Para este año debieron haberse invertido 15 millones de pesos de acuerdo con el presupuesto en vigencia, pero seguimos sin que esta obra comience. Lo cierto es que los presos federales se hacinan en la cárcel de Salta y a la de Jujuy. Sólo se están construyendo alcaldías federales.
Una reflexión en orden a los recursos tributarios afectados a gastos de financiamiento de la
AFIP. Hablamos de 3.500 millones de pesos, cifra que indudablemente despierta la envidia de cualquiera de nuestras provincias. Mi provincia tiene asignados para este año 2.400.000 de pesos, con los que debe brindar a 1.200.000 habitantes salud, educación, Justicia,  etcétera. Esto pone sobre el tapete nuevamente la necesidad de legislar en materia de coparticipación.
Un clásico de todos los presupuestos por su mención al pasar es el tema del Ferrocarril Belgrano, al que también antes ha hecho referencia el senador Morales. Acá se repite, al igual que en el ejercicio actual, un artículo que dice que cuando llegue un préstamo del Banco Mundial se incorporará al presupuesto. La verdad es que no sé si realmente se está tramitando algún crédito ante el Banco Mundial. Lo digo porque para tramitar un crédito hay que tener un proyecto, y nunca conseguimos en este Senado que el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, nos explique qué quiere hacer con el Ferrocarril Belgrano. Jaime ha sido citado al Senado, se le han planteado cuestiones de privilegio, pero jamás hemos podido tener una explicación coherente respecto de este ferrocarril, que en verdad constituye un elemento insustituible para el transporte de larga distancia de nuestra producción.
Un tema que no quiero dejar pasar es el consignado en el artículo 67 del presupuesto, que autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar —en el plazo y las condiciones que se fijen— un préstamo a la República de Bolivia por 450 millones de dólares para la construcción de una planta de extracción y fraccionamiento de licuados, a instalarse en la frontera. Estos 450 millones de dólares evidentemente están destinados a separar el gas húmedo del gas seco. El gas seco —el metano— se mandaría a la Argentina y el gas húmedo —los licuables: el propano, el butano, la gasolina liviana—, que tienen un mayor valor, los comercializaría Bolivia. 
Ahora, cuando uno mira también lo que nos pagan a las provincias productoras de hidrocarburos por el gas, 1,20 dólares mientras que a Bolivia se le paga 5 dólares, además de disponer de 450 millones de dólares, evidentemente nos tendrían que explicar cómo es todo esto. La provincia de Salta así como muchas otras no nadamos en la abundancia, tenemos vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza cuando no en la indigencia, incluso en las zonas productoras.
La zona de Tatagal y de General Mosconi es también un clásico en materia de  conflictividad social como lo es, por ejemplo, Plaza Huincul en Neuquén.
El próximo lunes va a haber un cambio de gobierno en mi provincia, las autoridades electas han ganado con el discurso de la inequidad social, del crecimiento de la pobreza y la indigencia, y han tenido un notable éxito en esta zona productora de hidrocarburos porque los recursos que se extraen de su suelo generan una renta que no queda en la zona ni vuelve en obras, ni en acciones concretas en pos del desarrollo económico. Para decirlo en palabras simples: la verdad es que aquí hay provincias productoras de hidrocarburos, como el caso de nuestra provincia que tiene pésimos indicadores sociales, que están subsidiando los countries y los barrios residenciales de Buenos Aires, lo cual es absolutamente inaceptable.
Termino con una consideración acerca de la deuda, a la cual se han referido varios  senadores, entre ellos el senador Rodríguez Saá. El tema de la deuda no está resuelto y bien valdría la pena que un día el Senado debata el tema con las autoridades del Poder Ejecutivo para tener las cosas claras.
El año próximo hay vencimientos de los intereses por 5.500 millones de dólares y de capital por 7.900 millones de dólares. Eso significa que para atender la deuda necesitamos 13.400 millones de dólares. En el 2009 los intereses alcanzarán los 6.100 millones de dólares y los vencimientos de capital 10.600 millones de dólares, lo que hace un total de 16.700 millones de dólares.
¿Qué significa todo eso? Que el superávit del presupuesto no alcanza para pagar los intereses pero tampoco alcanza a cubrir el capital. Eso nos obliga a buscar refinanciación del capital que adeudamos. Por eso es importante el debate y encontrar el camino para una inserción de la Argentina en los mercados internacionales de crédito, porque vamos a estar permanentemente necesitando refinanciar el capital. Y para que esta carga no se vuelva más gravosa hacia el futuro, necesitamos hacerlo a tasas de interés razonables.

Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: quiero anunciar mi voto favorable al proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, ya que es una lógica consecuencia de la reforma constitucional de 1994 que asignara autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y, en función de este hecho, desde luego que ella tiene derecho a contar con su propia policía de seguridad.
Así lo reconoce el proyecto de ley en consideración que, además, faculta al Poder Ejecutivo nacional a firmar un convenio con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el cual se establezca un mecanismo de transferencia de efectivos y medios que hoy se encuentran en manos de la Policía Federal Argentina.
Obviamente, quiero puntualizar que ese convenio conllevará una negociación dentro de la cual se tratarán seguramente los aspectos presupuestarios puesto que, tal como lo establece la Constitución Nacional, no hay transferencia de servicios sin los consiguientes recursos.
Pero más allá de esta cuestión hay que señalar que, como lo ha dicho bien la senadora Escudero —miembro informante del dictamen—, es necesario considerar y debatir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Hace once años que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional están en falta respecto de una manda constitucional que es muy clara y expresa.
El debate y la construcción de un consenso se hacen cada vez más absolutamente  necesarios, para poder formar un país con equilibrio y Justicia.
Hoy, la realidad es que el gobierno nacional se queda con el 70 por ciento de los recursos y solamente el 30 por ciento se transfiere a las provincias. Y estas son las que tienen que atender las necesidades inmediatas de la gente, llámese educación, salud, seguridad, Justicia; y así se podría seguir enumerando la lista de funciones que cotidianamente se atienden desde los estados locales.
Además, le falta al gobierno nacional una política de desarrollo regional. Recordemos que hoy la Argentina no está en emergencia y se ha entrado en una situación de normalidad. Sin embargo, esa falta de estrategia regional a quien más afecta es a quienes vivimos en el Norte argentino.
Muchas veces se han enumerado los avances productivos del país. En ese sentido, hoy está en los 93 millones de toneladas de producción de granos, en 2010 se superarán los 100 millones y en 2020 los 120 millones. Sin embargo, yo me pregunto en qué se va a transportar toda esa producción.
En el Norte se sigue esperando que se resuelva lo que tantas veces se ha planteado, es decir, la necesaria revitalización del Ferrocarril Belgrano Cargas, que fue entregado a una sociedad operadora de emergencia, ciertamente “trucha” e integrada por empresarios locales, por empresarios chinos —que no conocemos bien— y, como no podía ser de otra manera, ya que nunca falta en eventos de esta naturaleza, por el sindicato de camioneros presidido por Hugo Moyano, principal interesado en que el ferrocarril no funcione.
Por lo tanto, ya que hemos traspuesto la emergencia, algún día habrá que superar la coyuntura y dedicarnos de verdad a tratar las cuestiones de fondo que hacen a la Argentina. Y un tema absolutamente fundamental es la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, para que se pueda construir un país equilibrado, equitativo y con Justicia.

Sr. Gómez Diez.— Señor presidente: voy a votar en forma favorable el proyecto de ley que fue sancionado en la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de posibilitar su pronta sanción y promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, quiero señalar mi disidencia con respecto a tres aspectos. En primer lugar, no se actualiza el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, que está en 102.300 pesos desde 1999. Cualquier propiedad hoy vale mucho más que esa suma y el no actualizarla implica una mayor presión tributaria, sobre todo, para los sectores de la clase media argentina. En segundo lugar, tampoco hay una actualización de la tabla, que está contemplada en el artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en lo referente a la cuarta categoría. Esa falta de actualización también significa mayor presión tributaria sobre la clase media. Y en tercer lugar, no está contemplada la situación de los trabajadores autónomos. La verdad es que quienes tienen la misma capacidad contributiva deberían tener misma carga fiscal. Con estas disidencias, adelanto mi voto favorable.